Sacar el pez del agua: una propuesta para acabar la guerra

En Colombia existen grandes regiones donde no existen las condiciones mínimas para que el Estado pueda imponer un orden democrático moderno. Esa es la tesis de la que partieron varios investigadores* reunidos por la Fundación Friedrich Ebert en Colombia (Fescol) y la Agencia Alemana de Cooperación GTZ, para hacer una serie de propuestas concretas para acabar con la guerra en el país.

Para solucionar este problema  hay dos alternativas. Una, “realizar enormes inversiones para integrar regiones aisladas donde habitan los campesinos y colonos excluidos, con su consecuente desarrollo de vías e infraestructura”. Y la otra, relocalizar a la población que habita zonas aisladas “en regiones donde existe un mayor desarrollo de la infraestructura”. 

Según los investigadores el aislamiento hace que haya un inmenso contraste entre la economía, la sociedad y los gobiernos de las zonas desarrolladas y las zonas de bajos ingresos de Colombia, diferencias que se dieron durante el proceso evolutivo de la economía.

Por eso, en el conflicto, “al costo de derrotar a las guerrillas y los ejércitos privados que surjan de la desmovilización de las autodefensas, habría que sumar entonces los costos de modernizar las economías locales”, dice el documento. Esto porque el narcotráfico se ha convertido en el único eje de la inserción de las regiones en el mundo globalizados con un consecuente cambio drástico en los hábitos de consumo en las zonas rurales.

Y en ese ánimo de la población de entrar a la costumbre del consumo y el capitalismo, a las autodefensas y guerrillas les queda fácil ganarse la lealtad de la población, pues sólo les basta con garantizar unos ingresos básicos, así provengan de actividades ilícitas.

“El problema de la construcción de economías legales en la periferia no puede enfocarse de manera aislada al desarrollo de los grandes mercados nacionales”, dice el documento.

Desarrollar y generar riqueza en las zonas más aisladas del país suena bien, pero ¿cómo hacerlo?

Los investigadores sugieren que se acelere el proceso de crecimiento de los ejes de desarrollo económico nacional a través de incentivos como zonas francas, exenciones a inversionistas en ciencia y tecnología, créditos blandos para proyectos industriales, inversiones del Estado en los costos iniciales de infraestructura, y certidumbre en las reglas de juego.

Además, proponen racionalizar el uso de la tierra, de modo que se obligue a los propietarios a maximizar la producción y el empleo agrícola alrededor de los mercados regionales. Para ello es indispensable centralizar a partir de información satelital los títulos de propiedad e identificar la productividad de la tierra a través del pago de la seguridad social de los trabajadores. “Entre más trabajadores afiliados, menos impuesto predial”, proponen los investigadores.

Según la propuesta, “en las zonas identificadas como ejes de formación de mercados regionales, el Estado debe garantizar la disponibilidad de una oferta crediticia a costos competitivos y la construcción de un sistema vial moderno (en particular una red de autopistas) que conecte esas zonas con los mercados nacionales e internacionales”.

El documento recomienda también usar los recursos públicos como incentivos para la creación de sectores empresariales fuertes en las regiones. Deberían invertirse esos recursos en proyectos industriales o agrícolas afines con potencial de creación de mercados internos en las regiones. “Incluso podría pensarse en lobby para llevar a empresarios de fuera de la región a montar proyectos encadenados con mercados nacionales e internacionales. Lo que se pierde en el presupuesto municipal por colocar los recursos en proyectos empresariales se recupera con los impuestos y el empleo generado por las nuevas empresas”, dice la propuesta.

Un sistema político viable

La propuesta reconoce que los cambios demográficos y de inversión requieren un sistema político viable. Esto quiere decir, uno en el que las mafias, guerrillas o paramilitares no ejercen violencia contra los competidores en las elecciones, miembros de la sociedad civil que vigilan el desempeño de los funcionarios públicos o contratistas y proveedores del Estado.

También hace inviable el sistema político actual toda la gama de conductas clientelistas y corruptas tradicionales, que se expresan en la aceptación que tienen amplias capas de la población del acceso a bienes y servicios estatales a cambio del apoyo a políticos corruptos en las elecciones y el uso de los recursos públicos y de decisiones políticas parcializadas como mecanismo de captura de rentas.

Por eso es importante una reforma política que construya un sistema mucho más inflexible frente a las violaciones a las normas, “la pérdida de la curul de un político, implica la pérdida de esa curul para su partido. La silla es ocupada por el partido que sigue en votación, o se realizan nuevas elecciones”, dice la propuesta. Además, sería conveniente que “si un partido supera un cierto porcentaje de condenados por actos de corrupción en cierta circunscripción, pierde su personería jurídica y todas sus curules son reasignadas”.

*El informe fue elaborado por Alejandro Reyes, Daniel Pacheco, Darío Fajardo, Francisco Gutiérrez Sanín, Gustavo Duncan, Hans R. Blumenthal, Iván González Amado, Javier Sáenz, Juliana Vergara A. y Mauricio García Villegas, Mauricio Uribe

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