Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2009/03/27 00:00

Solos con sus bastones y su dignidad

Casi 700 indígenas con sus guardias entraron a la selva nariñense a rescatar a los Awá masacrados por las Farc. Mientras avanza la peligrosa misión para no cederle terreno a los violentos, decenas de familias awá esperan hacinadas y enfermas en un caserío de la región. Juan Esteban Mejía, de Semana.com, estuvo allí y cuenta la desgarradora historia.

Unas 470 personas partieron este martes hacia la selva en busca de ocho cuerpos de indígenas awá y tres desaparecidos. Foto: Fotos: Juan Esteban Mejía

La minga indígena más riesgosa que se conozca en los últimos tiempos en Colombia se está desarrollando en este momento en Nariño. El pasado martes 24 de marzo, 470 personas partieron hacia la selva para buscar los cadáveres de ocho indígenas awá muertos por las Farc y a otras tres personas desaparecidas en el mismo episodio, ocurrido el 4 de febrero. 
 
La peligrosa marcha se desarrolla por campos minados en una pantanosa selva donde llueve a diario pero hace calor todo el día y sólo hace frío al amanecer. La misma fuerza pública reconoce que no tiene total control de ese territorio, donde están las Farc allá entre la manigua. (Ver mapa

Pero indígenas de Nariño, Huila, Valle, Putumayo, Quindío y Córdoba decidieron atravesar la selva pese a los tantos riesgos para llegar al sitio de la masacre. Los acompañan dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo y la guardia indígena del Cauca en esta labor que tardará más de una semana. Es que lo que pasó entre la última semana de enero y la primera de febrero de este año los tiene conmocionados.

Desde hacía varios días, soldados de la brigada 23 desarrollaban la operación Emperador contra las Farc. Según el coronel José David Vásquez, oficial de enlace de asuntos indígenas en Nariño, los combates habían obligado a la columna Mariscal Sucre de las Farc a retroceder hasta llegar al último sitio de su retaguardia, al pie del resguardo Tortugaña-Telembí (municipio de Ricaurte), donde, según el oficial, los guerrilleros tenían ocho campamentos.

Las Farc se vieron en la obligación de entrar al resguardo. “Nosotros sabemos que ustedes son autoridad, que tienen autonomía y los respetamos, pero vamos a entrar a sus territorios”, le dijo un comandante guerrillero a un líder indígena.

Ante el anuncio, el indígena le contó a Semana.com que no tuvo más remedio que permitir la entrada, pero sí les advirtió que “no vayan a sembrar minas”. Los guerrilleros empezaron a pedirles información a los indígenas y el 2 de febrero, se llevaron a Óscar Nastacuás.

Dos días más tarde, varios awás regresaban desde el corregimiento El Diviso, del municipio de Barbacoas, hacia el resguardo. Estaban en una reunión de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), organización de la que hacían parte. Cuando iban llegando a sus casas, un grupo de guerrilleros detuvo a los hermanos Estorgio y Róbinson Guasalusán y a Blanca Patricia Guanga, esposa de Róbinson.

Jaime Guasalusán, hermano de Estorgio y Róbinson, estaba con su esposa Omaira Arias y con Delio Arias y su hijo Adolfo. Cuando vieron que las Farc estaban con sus parientes, fueron al sitio y también los retuvieron.

Entonces Adonías y Juvencio Guasalusán, también hermanos de los retenidos y que estaban con Jhon Jairo, hijo de Juvencio, fueron al sitio. Intentaron rescatar a los detenidos, pero la guerrilla los capturó a ellos.

Según testimonios de los indígenas, los guerrilleros los estaban culpando de ser quienes le estaban dando información al Ejército para que los ubicara y que gracias a los datos que habían suministrado, la tropa venía detrás de ellos. Pero en ese momento, la fuerza pública se encontraba a cinco kilómetros, que en un territorio minado y en la selva pantanosa, pueden tardar hasta dos días en recorrerse.

Los 11 raptados por las Farc fueron llevados a la quebrada El Bravo. En realidad eran 13 vidas en juego porque Blanca y Omaira estaban embarazadas. Un testigo contó que vio cómo los estaban hiriendo con armas blancas y días después, esa guerrilla reconoció la muerte de ocho de ellos. Aún no se sabe qué pasó con los demás.

Esa es la versión que se ha manejado hasta ahora, pero parte del interés de viajar hasta el sitio era reconstruir lo que sucedió exactamente. Después de la masacre, aparecieron versiones que hablan de más muertos hasta completar 27, pero el gobernador del resguardo Tortugaña-Telembí, José Libardo Paín, dice que él sólo conoce la desaparición de los primeros.

A los pocos días, la Fiscalía dijo haber recibido los cuerpos de tres de ellos, pero esta es la hora en que no se saben aún sus identidades y las autoridades indígenas no han reconocido que sean muertos de aquella masacre.

La duda nace básicamente porque los cadáveres fueron encontrados en un sitio conocido como Tangaral, a un día de camino del sitio donde aparentemente fue la matanza. Se los pudo haber llevado el río, pero los indígenas dudan de esto porque las autoridades dijeron que los habían encontrado enterrados y que uno de ellos estaba rodeado de minas.

“Nos han pedido que los familiares vayan a identificarlos, pero sabemos que los cuerpos están en alto grado de descomposición y preferimos que la identidad la encuentren los médicos forenses”, cuenta Paín.

Como consecuencia de la masacre se desplazaron 400 personas que partieron en varias direcciones. Algunos hacia el corregimiento de Buenavista (municipio de Barbacoas) y otros hacia los municipios de Samaniego y Ricaurte.

Entre tantos que se desplazaban, iban Marín Guasalusán y Mélida Guanga, padres de cinco de los muertos. Dos días después de que las Farc se llevaran a sus hijos, decidieron partir hacia Samaniego. Caminaron cinco días por la selva, acompañados por sus pequeños nietos.

Precaria situación

Al llegar a Samaniego, se enteraron de que los iban a reubicar en El Diviso, junto con los desplazados que llegaron a los otros municipios. La autoridad indígena suspendió durante una semana las clases en el único colegio que tienen los awá, donde estudian 300 jóvenes. Allí albergaron a los desplazados mientras Acción Social acomodaba sitios para asentarlos.

En El Diviso, la Unipa tiene un salón diseñado como centro de capacitación. Allí hay un par de oficinas, funciona una emisora y hay un espacio para reuniones. El sitio es abierto, sólo tiene un techo. En ese lugar, “Acción Social solamente puso las paredes para construir dos cajoncitos para acomodar a los 400 desplazados”, reprocha el gobernador Paín.

Evidentemente están hacinados. Y esa situación no debe tomarse a la ligera porque estos indígenas están acostumbrados a vivir en casas alejadas unas de otras en su resguardo. Algunos tienen a sus vecinos más cercanos incluso a varias horas de camino.

Como no están acostumbrados a vivir en montonera, los problemas de convivencia han sido frecuentes también. Se incomodan si el niño de otra familia llora, si alguien se despierta a media noche, si al que le tocaba hacer aseo no lo hizo bien e incluso, ya los desesperan los malos olores que ha despertado la humedad y la estrecha cercanía entre ellos. Una vez, dos mujeres pelearon a golpes y la guardia las castigó con cepo durante varias horas.

Viviendo hacinados, además, a los pocos días se presentó un virus de fiebre, diarrea y gripa que los contagió a todos, “hasta me dio a mí, que hago turnos por días en la IPS de El Diviso”, cuenta el médico Fernando Vallejo. “Nunca había visto algo similar en ese sitio”, comenta.

En esas condiciones, la situación de salud de los awá desplazados ha sido muy grave. Buena parte se debe al cambio de dieta porque en su resguardo se alimentan básicamente de maíz, yuca, plátano y una especie de banano pequeño que llaman chiro.

Sus platos también son muy ricos en proteína animal porque son cazadores y pescadores. Entonces cuando no comen gallina o cerdo de sus granjas, buscan pescado, ratón de monte o cualquier especie que cacen.

Pero la ayuda que Acción Social les envía al albergue son muchos granos como fríjoles y lentejas, y enlatados, como atunes. Son cosas que no están acostumbrados a comer y que les caen pesadas, según explica José Arturo García, un awá que maneja las estadísticas de la IPS. Por eso, han insistido en que les envíen mercados diferentes, pero no ha sido posible, pese a que las actuales condiciones ya hayan cobrado la vida de un niño.

Curar sus enfermedades ha sido difícil para los médicos porque con los awá es complicado comunicarse. Estos indígenas son personas silenciosas, muy calladas y piensan muy bien antes de emitir algún comentario. Pero cuando empiezan a hablar, lo hacen con un ritmito acelerado y cantado y a veces no se entiende muy bien lo que dicen. Los interlocutores suelen ser entonces los líderes.

Sin embargo, los médicos saben que es normal que los hijos de los awá estén desnutridos. Principalmente, porque las mujeres acostumbran amamantarlos hasta que cumplen un año, cuando ya la leche materna no los alimenta y durante ese tiempo les dan pocos alimentos de otro tipo. Pero, con dificultades, logran sobrevivir con la alimentación que tienen en sus casas.

Ahora, con la nueva dieta, no sólo se han visto débiles a los niños, sino a varios adultos también que, después de superar el virus que los enfermó en sus primeros días como desplazados han venido presentando diarreas. El tratamiento por excelencia son los antibióticos, algo a lo que tampoco están acostumbrados.

A propósito, los baños que deben usar los desplazados están justo debajo de uno de los alojamientos. No pasaría nada si hubiera alcantarillado, pero los residuos van a dar a un pozo séptico cerca de las tazas y las duchas y siempre huele a excrementos. Eso, sin mencionar que la cercanía a los deshechos puede traer más enfermedades.

Desesperados

En esas precarias condiciones de vida, 240 desplazados emprendieron un nuevo desplazamiento hacia municipios vecinos e incluso hacia el Putumayo. Pero no se sabe exactamente dónde están ni de qué están viviendo.

Todo eso no habla más que de una situación que ya se está desbordando y las autoridades dicen que no hay garantías para el retorno ni para recuperar los cuerpos. Pero los desplazados están necesitados de volver a sus viviendas y darles a sus parientes la sepultura que merecen.

Por eso, la Unipa organizó la minga para entrar al resguardo. Gabriel Bisbicús, gobernador de esa organización, dice que la decisión se tomó porque “no podemos ser indiferentes con nuestros pueblos y comunidades indígenas y porque hay que demostrarles a las familias de las víctimas que estamos con ellas”.

La idea es, en pocas palabras, hacer ellos mismos lo que otros no han hecho. “Fuimos a constatar qué pasó, a recuperar nuestro territorio y a buscar los cuerpos. Los que no encontremos, los damos por desaparecidos”, dice Bisbicús. Además, 30 desplazados fueron a mirar si aún están sus animales y cómo están sus casas. Si ven la posibilidad de quedarse, se quedan.

Estarán varios días en Tortugaña-Telembí haciendo las averiguaciones y buscando los cadáveres. Los funcionarios de la Procuraduría, que recién llegaron al sitio, harán los levantamientos, pero cuando partieron no tenían nada fijo.

A la ligera

Hubo muchos detalles que quedaron pendientes en la planeación de la minga. Francisco Bustamante es el vocero de la Asociación Minga, una ONG que tenía la intención de asesorar la organización. Opina que los indígenas “entraron a la selva en condiciones de debilidad logística”.

Lo que ocurrió fue que en el fin de semana previo a la salida de la minga, que debía ser para discutir sobre los problemas y peligros de la misión para tener prontas soluciones, no se aprovechó el tiempo para tales discusiones. En el sito donde estaban los awá preparándose para marchar, a la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) se le ocurrió hacer una asamblea de varios pueblos.

Entonces buena parte del tiempo se lo gastaron en discusiones políticas y faltó tomar decisiones sobre la peligrosa empresa que se iba a iniciar. Ni siquiera hubo tiempo para que los integrantes de Minga y la ONG Oxfam Gran Bretaña expusieran sus propuestas para reaccionar a las posibles dificultades y su apoyo se limitó a lo financiero y nada más.

Lo que se quedó en el aire no son cosas vanas. La minga partió sin tener un helicóptero disponible por si ocurre algún accidente con minas o si hay enfermos, pues el agua que les toca beber durante el recorrido proviene de ríos y quebradas no muy limpias. Ni siquiera está disponible una ambulancia en el sitio desde donde partieron. Y la comida estaba escasa, más aún después de varios días de camino, cuando se sumaron 300 indígenas de poblados por los que pasaron.

Además, cuando partieron estaban incomunicados y a merced de poder llegar a los escasos sitios donde hay señal de celular para reportarse. No hubo gestión oportuna de un equipo de comunicación satelital.

La Gobernación de Nariño dijo que acompañaba la misión de los indígenas, pero no dispuso ayudas logísticas. Y el ministro del Interior, Fabio Valencia, ofreció presencia militar y nada más. 

Suelo peligroso

Pero cualquier cosa puede ocurrir. Hasta este viernes por la tarde, Semana.com conoció que desde uno de los pocos sitios donde hay señal, reportaron que hay varios enfermos por el agua y que ya tuvieron que pasar por un campo minado que no sabían que existía. Aún no había un helicóptero para llevar más medicamentos, comida y para que lleguen los funcionarios de la Procuraduría que estaban en Pasto preparados para entrar a la selva.

Los marchantes saben que no deben tocar latas de gaseosas, cajas de jugo o frascos que encuentren porque en esos implementos suelen estar escondidas las minas. Deben estar pendientes de no ir a tropezar con un pedazo de nylon templado o pararse sobre arena removida porque también puede tratarse de minas antipersonal.

Si una mina explota, deben quedarse todos quietos y no mover al herido hasta que Fernando Vallejo, el único médico que va en la misión, lo atienda. Siempre deben caminar en fila, pisando donde pisen los primeros, que son los que conocen la zona. Y si alguno quiere ir al baño, debe ir acompañado por otros, pero sin alejarse mucho de la hilera.

Los campos minados vienen siendo atacados desde hace varios meses por los sabios de la comunidad indígena que, según cuentan, han trabajado con los espíritus de la selva para desactivarlas. Dicen que las minas están explotando solas y que las Farc han sentido un gasto por eso. Entonces están retomando la vieja y cruel práctica de cobrarles por mina que explote.

En esta minga, si alguno pisa una, debe pagarla, así quede herido, según cuenta el senador indígena Jesús Piñacué, que participa en la minga. El cobro por minas antipersonal lo han hecho las Farc durante los últimos dos años y cada una vale dos millones y medio de pesos. “Usted pasó por un sitio por el que no debía pasar”, es el pretexto para añadirle a la tragedia causada un daño más.

Los ojos de los marchantes deben ir pendientes del suelo para detectar las minas. Pero también porque si miran hacia los lados, los espíritus de la selva pueden abrazar al que desvíe su vista y eso causa enfermedades, según les advirtieron sus sabios maestros. También les dijeron que deben dudar de cualquier tropiezo porque en esa selva hay muchas serpientes y cuando ellas pican, se siente como un suave golpe con una piedra. Si eso ocurre, va un maestro que cura los dolores de la picadura de serpiente con sólo poner su mano, pero hay que evitar el insidente.

Y cuando vayan a tomar agua, deben primero hacer buches y escupirla y luego sí tomar, porque si no, les dan dolores como si tuvieran piedras en el estómago, según alertaron los maestros.

Prueba de fuego

Esas fueron las pocas recomendaciones que alcanzaron a hacerse en la corta reunión preparatoria de la minga. Mientras discutían esos pequeños detalles, apareció un indígena con un radio. “Estoy oyendo lo que dicen por FM”, advirtió.

La emisora de los indígenas, que se sintoniza por AM, estaba apagada. Extraño suceso que puso a los indígenas a pensar en que se trataba de alguien que quería conocer los detalles de cómo entrarían cientos de ellos a la selva. La transmisión sólo terminó cuando apagaron los equipos de amplificación. La guardia indígena de la Unipa no pudo establecer qué ocurrió, aunque tuvo indicios de un sospechoso que jamás volvieron a ver.

Pero los guardas estuvieron siempre atentos a situaciones que percibían extrañas. Es que con esta misión, están en prueba pues esta guardia indígena de la Unipa apenas tiene un mes de creada y acaba de emprender la minga más riesgosa que se recuerde últimamente en Colombia.

“Si todo sale bien, los awá ganan mucho porque les demuestran a los actores armados que son los dueños de su territorio y que lo conocen bien”, opina Francisco Bustamante, de Minga. “Pero si sale mal, todos perdemos porque habrá hechos trágicos. Si así ocurre, no hay que culpar a Unipa porque más irresponsable es no hacer nada y dejar que tragedias como la masacre sigan ocurriendo”, comenta.

Entonces ante la falta de garantías, los indígenas y su guardia deben obedecer muy bien las pocas recomendaciones, aunque no se puede descartar un accidente o una enfermedad. Sólo por mencionar un caso que no llegó a mayores consecuencias es que cuando apenas habían pasado dos horas después de partir los caminantes se devolvieron los señores Marín y Mélida, los padres de cinco de los masacrados.

“Me estaban temblando las piernas y sentía calambres. Todavía estoy como borrachita”, le dijo doña Mélida a Semana.com, ya recomponiéndose. Si su malestar hubiera ocurrido bien adentro de la selva, habría sido muy difícil sacarla de allí.

La debilidad de esta pareja de esposos ancianos puede explicarse por la desnutrición o por las dificultades del terreno. Pero doña Mélida da una razón más que expresa la tragedia de la guerra. “Nos toca quedarnos aquí porque igual no tenemos ya nada. Se acabó la familia y los animales que teníamos tal vez ya se los comieron los ejércitos que llegaron a la casa. No hay razones para volver”.

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