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| 2/12/2010 12:00:00 AM

"El problema es el mal manejo que le han dado a los dineros de la salud"

Ese es el diagnóstico de un grupo de académicos que le dice al Gobierno que antes de haber decretado una emergencia social, debió buscar bien a dónde ha ido a parar la plata para la salud y quién se ha beneficiado más con ella.

Después de escuchar a académicos y expertos durante el foro ‘La salud en Colombia ¿en Emergencia?’, que se realizó este jueves en la Universidad Javeriana de Bogotá, queda la sensación de que no son tantos los recursos que faltan en el sistema de salud, sino que el manejo que se les ha dado deja mucho qué pensar.
 
El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, siempre ha defendido, por todos los medios, la necesidad de declarar el estado de excepción porque falta plata. Aduce que la abundancia de tutelas para acceder a servicios de salud es una de las causas de la crisis. 
 
Y argumenta que los pagos que tiene que hacer el Fosyga por costos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) son tantos, que para mitad de este año se iban a acabar los dineros que había para pagar los costos no incluidos en el POS.
 
Pero los académicos tienen sustentos que, por lo menos, hacen reflexionar sobre qué se hizo esa plata.
 
En su exposición, Enrique Peñaloza Quintero, director del Grupo de Política y Economía de la Salud, de la Javeriana, explicó que en 2002, Colombia destinó el 7,6 por ciento de su PIB a la salud. Y entre 1998 y 2002, fue el 8,5 por ciento, cifras para nada despreciables.
 
Esa plata va a dar a un sistema que tiene “complejas interacciones entre múltiples actores con intereses, información y creencias particulares”, de acuerdo con Peñaloza. ¿Quién se está beneficiando más y dónde se está quedando la plata?
 
Una parte se va para el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), cuyo fin es manejar recursos para invertirlos en el sistema de salud. De acuerdo con lo expuesto en el foro de la Javeriana, el consolidado de inversiones del Fosyga dice que en diciembre de 2008 tenía casi 4,3 billones de pesos en TES y 1 billón en CDT. En junio de 2009, tenía 4,5 billones en TES y 1,2 billones en CDT, sólo por mencionar algunas inversiones. La mayor parte de los plazos son largos, desde 181 hasta 1.095 días.

“Y las clínicas y los hospitales seguimos esperando que nos paguen lo que cobramos, sabiendo que hay tanta plata guardada”, comentó Julio César Castellanos, director General del Hospital Universitario San Ignacio.

Mientras tanto, a lo largo de todos estos años, los dineros de las EPS se han multiplicado. Según publicó SEMANA en su edición sobre las 100 empresas más grandes de Colombia, Saludcoop había registrado utilidades netas por un poco más de 24 mil millones de pesos en 2008, lo que significó una variación del 12,2 por ciento respecto a 2007.

Le seguía Salud Total, que tuvo una utilidad neta de 10 mil millones de pesos, pero su porcentaje cayó el -9,4 en relación con 2007. Ya Daniel Coronell advirtió cómo esta EPS se ha convertido en un emporio en su columna ‘¿Dónde está la bolita?’.
 
En cambio, de acuerdo con las estadísticas presentadas por Peñaloza, la situación financiera de las clínicas y los hospitales ha venido empeorando cada año.

Con mucha de esa plata, según el ministro Palacio, se ha ido pagando costos que ordenan los jueces en los fallos de tutela y que no están incluidos en el POS. Estos son tantos, que se han convertido en una de las principales causas de la supuesta quiebra del sistema.
 
Es cierto que cada año son más las personas que recurren a la tutela para acceder a servicios de salud, pero también ha aumentado la aplicación de este recurso para acceder a tratamientos incluidos en el POS.

Según el estudio ‘La tutela y el derecho a la salud’, elaborado por la Defensoría del Pueblo, entre 1999 y 2005, el 56,4 por ciento de las tutelas que se interpusieron para acceder a servicios de salud, reclamaban tratamientos incluidos en el POS. Entre 2006 y 2008, el porcentaje bajó un poco, al 53,4 por ciento. De éstas, el 85 por ciento pertenecían al régimen contributivo.

Sobre las cirugías, la Defensoría del Pueblo encontró que el 74,8 por ciento de las tutelas interpuestas fueron para acceder a procedimientos que debían ser cubiertos por el POS. De éstas, el 88,5 por ciento eran del régimen contributivo.

Y respecto a los medicamentos, dice que el 76,45 por ciento de las tutelas fueron para reclamar medicinas que no están en el POS. Esto puede obedecer a que los médicos suelen estar mejor actualizados que los recetarios del sistema de salud, entonces recomiendan remedios nuevos que no aparecen en el plan.

“Por ejemplo, en este momento existen al menos 100 medicamentos que son útiles para el tratamiento del cáncer, pero en el POS solamente hay 25”, dijo Francisco Yepes, director de los Posgrados en Administración de Salud de la Javeriana.

Claro que no se descarta que muchas veces los médicos ceden ante ofertas y obsequios de las farmacéuticas para que recomienden sus productos, pero ahí es cuando las autoridades deben hacer un control muy estricto.

Esa vigilancia debe ser superior en casos como los cobros al Fosyga, pues algunos actores del sistema de salud no sólo niegan servicios que están cubiertos por el POS, sino que además piden que se los paguen como si no lo estuvieran.

Las diez enfermedades por las que se hacen recobros son sida, epilepsia, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, cáncer de seno, artritis, enfermedad renal crónica, cáncer de próstata, osteoporosis y por conceptos que pasan al grupo de ‘campo no diligenciado’. La preguntan que se hace cualquier usuario de salud es ¿esas enfermedades no están en el POS?

Además, entre los recobros al Fosyga, se encuentran medicamentos que fueron cobrados muy por encima del precio promedio. Llama la atención, por ejemplo, la Norepindefrina, cuyo precio promedio es de 41.314 pesos y algunos recobros al Fosyga fueron por 195.571 pesos. Otro que tuvo un comportamiento igual de descarado fue la Amikacina, cuyo precio promedio es de 1.029 pesos y el recobro se hizo por 19.874 pesos, según expuso Peñaloza.

El problema lo resumió la enfermera Edilma Suárez, profesora de la Facultad de Enfermería, con datos del estudio ‘Dilemas en las decisiones en la atención a la salud’, elaborado por la Procuraduría y las universidades de Antioquia e Industrial de Santander.

“La dinámica del mercado y competencia enfatizan la búsqueda de la rentabilidad financiera, sin importar los medios que sean necesarios para lograrlo, lo que lleva a prácticas y conductas que atentan contra la ética, contra los derechos, los deberes, los principios y los valores públicos”, dijo Suárez.

Por eso, para ella, “el acceso y la calidad se limitan por las estrategias de contención de costos y de rentabilidad financiera”.

Lo grave es que, teniendo esto tan claro, ahora se esté mirando la forma de conseguir más plata para echar en esa especie de saco roto en que se ha convertido el sistema de salud. Sí, se han creado nuevos controles, pero si ya los había, ¿por qué no se usaron con todo el esmero para encontrar el destino de la plata de la salud?

Mientras el Gobierno insiste en explicar y echa para atrás algunos de los puntos de la emergencia, las denuncias de candidatos como Germán Vargas Lleras sobre las exorbitantes sumas destinadas a contratos de asesoría han alertado a los organismos de control: la Procuraduría ya abrió investigación para determinar si existieron irregularidades.

Esa es apenas una parte de los efectos que se ven venir para el Gobierno. Otro, es político. Ya hay dirigentes del uribismo que exigen, aparte de claridad, que se contemple la posibilidad de retirar la emergencia, antes de que la Corte Constitucional la tumbe, y también antes de que ellos paguen en las urnas los errores por los que debe responder, para comenzar, Diego Palacio Betancur, ministro de Ministerio de Protección Social.

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