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| 7/28/2009 12:00:00 AM

Del dicho al hecho hay aún trecho: Relator para pueblos indígenas

James Anaya, relator de Naciones Unidas escuchó a gobierno y apreció sus esfuerzos, pero le preocupó el aumento de homicidios, 58 en el primer semestre de 2009, y sobre todo, que los planes oficiales se hagan sin valorar la autonomía indígena, ni escucharlos.

Han pasado cinco años desde cuando Rodolfo Stavenhagen, relator de Naciones Unidas, calificó la situación de los indígenas colombianos como “grave, crítica y preocupante”. Hoy sigue siendo exactamente igual, según lo que econcontró James Anaya, el relator que estuvo en Colombia la semana pasada verificando el cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2004 por Stavenhagen.

En ese entonces, las recomendaciones al gobierno fue que garantizara mejor los derechos humanos de los indígenas. Ellos debían tener mejores condiciones de salud, educación, alimentación, tierras donde vivir y, lo más importante, que por lo menos se les respetaran la vida.

Actualmente, hay “significativas iniciativas de parte del gobierno de Colombia, en particular en materia de salud y educación, para mejorar la situación de extrema vulnerabilidad que viven los pueblos indígenas del país”, dice un comunicado emitido tras la visita de Anaya.

Pero esas iniciativas “necesitan ser consolidadas y su efectiva implementación, asegurada”, dijo el relator a los medios de comunicación antes de partir del país. O sea, lo que está escrito y las buenas intenciones que pueda tener el alto gobierno, hay que traducirlas a la realidad y no dejarlas en mero discurso.

Esa es la gran conclusión de su visita de cinco días, en los que se reunió con el presidente Álvaro Uribe, varios ministros, magistrados de la Corte Constitucional, funcionarios de otros organismos y representantes de las organizaciones indígenas.

En el Ministerio del Interior, le presentaron un balance que sonaba alentador. Dijeron que habían elaborado un plan integral para apoyar a 15 comunidades indígenas que tienen alto riesgo de desaparecer en Risaralda, Caldas, Alto Sinú, Putumayo y Chocó.

Hablaron de programas para respetar la autonomía indígena en el territorio colombiano y para darles a los indígenas desplazados atención especial acorde con sus costumbres. Por ejemplo, para darles alimentos a los que están habituados y para que puedan desarrollar sus actividades culturales en los sitios donde se alojan después de dejar sus viviendas como consecuencia del conflicto.

Los funcionarios del Mininterior le contaron a Anaya que han entregado más de 13 mil hectáreas a las víctimas de la masacre de El Nilo (Norte del Cauca), en la que murieron 20 indígenas. Según los funcionarios que se reunieron con el relator, han mejorado sustancialmente las relaciones y el diálogo entre los indígenas con el gobierno. Los indígenas cuentan con medidas de protección cuando sus vidas están en peligro. Hay compromisos para mejorar la eficiencia de la justicia en los procesos de estas comunidades, para hacer consultas cuando se vayan a hacer fumigaciones de cultivos de coca y para desarrollar una Política Nacional de Estado para estas comunidades.

Sobre salud y educación, le hablaron de cobertura y programas que nunca habían llegado hasta los territorios indígenas. Y el general Freddy Padilla, como Ministro de Defensa encargado, le aseguró que sus hombres no están usando a los indígenas como informantes.

Pero también encontró cosas muy inquietantes en los diálogos con los funcionarios y las organizaciones indígenas. Conoció que las estadísticas más optimistas, las del gobierno, sobre los homicidios hablan de 30 indígenas asesinados en el segundo semestre de 2008 y 58 en los primeros seis meses de este año, lo que significa un notorio y preocupante incremento.

Las Farc son las principales responsables de esa violencia, pero también hay denuncias de violaciones de derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública y siguen sin ser resueltos varios casos con víctimas indígenas, según lo dicho por Anaya.

Además de las dificultades sufridas por el conflicto armado, los indígenas le contaron al relator que permanecen los problemas con la educación, la salud y los derechos a la tierra y su autonomía sobre ésta.

Luis Evelis Andrade, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) es uno de los principales voceros indígenas. Dice que “el problema no es que brinden programas de educación y salud, sino qué clase de programas ofrecen. El gobierno se ha negado a reconocer y poner en marcha el sistema de educación propio de los indígenas. No concibe que aquí hay diversidad, eso ha sido un debate y por eso la mesa de educación está suspendida”, comenta Andrade.

“En salud pasa lo mismo. Hace años, la Constitución dijo que debía haber un modelo especial de salud para pueblos indígenas. Sin embargo todo el tiempo estamos discutiendo sobre el mismo esquema que no resuelve nuestros problemas. Si no los resuelve para la gente de la ciudad, menos para los indígenas que viven en zonas distantes, que tienen otra cosmovisión y que tienen muchas limitantes por su ubicación geográfica”, explica el consejero.

Son tales las dificultades en la salud de los indígenas, que “en departamentos con altos porcentajes de población indígena, algunos indicadores, como la mortalidad materna e infantil, presentan índices muchos más altos que la media nacional”, de acuerdo con las informaciones de las que el relator tomó nota.

Por explicaciones como las de Andrade, el relator dijo que, en efecto, hay decisiones que el gobierno debe tomar en consenso con los indígenas y no arbitrariamente.

Si bien es un logro que el Estado colombiano haya suscrito la Declaración de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, lo hizo con salvedades sobre algunos temas. Colombia no aceptó que en los territorios indígenas no haya fuerza pública porque considera que no debe haber territorio vedado para la presencia de policías y soldados.

Tampoco aceptó que los indígenas sean quienes tienen la última palabra sobre lo que se vaya a hacer en sus territorios, como obras de infraestructura, vías, concesiones para megaproyectos de minería, cultivos o explotaciones petroleras.

“Se desconoce que los territorios indígenas tienen autoridades y gobierno, y en esa medida tienen que respetar nuestra autonomía, costumbres y nuestra cosmovisión sobre el territorio. Un pueblo indígena debe decidir si un proyecto le conviene o no”, comenta Andrade.

Precisamente, sobre el tema de la tierra, explica que desde 2004 han sido aprobados sólo dos resguardos indígenas y en este momento hay 30 que ya tienen los trámites completos y sólo requieren la firma del Ministro de Agricultura. Por eso, entre otros conflictos por tierras, Anaya concluyó que “quedan muchos reclamos territoriales indígenas por resolver”.

Por fortuna, el Estado colombiano tiene instituciones que han tomado determinaciones que han llevado a mejorar las garantías de los indígenas. “En particular, la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo tienen competencias importantes para la protección de los pueblos indígenas del país”, comentó Anaya.

De la Defensoría resaltó el trabajo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) como un mecanismo importante para la prevención de la violencia contra esta población. “Insto al Estado a asegurar todo el apoyo necesario para el funcionamiento efectivo de estas instituciones, incluidas la aplicación práctica y la financiación del SAT”, dijo, pues es bien conocida la queja de que no siempre el gobierno atiende las sugerencias emitidas por esta oficina de la Defensoría y últimamente se ha hablado de falta de dinero para seguir financiando sus actividades.

De la Corte Constitucional, Anaya mostró satisfacción por la emisión del Auto 004, en el que el tribunal advirtió que los indígenas sufren “alarmantes patrones de desplazamiento forzado”, homicidio, hambre y otras adversidades. Todas ellas han generado “situaciones de urgencia que no han recibido una respuesta estatal acorde a su gravedad”, de acuerdo con la Corte, que ordenó atender prioritariamente aquellas situaciones, que están llevando al exterminio a varios pueblos indígenas.

Ante la persistencia de graves problemas que afectan a estas comunidades y las intenciones que le mostró el gobierno para solucionarlos, Anaya llegó a la diplomática conclusión de que, en efecto, hay políticas que no se han traducido en realidades. Y, posiblemente, sus apuntes del seguimiento a las recomendaciones emitidas en 2004 van a insistir en que no todo se quede en meras intenciones, sino que se cumpla en verdad.



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