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| 10/18/2008 12:00:00 AM

Los inconformes

A los jueces, los cortadores de caña y los indígenas se suman los paros de la Registraduría y la Dian. ¿Oportunismo político o protestas justas?

El país ha sentido el grito de la protesta ciudadana. En los últimos tres meses Colombia ha enfrentado siete movilizaciones laborales que, como una espiral, contagiaron súbitamente a varios sectores productivos del país. La ola de reivindicaciones no dio tiempo para reaccionar. Primero fue la protesta de los camioneros, que en agosto frenó la producción; luego vendría en septiembre el cese de labores en la rama judicial; más tarde se sumaría el de los corteros de caña de azúcar, que amargó dicha industria y, de paso, la producción de biocombustibles. Y cuando las cosas parecían mejorar, se desató una marea de protestas que exigen nivelación salarial en entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, la Registraduría y la Dian. Todo ello sin contar la movilización nacional de miles de indígenas que piden al gobierno poner fin a los asesinatos de sus líderes (este año van 66) y cumplir con la entrega de 5.000 hectáreas de tierra que, según ellos, el gobierno se había comprometido a entregar.

Lo curioso de este polvorín social es que cada protesta tiene motivaciones distintas. La mayoría busca reivindicaciones como el aumento y la nivelación salarial, pero tampoco están exentas de hacer parte de un juego político para poner en aprietos al gobierno, y generar la sensación de que hay un caos social. No obstante, la intervención de Uribe y sus ministros no ha sido la más afortunada. El manejo de esta crisis ha sido cuestionado por muchos sectores que creen que la protesta ha dejado en evidencia el desgaste de los ministros, y que el gobierno sigue usando la descalificación de los adversarios, más que el diálogo.

Quizás el más damnificado en el desbarajuste es el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio (ver entrevista). Con apenas unos meses de debut, ya enfrentó un paro general del sector, vio cómo fracasó su reforma a la justicia y ahora debe hacerle frente a la huelga de 2.600 empleados de la Superintencia de Notariado y Registro que buscan una nivelación salarial.

El paro de la justicia, aunque ya terminó, le implicó también un serio desgaste al gobierno. Como no se lograba un acuerdo, el presidente Uribe decretó la Conmoción Interior. Pero no pasó inadvertido que el origen de la huelga era el reclamo de los jueces de recibir un trato igualitario al que recibieron los magistrados de las Altas Cortes, a quienes hace tres años se les incrementó en 70 por ciento el salario. Como si fuera poco, los trabajadores de la Dian que esta semana se tomaron las instalaciones del Ministerio de Hacienda tenían otra perla en su pliego de reclamos. El gobierno les autorizó 100.000 millones de pesos para incrementar los salarios, la cuestión es que pese a estar incluidos en el presupuesto, los decretos no han sido firmados por el Presidente. Ante esa gabela, otros empleados oficiales, como los de la Registraduría, se animaron a anunciar su propio paro.

Y las cosas podrían empeorar. Tarcisio Mora, presidente de La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), anunció que para el próximo 23 de octubre se tiene prevista una marcha de reivindicación de los derechos sindicales y no descarta que a la misma se unan gremios tan fuertes como la Asociación Colombiana de Camioneros, (ACC) y Fecode. Lo que ha generado suspicacias es que ésta se haga en los días previos a las elecciones de Estados Unidos, donde el gran favorito, Barack Obama, ha sido categórico en que no respalda el TLC con Colombia porque tiene dudas sobre el respeto a los derechos de los sindicalistas en el país.

Pero si por las ciudades llueve, en el campo no escampa. La protesta de los indígenas de Cauca vivió la semana pasada uno de sus capítulos más violentos. Un indígena murió y varios quedaron heridos. En los enfrentamientos varios policías también resultaron gravemente afectados. El gobierno insiste en que la virulenta protesta está infiltrada por las Farc. Algo que es bastante posible, pero que no explica la histórica controversia que ha habido entre estas comunidades y el Estado. Los indígenas reclaman el cumplimiento de los compromisos del gobierno con la entrega de tierras para sus resguardos y, si bien es criticable que los manifestantes usen la violencia, tampoco ayuda una respuesta del gobierno que los señala como instrumentos de la guerrilla.

Tampoco resultó afortunado el señalamiento de que el paro de los corteros de caña del Valle estuviera infiltrado por las Farc. Si bien esto no es descartable, lo ideal sería que el gobierno fuera específico en sus acusaciones, en lugar de generar un manto de duda sobre todo un grupo de trabajadores. No tiene nada de raro, ni de censurable, que los obreros recurran a la huelga para exigir sus reivindicaciones. Así ocurre en todas las democracias, y a nadie se le ocurriría que sentarse a hablar con un huelguista signifique debilitar las instituciones. En todo caso, los gobiernos representan el bien común y no los intereses gremiales, y por eso tampoco ceden todo en la mesa, por duras que sean las protestas.

Lo grave de todo esto es que no sólo muestra cierto desgaste en el gobierno, sino que pone nuevamente al país en un mal récord en temas laborales y respeto al sindicalismo y la protesta, que ha sido precisamente el talón de Aquiles de Colombia para lograr convencer a los Demócratas sobre la importancia del TLC para Colombia. Menos en tiempos de crisis económica, cuando las protestas seguramente arreciarán.
 
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