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| 8/13/2009 12:00:00 AM

Lluvia de amenazas contra funcionarios de la Defensoría del Pueblo

Panfletos y correos electrónicos diciéndoles que los van a matar, atentados y otras agresiones han sufrido los funcionarios que protegen los derechos de las personas. Autoridades dicen que es delincuencia común.

Los últimos tres meses han sido fatales para muchos funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Desde mayo, las Águilas Negras empezaron a enviar amenazas sospechosamente bien documentadas a funcionarios de esa entidad y de ONG defensoras de derechos humanos en Bogotá, Cesar, Magdalena y Bolívar.

La Defensoría del Pueblo, organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y los defensores de las ONG, se han convertido, a menudo, en obstáculos de hombres armados que quieren atentar contra los civiles en zonas de conflicto.

Mancomunadamente, estas organizaciones hacen monitoreos de lo que hacen los violentos para reportar a tiempo a las autoridades y tratar de evitar desplazamientos, asesinatos o masacres.

Las amenazas que se iniciaron en mayo no han amainado, sino que, por el contrario, se han expandido. Incluso, ya se han presentado dos ataques con armas de fuego contra funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Cuando apenas había pasado un mes de aquella intimidación de mayo, el 16 de junio, llegó una amenaza escrita a las oficinas del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio en San Pablo, municipio que queda en la conflictiva zona del Sur de Bolívar.

Desde aquellas instalaciones se coordinan proyectos de la Defensoría del Pueblo, Acnur y la Unión Europea para evitar el desplazamiento, denunciar actos violentos y promover que los campesinos se queden en sus tierras y trabajen en ellas. Lo particular es que quienes dirigen las labores son todas mujeres profesionales en Derecho, Trabajo Social y Agronomía.

Eso lo sabían bien quienes arrojaron el texto amenazante por debajo de la puerta, pues en él dice “cuídense, viejas, porque las estamos siguiendo una por una. Ya sabemos la vida de cada una de ustedes. No se confíen. No den papaya”.

Al mes siguiente, el 28 de julio a las 2 de la tarde, un grupo de funcionarios de la Defensoría del Pueblo viajaba por la vía que une a Cali con Puerto Tejada, en Cauca, para hacer una diligencia judicial. Iban en una camioneta blanca, doble cabina, que tenía estampados los distintivos de la institución en sus puertas y capó.

De repente, fueron atacados. Les dispararon dos veces. Por fortuna, nadie resultó herido. Las autoridades dijeron que se trataba de un intento de atraco.

Otro ataque que se presentó fue contra un funcionario que trabaja en la Unidad de Investigación Criminal en Bogotá. El 30 de julio, le dispararon, lo dejaron herido y tuvo que ser internado en una clínica. Su salud es estable y aunque hay que investigar los motivos de la agresión, no se descarta que haya sido por la labor que desempeña como investigador forense.

Y ahí no termina todo. Al día siguiente, el 31 de julio, las Águilas Negras amenazaron por correo electrónico a una persona del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, y a dos integrantes de ONG en el Eje Cafetero.

El argumento de la advertencia de muerte era que “nuestras fuentes de inteligencia nos han informado que ustedes hacen parte de las estructuras subversivas y terroristas en el Quindío”.

Y dan una opinión política en la que dicen que “bajo el discurso de los derechos humanos, estos tres sujetos se amparan y se protegen pero desde nuestros espacios convocamos a todos los miembros que son fieles a nuestra causa de defender la seguridad democrática y defender al presidente de las calumnias permanentes de ONG”.

Por lo pronto, el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, ha rechazado toda esa violencia contra sus funcionarios. Y algunas agencias de Naciones Unidas han emitido comunicados rechazando las amenazas y han cooperado en atender a los amenazados.

Fuentes cercanas a lo que está pasando le contaron a Semana.com que la respuesta de las autoridades colombianas ha sido débil y que califican las amenazas como simples actos aislados de delincuentes comunes.
 
Por eso, según conoció Semana.com, no han recibido los suficientes recursos para la reubicación de quienes están en la mira de estos hombres violentos. Para el caso del funcionario que laboraba en el Eje Cafetero, fue una agencia de cooperación internacional la que donó todo lo necesario para reubicarlo en otra ciudad.
 
Todos estos atropellos han venido ocurriendo, sin contar que ya son varias las ocasiones en las que les roban computadores con información valiosa. La Defensoría suele manejar mucha información de violaciones a los derechos humanos, ya que es la institución encargada de defender a quienes son víctimas de las faltas contra sus garantías.
 
El caso más reciente ocurrió el 11 de agosto, cuando alguien entró por la noche al edificio de la Defensoría en Córdoba, pasó de largo por el primer piso, donde había equipos nuevos y no tomó ninguno, sino que llegó directamente a la oficina del SAT y se llevó el computador que tenía información sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de los grupos ilegales y la fuerza pública.
 
Casos idénticos se presentaron el año pasado en Bucaramanga y Cartagena. Sin embargo, las autoridades, contra las evidencias, insisten que se trata de delincuencia comun que solo quiere revender los aparatos y no apropiarse de su información.

Mientras a los defensores los embargan el desespero y la decepción, la esperanza es que la relatora de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, que viene al país en septiembre, haga un pronunciamiento fuerte, que resuene internacionalmente para que, por lo menos, se sepa qué está pasando, así las autoridades no puedan aceptar que los ataques simultáneos en todo el país no son mera coincidencia, y den una respuesta a un fenómeno que se parece mucho al paramilitarismo de antaño.
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