El precio de la libertad

Al hoy detenido exgobernador de Cundinamarca Pablo Ardila Sierra, en realidad, empezaron a meterlo a la cárcel desde agosto pasado. Dos medios de comunicación, El Espectador y Don Juan, publicaron sendos artículos en los que quedaban al descubierto las excentricidades y las irregularidades administrativas de Ardila. El Espectador dio cuenta de aparentes jugadas torcidas para beneficiar con varios contratos de la gobernación a amigos y allegados del gobernador. La revista, entre tanto, publicó unas extravagantes fotografías en las que Ardila Sierra posaba al lado de las piezas de caza (elefantes, jirafas, rinocerontes...) a que se hizo en sus safaris por África.

Desde ese momento, en los corrillos políticos y periodísticos empezó a rondar una sola pregunta: ¿cuándo detienen al gobernador? La respuesta a ese interrogante llegó el pasado 26 de diciembre con la aprehensión de Ardila en su lujosa casa del norte de Bogotá. Pero ¿cómo terminó en prisión un hombre con el dinero y la ambición de Pablo Ardila? Desde el momento mismo de la publicación de El Espectador, la Fiscalía empezó a reconstruir los pasos del Gobernador de Cundinamarca en los últimos tres años.

De entrada, el ente investigador pareció cometer un error que le hizo perder mucho tiempo: tratar de vincular por enriquecimiento ilícito a un acaudalado como Pablo Ardila (en el momento de posesionarse como gobernador, el primero de enero de 2004, dijo tener en sus arcas unos 33.000 millones de pesos). Entonces los investigadores judiciales optaron por revisar con lupa los contratos suscritos por la Gobernación de Cundinamarca en los últimos tres años. Tampoco era tarea fácil porque en la gran mayoría de esos contratos no aparecía la firma de Ardila y sí las de sus subalternos.
Pero, de pronto, apareció algo que nadie esperaba, ni siquiera el propio gobernador: la denuncia de un grupo de areneros y pescadores del Magdalena Medio, algunos de los cuales, bajo la gravedad del juramento, aseguraron en la Fiscalía que fueron presionados por Ardila y sus emisarios para que vendieran sus tierras en un sector del municipio de Ricaurte (Cundinamarca) conocido como Isla del Sol, y en un islote del Magdalena denominado Isla del Amor.

Según la investigación de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el título minero y las tierras que vendieron los campesinos están hoy en poder de la firma SAP Agregados S. A., cuyos dueños son el gobernador y sus familiares. En esas tierras, centro de la polémica, funciona en este momento una ladrillera. De esos delictivos hechos, dijo la Fiscalía, surge el delito de extorsión, porque Ardila y sus emisarios se aprovecharon de la ingenuidad y de la poca formación académica de los areneros para obligarlos a vender sus propiedades, so pena de desalojarlos.

Quienes han tenido la oportunidad de ver de cerca en la cárcel La Picota de Bogotá al ya ex gobernador Pablo Ardila dicen que está arrasado y que no creen que soporte mucho tiempo el penoso encierro. De ahí que a nadie haya extrañado que él y su abogado le hayan propuesto a la Fiscalía pagar una suma de 500 millones para que se le concediera la libertad provisional. La respuesta del ente investigador no se hizo esperar: dinero sí, pero más de 5.000 millones de pesos, por los perjuicios causados, como eventual indemnización para los 51 areneros del Magdalena Medio que fueron extorsionados. “Eso es una cifra desproporcionada”, dijo a SEMANA Gerardo Barbosa, defensor del ex gobernador.

Aun así, el viernes pasado trascendió que Pablo Ardila Sierra y su defensa estaban haciendo las diligencias del caso para –a través de una póliza– pagar el precio de la libertad, esos 5.000 millones de pesos.

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