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| 3/20/2009 12:00:00 AM

Estatuto Rural tendrá que volver a discutirse

La Corte Constitucional tumbó el Estatuto Rural promovido por el gobierno y aprobado en junio de 2007. El Congreso deberá tramitar otro que consulte a indígenas y comunidades negras.

Fue reversada otra de las leyes impulsadas por el ex Ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Se trata del Estatuto de Desarrollo Rural, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. El Alto tribunal adujo que durante el trámite del proyecto en el Congreso no se tuvo en cuenta la participación de las comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes.
 
El Estatuto rural, según el gobierno, buscaba impulsar el desarrollo del sector rural a través de la  titulación de tierras para proyectos productivos y la reforma del Incoder, el instituto encargado de la tierra en Colombia. 

Por ser un estatuto que afecta directamente a las comunidades, deberá ser tramitado nuevamente. El estatuto transgredía 8 artículos de la Constitución. Ya la Corte había declarado inexequible, por las mismas razones el estatuto Forestal que también fue impulsado por Arias.

El presidente de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla explicó que Colombia suscribió el convenio 169 de 1989 con la Organización Internacional del Trabajo, que la obliga a consultar con los pueblos indígenas las reformas que puedan afectarlo y el estatuto no lo tuvo en cuenta.

Una consecuencia que tiene la inexequibilidad de la norma es que afecta la entrega de subsidios y tierras a campesinos y desplazados, pues con la decisión además se derogan varios decretos concomitantes al estatuto.

Sin embargo, sobre los subsidios y tierras que ya entregó el gobierno, la decisión de la Corte, no tiene ningún efecto.

El fallo del Alto Tribunal no cayó bien en el gobierno. Según dijo el Ministro de Agricultura, Andrés Fernández, al diario el Nuevo Siglo: “con la inconstitucionalidad de esta norma, se pierde la oportunidad para que los campesinos, por primera vez en la historia del país, puedan acceder a una reforma agraria limpia y transparente, en igualdad de condiciones”.

Edgardo Maya Villazón, sin embargo, mientras fungió como Procurador le pidió a la Corte Constitucional que tumbara la norma. Su argumento fue el mismo: porque no consultó a los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre cómo les afectaba la norma y cuál era su alcance.

Varias organizaciones sociales, indígenas, ambientales y campesinas habían expresado su descontento con la aprobación de la norma. Una de las razones era porque el estatuto daba garantías a “cualquier persona” para que se adueñara de las tierras con fines productivos.

Sin embargo, según dijo a Semana.com, el senador del Polo, Jorge Robledo, “estas medidas privilegiaban a grandes industriales, terratenientes y narcotraficantes que quisieran legalizar las tierras. Así quedaban los campesinos y las comunidades a su suerte”.

El senador dijo que lo mismo que le ocurrió al Estatuto Rural le ocurrirá al Código de Minas, también promovido por el ex ministro Arias, pues a pesar de las advertencias, los legisladores uribistas y el gobierno no tuvieron en cuenta la participación de las comunidades en su trámite. A este, le falta solo un debate.

Otra razón por la que las organizaciones habían expresado su descontó es porque los resguardos indígenas, su extensión y conformación, debían acomodarse a los proyectos de ordenamiento territorial.

Aunque el fallo de la Corte no indicó que se debía tramitar nuevamente el Estatuto, es de esperarse que en el Congreso se radique nuevamente la propuesta.




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