Viernes, 20 de enero de 2017

| 2010/02/11 00:00

Crece polémica por decretos de emergencia social

Hay voces que piden la renuncia del Ministro Palacio, por supuestas irregularidades en el manejo de la crisis de la salud. El funcionario dice que todo se ha hecho con transparencia.

El ministro de la Protección, Diego Palacio, ha tenido que capotear una dura crisis generada por la emisión de varios decretos de Emergencia Social. Foto: Foto: Juan Carlos Sierra

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras dio a conocer otro contrato que hizo el Ministerio de la Protección Social con el Centro de Gestión Hospitalaria por concepto de asesoría profesional y apoyo al Ministerio. 
 
La vigencia del contrato era de noviembre de 2008 a mayo de 2009 y costó 1.200 millones de pesos.
 
La noticia se conoció después de que este jueves, en la Comisión Séptima del Senado, académicos, usuarios de la salud, y congresistas debatieran los decretos de emergencia social emitidos por el Gobierno para atender la crisis de la salud. A la sesión informal también asistieron los ministros de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga y de Protección, Diego Palacio.

Al recinto asistieron representantes de las asociaciones de pacientes y médicos quienes criticaron la manera como el Gobierno ha enfrentado la crisis.

Catalina Vásquez, representante de la Asociación de Pacientes afectados por enfermedades de alto costo dijo que los decretos son inconstitucionales. Indicó que los pacientes quienes son los principales afectados por los decretos no fueron consultados para su elaboración. “El remedio fue peor que la enfermedad” fue la manera como calificó las medidas del Ministerio de la Protección Social.

El ambiente estuvo caldeado por cuenta de las denuncias hechas por integrantes de Cambio Radical y de los partidos de oposición, quienes argumentaron que los decretos  favorecen a empresas importadoras de licores como whisky y vodka, entre la cuales hay familiares del Ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga.
 
El senador Rodrigo Lara  dijo que en el paquete de reformas que aumentaron los impuestos no se incluyeron este tipo de licores. “Es un regalo para los importadores de licor y yo no sé, señor Ministro Oscar Iván si usted debió declararse impedido a la hora de firmar estos decretos, porque esto favorece a los importadores de licor y ahí hay familiares suyos importando estos licores”, dijo el congresista Lara durante el  debate.
 
Argumentó que los decretos de emergencia social buscan “prolongar la agonía de un sistema que fracasó como consecuencia de la mala política laboral del gobierno”.

La senadora Liberal Cecilia López pidió la renuncia del Ministro Palacio. En el noticiero de Caracol Televisión dijo que pedía “no solo que renuncie el Ministro. Sino que el Presidente se dé cuenta de que está en mora de hacer una reforma al sistema de salud”.

La senadora Dilian Francisca Toro, del partido de La U, dijo que no estaba en desacuerdo con todo el contenido de los decretos, pero que acompañaría la petición de reversar los que transgreden el principio de la autonomía médica. 

Esta semana, el escándalo por los decretos de emergencia social aumentó luego de que el candidato de Cambio Radical Germán Vargas Lleras denunciara irregularidades en una contratación del Ministerio por concepto de asesoría.

Vargas indicó que el contrato 640 del Ministerio, suscrito el 29 de diciembre con la Asociación de Gestión Hospitalaria, se celebró para que la entidad prestara el servicio de asesoría en la redacción de los decretos de emergencia social. El contrato tuvo un valor de 720 millones de pesos.

Lo grave, según el candidato presidencial fue que “hizo parte de ese contrato, un miembro de la junta directiva de la Nueva EPS”. Lo que en su criterio constituye un conflicto de interés. Otro de los argumentos que esgrimió Vargas contra esa supuesta asesoría fue que el Ministerio la contrató con externos, cuando según él, el Gobierno cuenta con asesores calificados.

Palacio defendió la celebración de esos contratos, aunque reconoció que es posible que le hubiera hecho falta discusión a los decretos de emergencia social. También indicó que las personas que lo han asesorado en la elaboración de los decretos, María Teresa Tono, Augusto Galán y Julio Portocarrero, son personas idóneas.

“Acá no se ha hecho nada a espaldas ni a escondidas. La gente puede diferir en la forma de pensar de muchas cosas sobre la visión que tienen estas tres personas, pero es necesario que se les respete su ética y su autonomía donde tienen una reconocida trayectoria nacional e internacional”, dijo el ministro Palacio.






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