Critican acecho a estudiantes de U. pública

Rechazo por parte de la comunidad académica y algo de temor por parte de las autoridades civiles de la ciudad generó la orden judicial de inspeccionar las bases de datos de las plantas de docentes y estudiantes de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y el Sena.

La directiva, dada por el fiscal Jorge Iván Piedrahita, de la Unidad contra el Terrorismo y que debe ser cumplida por la Dijín, busca “suministrar a esta unidad de policía judicial copia en medio magnético de la base de datos de la planta estudiantil y docente desde el año 1992 hasta 2008 a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen vinculadas dentro del proceso investigativo como miembros de grupos al margen de la ley”.

Según explicó el funcionario, la orden se dio para verificar si 55 personas que aparecieron mencionadas en una memoria USB en un campamento de las Farc pertenecían a alguna de esas universidades. Esas personas aparecían en la memoria con sus hojas de vida y figuraban como integrantes de la oficina de recursos humanos de las Farc. Son investigadas desde el pasado febrero, cuando se encontró el aparato en un campamento cerca de La Macarena.

Sin embargo, varios rectores de universidades se han opuesto a la solicitud que consideran insólita.

Para Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, se trata de “un hecho totalmente insólito. En mi opinión, es absurdo, no lo puedo entender. No creo que en la universidad ni esta ni en cualquier lugar del mundo se haya presentado algo así”.

Igualmente, la Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López consideró la medida violatoria de los derechos a la defensa, al buen nombre y al ejercicio pleno de las libertades. “La responsabilidad penal es individual”, dijo López.

“La orden de ese fiscal pretende someter a todos por igual a una especie de examen colectivo y estigmatizar a la comunidad universitaria, puede acabar con el principio de inocencia”, añadió la Secretaria de Gobierno.

En el mismo sentido de López se pronunció el procurador general, Edgardo Maya, cuando dijo este lunes que estas investigaciones deben hacerse sobre casos puntuales y no colectivos, como lo planteó el fiscal Piedrahita.

Por eso, los estudiantes harán una reunión en la que acordarán con quién buscan asesoría jurídica y emitirán un comunicado donde expresen un punto de vista común al respecto.

Dicha orden se da dos meses después de que la senadora Gina Parody entregara a los medios de comunicación un video donde se ve un grupo de encapuchados en una universidad pública protestando por las muertes de Raúl Reyes e Iván Ríos. Después del escándalo, trascendió que existen más videos, unos menos radicales donde encapuchados invitan, al parecer, a estudiantes de primer semestre a asumir su compromiso con la sociedad y la excelencia académica, pero sin mensajes subversivos.

“Hay bastante prevención de los organismos de seguridad frente a la universidad. En lugar de perseguir a los terroristas en el monte y a los paras, se vienen a husmear a la universidad como si éste fuera un centro subversivo. Se siente como un ambiente enrarecido de persecución muy preocupante”, opinó Carlos Ossa Escobar, rector de la Universidad Distrital de Bogotá donde fue filmado uno de los videos.

De tajo, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, rechazó la actuación del fiscal Piedrahita y calificó como “poco útil” su decisión. “Si uno supiera que eso sirve para procesar terroristas infiltrados, todo el mundo tendría que aplaudir esa determinación, pero yo en lo práctico como funcionario judicial, una diligencia de esas yo la encuentro de poca utilidad para adelantar una investigación”, comentó Mendoza Diago. Y dijo que ni él, ni el fiscal Mario Iguarán estaban enterados de semejante orden.

Semana.com buscó la opinión de la senador Parody, pero se encuentra fuera del país, dijeron en su despacho.