Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2008/11/05 00:00

Colegios que discriminan

Expulsan a las embarazadas, prohiben las relaciones sexuales, imponen la moral cristiana... Una investigación de los manuales escolares descubrió que muchos de ellos violan derechos fundamentales de niños y jóvenes.

Por ley, todos los colegios deben tener un manual de convivencia donde diga cuáles son los derechos y los deberes de los alumnos. Foto: Foto: Guillermo Torres

Los manuales de convivencia son a la vez una obligación y un derecho que tienen los colegios. Según, la Ley General de Educación, todos los establecimientos educativos del país deben expedir un manual de convivencia en el que se establezcan de manera clara y precisa los derechos y obligaciones de los estudiantes. Así alumnos, padres o tutores y profesores sus tutores puede conocer los fines que tiene el colegio y las reglas de juego para alcanzarlos. Sabrán, por ejemplo, qué constituye una mala conducta y cómo se sanciona.
 
A la vez, estos manuales de convivencia, en tanto que son creados autónomamente por las instituciones educativas, abren el espacio para que éstas expresen sus distintos compromisos morales, políticos y pedagógicos. Los manuales de convivencia son un instrumento a través del cual se promueve y se expresa la diversidad de opciones educativas y debe existir en una sociedad democrática como la colombiana.

Ahora bien, esta diversidad tiene límites. La Corte Constitucional ha reiterado sistemáticamente que los manuales de convivencia no pueden violar la Carta Política, en particular, los derechos fundamentales. El alto tribunal ha dicho continuamente que los manuales de convivencia no pueden contener sanciones que limiten, entre otros, los derechos a la igualdad, la autonomía y la educación de los estudiantes.
 
Así, por ejemplo, la Corte ha dicho en numerosas sentencias que los manuales de convivencia no pueden sancionar a los alumnos por tener una orientación sexual distinta a la heterosexual, casarse por lo civil, quedar embarazadas o vivir en unión libre. Sin embargo, y a pesar de la claridad, precisión y alto número de sentencias en este sentido, los manuales de convivencia de muchos colegios en Colombia siguen contrariándola.

Una investigación que hemos realizado con Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes (GDIP) encontró que de una muestra de 47 colegios privados, 18 de ellos, de distintas partes de Colombia y que sirven a estudiantes de diversos estratos socioeconómicos, desconocen de manera flagrante la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Así, por ejemplo, el manual de convivencia del Colegio Adventitsta del Norte de Bogotá indica que “participar en actos de…homosexualismo…lesbianismo, entre otros, ya sea dentro o fuera del plantel” y “Embarazar, quedar en embarazo o provocar abortos” son causales de expulsión o “desescolarización”; el del colegio Marymount de Barranquilla señala que se perderá el cupo en el colegio cuando se materialicen “condiciones tales como ….el Embarazo” y luego dice “POR REDACTAR”. Es el único artículo del manual de convivencia de este colegio que aparentemente no tiene una versión final.

El manual de convivencia del Gimnasio Los Caobos de Bogotá, señala como faltas
“muy graves o de suma gravedad”, que acarrean la expulsión del colegio, aquellas conductas que atentan contra “cualquier aspecto de la moral cristiana y las buenas costumbre, tales como … homosexualismo; lesbianismo; aborto; relaciones prematuras que lleven o no al embarazo”. Y los manuales del colegio Sagrada Familia de Cali y el del colegio San José de Armenia establecen la desescolarización de las estudiantes embarazadas.
 
En la Comunidad Injusticias de MiSemana.com puede verse el listado de los 18 colegios que incluyen dentro de sus manuales de convivencia normas que están en tensión con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De igual forma, pueden verse copias de las normas de los manuales de convivencia de estas instituciones educativas relacionadas con el tema que aquí se discute y algunas de las sentencias más importantes de la Corte Constitucional sobre la materia.

Nuestra investigación busca hacer un análisis cualitativo y no cuantitativo del problema. Por tanto, no incluye una muestra que pueda considerarse representativa en términos estadísticos. Sin embargo, este estudio sí da un campanazo de alerta frente un tema de gran importancia para todos los colombianos. Es muy probable que los datos que se recogen en esta investigación sólo muestren una mínima parte del problema.

La cuestión no radica en precisar cuál debe ser el balance entre la autonomía de las instituciones educativas y los derechos fundamentales de los ciudadanos. No hay duda de que este es un debate complejo y rico que admite diversas posiciones razonables, más o menos restrictivas de los derechos o de la autonomía.

El problema es que esta tensión de derechos ya fue resuelta, como se dijo anteriormente, por la Corte Constitucional en en varios de sus fallos.

Entonces la nuez del asunto es más bien que de manera sorprendente y grave muchos colegios en Colombia están contrariando impunemente el ordenamiento jurídico.

Las decisiones de las tutelas revisadas por la Corte Constitucional no sólo tienen consecuencias para los conflictos que resuelven directamente. Las reglas que generan controlan cualquier caso análogo que se presente. Así, actualmente, ningún manual de convivencia debería incluir normas que discriminen a los estudiantes por razones de su estado civil, su condición de embarazada o su orientación sexual, por ejemplo. No importa si el colegio es religioso o laico; su autonomía está limitada por la Constitución.

Esta situación despierta preguntas preocupantes sobre la eficacia de las sentencias de la Corte Constitucional. El punto no tiene que ver con el valor que los individuos y la sociedad deberían darle a la homosexualidad o el hecho, muy grave, de que el número de adolescentes embarazadas haya crecido notablemente en Colombia durante los últimos años. El primero es un problema moral y el segundo un problema de la ausencia o falla de las políticas públicas sobre la materia. El punto aquí es jurídico: el acatamiento o desobediencia de los mandatos constitucionales y por tanto la eficacia de la cláusula que establece la supremacía de la Constitución.

De igual forma, esta situación genera preguntas sobre la eficacia de las labores de las instituciones encargadas de supervisar a las instituciones educativas. ¿Dónde están, se pregunta uno, el Ministerio y las Secretarias de Educación? ¿Cuáles son las medidas que estas instituciones han tomado o pretenden tomar para que este fenómeno deje de ocurrir?

Lo que está en juego no es un tema académico. Lo que está en juego son los derechos fundamentales de miles de niños y adolescentes a lo largo y ancho del país.




*El Grupo de Derecho de Interés Público de la facultad de derecho de la Universidad de los Andes (G-DIP), es un espacio académico que persigue tres objetivos fundamentales: primero, tender puentes entre la universidad y la sociedad; segundo, contribuir a la renovación de la educación jurídica en nuestro país; y tercero, contribuir, a través del uso del derecho, a la solución de problemas estructurales de la sociedad, particularmente aquellos que afectan a los grupos más vulnerables de nuestra comunidad. http://gdip.uniandes.edu.co/


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