Gente de a pie controla dineros públicos

Colombia no suele salir bien calificada en el Índice de Percepción de Corrupción que hace la ONG Transparencia Internacional.

En 2009, el país sacó 3,7 en aquella calificación, en la que 0 quiere decir que se percibe alta corrupción y 10, baja.

“La gente cree cada vez menos que es posible derrotar la corrupción. Esto desalienta a los colombianos para exigir mayores compromisos y resultados en la lucha contra este delito”, dicen análisis de la organización Ciudadanos al Cuidado de lo Público.

A esto se suma que “gran parte de la población percibe que éste es un problema grave, pero no lo considera de los que más afecta su vida directa y contundentemente”, dice aquella organización.

En consecuencia, casi siempre se cree que la corrupción es un asunto ajeno del que tienen que encargarse solamente las instituciones estatales.

Pero algo parece cambiar. La gente puede fiscalizar el uso del dinero público, tal vez mejor que cualquier organismo. No es gratuito que varios candidatos a la Presidencia hayan dicho que para atacar la corrupción, buscarán hacer más pública la información sobre las contrataciones, para darles poder a los ciudadanos. 
 
Actualmente, lo que dicen los candidatos es noticia, aunque ese poder que ellos dicen que le entregarán a la gente, vienen luchándolo desde hace tiempo varias organizaciones civiles.

La Embajada Británica, la ONG Transparencia por Colombia y las fundaciones Corona, Avina e Inter-American crearon hace tres años el Fondo de Control Social Ciudadanos al Cuidado de lo Público. La idea es que la gente controle las inversiones del dinero público. Ya son varios los casos de personas que han hecho veedurías en Cartagena, Norte de Santander, Antioquia y Valle del Cauca.

Gasoducto ilegal

Por ejemplo, varias de juntas de acción comunal hicieron control al cumplimiento de la licencia ambiental de un gasoducto que se construía entre Toledo y Bucaramanga.

Los veedores revisaron los contratos suscritos entre los campesinos con la empresa operadora del gasoducto y analizaron si lo pactado cumplía con las leyes.

La conclusión fue que no había tal cumplimiento y tampoco se estaban beneficiando con igualdad los campesinos y la empresa. Entonces iniciaron un diálogo con la compañía, que ya está dispuesta a revisar los contratos. La revisión también permitió conocer que el trazado del gasoducto no concordaba con las normas. Todo indica que habrá un nuevo diseño.

EPS no brindaba orientación

Un grupo de mujeres de Cartagena encontraron que faltaba orientación de la EPS Caprecom para que los usuarios con enfermedades que no están incluidas en el POS pudieran ser atendidos.

Durante el primer semestre de 2009, estas mujeres encontraron que 27 pacientes tuvieron que interponer tutelas contra el Municipio para obtener medicamentos o cirugías. Les tocó ponerse en trámites ante la falta de conocimiento del protocolo para lograr su atención.

Finalmente, lograron que la EPS firmara un acta en la que se comprometió a mejorar el servicio para estos pacientes.

Colegios ‘inventan’ manuales de convivencia

En vista de que la Ley General de Educación dice que las normas de los colegios deben surgir del diálogo entre profesores, directivas, padres y alumnos, veedores de Cartagena analizaron seis casos.

Así, encontraron que los manuales no se elaboran colectivamente, que no hay escenarios de concertación, debate, reflexión ni revisión. Notaron que los padres no conocen los manuales ni saben para qué sirven y que las relaciones con las escuelas y los colegios sigue siendo vertical. Es decir, las directivas dictan normas y el resto, obedece. Además, se dieron cuenta de que la Secretaría de Educación no ha dictado ninguna directriz al respecto.

En pocas palabras, no se estaba cumpliendo la Ley General de Educación.

Extrañas cuentas en colegios

La Fundación Picacho hizo control a los dineros del Fondo de Servicio Educativo en tres colegios de la comuna 6 de Medellín entre 2007 y 2008.

La plata de ese fondo debe destinarse a inversiones diferentes al pago de maestros, material pedagógico o infraestructura. Lo que se hace con ese dinero debe ser consensuado en unos comités de cada institución educativa.

Al consultar a los integrantes de los comités sobre el uso del dinero, quedó en evidencia que no sabían qué era lo que tenían que hacer con esa plata. Además, las cuentas de lo recibido no concordaban con los reportes de lo gastado y sus balances no se basaban en las leyes que rigen la contabilidad.

Consenso sobre una cárcel

El Inpec, Fonade y el Ministerio del Interior planean construir una cárcel en dos veredas de Jamundí (Valle).

Pero no tuvieron en cuenta que el sitio donde la quieren hacer es propiedad de las comunidades negras y, por lo tanto, les tocaba concertar con los dueños el impacto de la obra.

Posteriormente, hicieron unos acuerdos para que los habitantes de la zona participen en la construcción y se beneficien del empleo que ésta genere. Además, acordaron que el Gobierno les va a ayudar con la instalación de una emisora comunitaria y con la dotación de bibliotecas. La Fundación Kumahana le hace la veeduría al proceso.

Éstas y otras experiencias serán expuestas entre el 28 y 29 de abril en el Primer Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias de Control Social, que será en el Hotel Windsor House, en la Calle 95 No. 9-97, en Bogotá.