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Es mejor que las personas que metieron su dinero en las pirámides comiencen a rezar para que la platica incautada por las autoridades alcance para algo, pues el gobierno anunció que no sacará ni un centavo del presupuesto nacional para compensarlos por esas pérdidas.
Muchos de los afectados se habían ilusionado con que el Estado se metería la mano al dril para restituirles el dinero que ellos voluntariamente llevaron a los captadores ilegales. La verdad es que desde un principio el presidente Álvaro Uribe envió mensajes confusos que dieron pie para pensar que el gobierno cargaría con la responsabilidad de la devolución, más allá de lo que le compete.
Pero si en los primeros días hubo dudas al respecto, ahora el gobierno afirma con certeza que no pondrá plata del Estado. La semana pasada el presidente Uribe lo dijo en varios congresos gremiales. "No podemos atender el requerimiento de que el Estado se comprometa a devolver los saldos que se queden a deber. Esa petición me la han venido haciendo y yo no creo que el Estado pueda premiar la conducta de depositar dineros en actividades ilegales. Yo creo que el Estado no puede premiar eso". La directora de Planeación, Carolina Rentería, fue suficientemente enfática: "El gobierno no saldrá a pagar lo que no debe. Esto es un negocio entre privados, es un negocio que estaba hecho por fuera de la ley y mal haría el gobierno en poner recursos de los colombianos, los impuestos, para solucionar una situación muy desafortunada para unas personas".
Así las cosas, los damnificados por el colapso de las pirámides están en el peor de los mundos. La plata para repartir no sólo es muy poca, sino que, además, el proceso de liquidación es muy complejo como para esperar una rápida devolución. No hay que olvidar que se trata de una liquidación sui generis. Ni los procesos más turbulentos de la historia financiera del país, como los sonados casos de los 'Picas' en los 90 o de la Caja Vocacional en los 80, fueron tan complejos en su liquidación como lo que se prevé para la firma DMG.
Y esto sin contar con que ese dinero salió para Panamá y, de ahí, se ramificó en toda suerte de paraísos fiscales donde es muy difícil seguirle el rastro o poder recuperarlo, como lo afirmó el director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, en el Congreso de la República.
Hasta el momento, las autoridades han logrado recuperar escasamente 12.000 millones de pesos que se suman a una cifra similar decomisada en meses anteriores.
El asunto es que mientras se resuelve el lío de la devolución de la plata, en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo y Huila se vive una bomba social. Los mandatarios regionales, con razón, están pidiendo casi que a gritos la intervención del Estado para un conflicto que a ellos se les salió de las manos.
Ahora bien, así el gobierno haya ratificado que no desembolsará dinero de los contribuyentes para devolverles a los estafados, tampoco será indiferente frente a esta delicada situación social en el sur del país. Según el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, la estrategia de apoyo se basará en la oferta de programas sociales del Estado para acelerar su ejecución en las zonas afectadas por las pirámides.
Aunque en las últimas horas se viene hablando de una eventual adición presupuestal que decretaría el gobierno, aprovechando el estado de emergencia social, se sabe que sólo se haría para garantizar recursos que permitan adelantar los programas sociales en las zonas afectadas por el derrumbe de las pirámides.
En otras palabras, la ayuda se hará en especie. Por ejemplo, se anticipará la ejecución de mayor cobertura del Programa Familias en Acción y Familias Guardabosques. Se acelerará la bancarización en estos departamentos con apoyo del Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garantías (FNG). A través del Icetex, el gobierno concederá créditos a estudiantes universitarios y de carreras técnicas, con el propósito de facilitar el acceso y la continuidad de sus estudios, y el Ministerio de Agricultura fortalecerá el apoyo a los proyectos de piscicultura en la región, mediante el otorgamiento de créditos y asesoría técnica a los productores.
Mientras el gobierno planea esta ayuda, se abre un gran debate sobre el ofrecimiento de la Fiscalía a David Murcia, gestor de DMG, para acogerse al principio de oportunidad a cambio de devolver los recursos de más de dos millones de afiliados. Se trata de un recurso que le da la Constitución al Fiscal General para que él decida si otorga un beneficio como la suspención del proceso penal a cambio de colaboración del implicado. Algunos juristas no ven con buenos ojos aplicar este recurso en la figura de Murcia, entre otras, por razones éticas. El procurador general de la Nación, Edgardo José Maya, dijo la semana pasada que no ve posible la aplicación del principio de oportunidad en este caso. De todas maneras la polémica está abierta.
De concretarse, esta sería una luz de esperanza para los inversionistas afectados, pero está por verse qué tanta viabilidad jurídica pueda tener y si Murcia decide aceptarla y ayudar a los que siempre llamó "su familia".
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