Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2009/07/11 00:00

Acción Social presenta balance ante la Corte Constitucional

Según el informe presentado por esta agencia presidencial, hay avances en el cumplimiento de la exigencias impuestas por ese tribunal. Críticos consideran que todavía falta mucho por hacer.

El director saliente de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, presentó su balance de atención a los desplazados. Recibió críticas comentarios sobre incumplimiento de las obligaciones. Foto: Foto: Presidencia

En cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, Acción Social presentó este viernes su balance sobre su ayuda a los desplazados.

Durante la audiencia, el director saliente de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, tuvo que dar cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004. En ella, la Corte describió que en la atención a desplazados había “un estado de cosas inconstitucional en la situación de la población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales, de otro lado”.

“Desde entonces, se han emitido más de 50 autos, orientados a la superación de esta emergencia humanitaria. La Corte indaga: ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Qué pasó con las tierras y bienes? ¿Qué hace el Gobierno para atender y proteger esta población? ¿Qué pasa con las mujeres, indígenas, afros, niños y personas discapacitadas? ¿Cuánto invierte el Gobierno para desplazados? Además, la Corte ordena, fija plazos y exige resultados”, según dice en un editorial publicado por la ONG Codhes donde resume las exigencias de la Corte.

A este respecto, Hoyos le dijo a la Corte que sí ha tenido avances en su gestión desde cuando se emitieron las exigencias de ese tribunal.

Cuántos son

De acuerdo con la información oficial emitida por Acción Social, en el Registro Único de Población Desplazada hay 3 millones 115.266 personas. De acuerdo con sus balances, entre 2007 y 2009, el número de personas registradas se incrementó en un 304 por ciento, al pasar de 7.555 a 30.510 inscritos a su sistema.

Según Acción Social, desde cuando se emitió aquella sentencia también se han realizado 10 estrategias para entregar ayuda humanitaria de emergencia a quienes recién se desplazan.

Qué hace el gobierno

La versión de Acción Social dice que se han hecho trabajos en coordinación entre varias instituciones para atender a las personas desplazadas. Entre los resultados está haber liderado la formulación del Plan Nacional de Atención a Población Desplazada adoptado en 2005.

También reporta la activación de cuatro mesas nacionales y 588 comités regionales para prevenir el desplazamiento y proteger a los desplazados, brindar atención humanitaria de emergencia, desarrollar programas de estabilización socioeconómica y la mesa de fortalecimiento de organizaciones de población desplazada, entre otros logros.

Cuánto se invierte

“Desde el año 2004 al 2009 se ha aumentado gradualmente el presupuesto para atención a Población Desplazada, de $202.598.000 a $1.245. 673.000”, dice el balance, donde describe que desde 2004, les ha insistido a los comités territoriales que incrementen sus presupuestos según las dinámicas del desplazamiento.

Tierras

De acuerdo con el informe, se han protegido 3,2 millones de hectáreas en 831 municipios. Además, entre 2002 y 2009, los desplazados han recibido 70 mil subsidios para vivienda urbana y 17 mil para rural.

Si quiere ver otros resultados, dé clic aquí.

Pero era evidente que no se habían cumplido todas las solicitudes de la Corte. Frente a esa sugerencia hecha por varios asistentes, Hoyos dijo que necesitaba el dinero de siete ministerios para poder cumplir con todas las exigencias y pidió unificar plazos para poder presentar los resultados pedidos por ese tribunal.

El magistrado Nilson Pinilla, presidente de esa Corte, reaccionó diciendo que “la unificación de los plazos solicitados por Acción Social no es el resultado de una voluntad para superar la situación de los desplazados, sino un mecanismo para dilatar la respuesta. En forma reiterada Acción Social ha solicitado plazos para entregar reportes"

Sobre el balance, Marco Romero, de Codhes, dijo que hechos como la toma del parque Tercer Milenio en Bogotá por los desplazados demuestra que existe una precaria política en atención de emergencias.

Finalmente, Luis Ernesto Vargas, magistrado ponente de la comisión de seguimiento a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional, comentó que Acción Social debe ser proactiva en la atención a los desplazados y no limitarse a actuar cuando diferentes sectores le llamen la atención.

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