Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2009/03/05 00:00

Crítica situación de derechos humanos en Colombia registra Naciones Unidas en informe anual

Crítica situación de derechos humanos en Colombia registra Naciones Unidas en informe anual

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos acaba de emitir su informe anual sobre la situación en Colombia en 2008.

Según el balance, el goce de los derechos humanos en Colombia sigue condicionado por “las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas armadas colombianas, así como las actividades de los grupos armados ilegales y narcotraficantes, junto con subyacentes dificultades estructurales, como la inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia”.

Naciones Unidas reconoce que para contrarrestar esas situaciones, “el Gobierno ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho, fundamentalmente incrementando su presencia en lugares que anteriormente estaban bajo control de los grupos armados ilegales”, pero advierte que “sin embargo, se continúan produciendo graves violaciones de los derechos humanos”.

Sobre la situación de los defensores de derechos humanos, líderes opositores y activistas sociales, el informe reseña que algunos altos funcionarios del Gobierno continuaron estigmatizándolos.

Y, sin duda, el tema de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, preocupó al organismo internacional. “Hasta octubre de 2008, el número de quejas y víctimas registradas evidenciaba que las políticas institucionales adoptadas por el Ministerio de Defensa y el alto mando militar para combatir esta práctica no habían logrado incidir de manera significativa en la reducción de estas graves violaciones”, dice Naciones Unidas.

Según el informe, el gobierno colombiano sí ha hecho esfuerzos para evitar dichas prácticas, “incluida la separación del servicio de algunos altos oficiales del Ejército, ha reforzado la política de “tolerancia cero” con las violaciones de derechos humanos. Es necesario que estas medidas sean acompañadas por un mayor control operacional sobre las unidades militares y por una rápida y rigurosa investigación de todas las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales”.

Sobre el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el reporte dice que “todas las partes del conflicto continúan cometiendo infracciones al derecho internacional humanitario. Además, como en años anteriores, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúan rechazando el estar obligados a respetar el derecho internacional humanitario. Además de seguir con el reclutamiento de menores y la comisión de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, los grupos guerrilleros han seguido colocando minas antipersonal, tomando rehenes y manteniendo personas secuestradas por largos periodos de tiempo en condiciones inhumanas”.

En conclusión, los grupos armados continúan poniendo en “serio riesgo a la población civil y se requiere una acción integral de las autoridades competentes”.

El informe reconoce que en la agenda política y pública de 2008, tuvo especial relevancia los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, pero pocas han podido ejercer esos derechos, especialmente las víctimas de acciones u omisiones de agentes estatales, que están marginadas del proceso.

En el ámbito económico, el informe dice que “”el crecimiento económico obtenido en los años anteriores no se ha traducido en un suficiente y satisfactorio progreso en el logro de los objetivos de desarrollo del Milenio. Además, la brecha entre aquellos que tienen oportunidades para generar ingresos y aquellos que no las tienen no se ha reducido”.

Por último, “la Alta Comisionada reconoce el espíritu de cooperación que existe entre el Gobierno y su oficina en Colombia y destaca la franqueza del Gobierno para tratar los retos que enfrenta en materia de derechos humanos, tal y como demostró durante las sesiones del examen periódico universal”, concluye el informe, que además hace varias recomendaciones para que mejore la situación de derechos humanos en Colombia.

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