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| 12/4/2009 12:00:00 AM

Temen por seguridad del defensor de las víctimas del Palacio de Justicia

El abogado Jorge Molano, que lleva también el caso de la masacre de San José de Apartadó, lo están persiguiendo más de lo habitual.

El abogado Jorge Molano llevan varios de los casos penales más espinosos que tramita actualmente la justicia.

Es el representante de las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Su contraparte en este caso es el coronel Alfonso Plazas Vega, que está metido en graves líos judiciales.

También representa a las víctimas de la masacre de San José de Apartadó, en la que murieron cinco adultos y tres niños el 21 de febrero de 2005. En la investigación que se está haciendo por esta masacre están vinculados el general Héctor Jaime Fandiño y los coroneles Héctor Iván Duque, José Orlando Acosta y Orlando Espinosa. El 14 de diciembre hay audiencia de juzgamiento para 10 militares que ya están detenidos sindicados de tener responsabilidad en esta matanza.

El abogado Molano también está defendiendo a las víctimas de la Operación Dragón, que supuestamente estaba organizada por militares activos y en retiro para atentar contra el senador Alexander López, otros políticos, defensores de derechos humanos y sindicalistas de la empresa Emcali. En este proceso están involucrados los coroneles Julián Villate Leal y Germán Huertas.

Además, representa a los integrantes del sindicato de Emcali, Sintraemcali; del Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, Sintrateléfonos, y del Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol. En este caso, la demanda es contra el vicepresidente Francisco Santos por injuria y calumnia. Según dice en el proceso, el funcionario alguna vez calificó a estos sindicatos como auxiliadores del terrorismo.

Otro caso espinoso que lleva Molano es contra el candidato presidencial Germán Vargas Lleras y es también por injuria y calumnia. Gloria Cuartas, actual candidata al Senado, lo denunció. Según Cuartas, en las pasadas elecciones, cuando aspiraba alcanzar una curul en esa misma corporación, Vargas supuestamente llegó a la plaza de Paloquemao y les ordenó a sus escoltas arrancar la publicidad que su equipo de campaña había puesto. El argumento de Vargas, según la denuncia, fue que si el presidente Uribe supiera que en ese lugar había afiches de guerrilleros, se enojaría.

Esta misma candidata denunció a Fernando Londoño por decir que ella y la Comunidad de Paz de San José de Apartado eran auxiliadores de la guerrilla. El caso también lo lleva el abogado Molano.

Por último, están los procesos por posibles vínculos con paramilitares de los generales del Ejército Iván Ramírez Quintero, Carlos Alberto Ospina, Rito Alejo del Río y Julio Charry. Según Molano, los cuatro generales fueron señalados por los paramilitares ‘Salvatore Mancuso’ y Ever Veloza, alias ‘H.H’ de haber sido colaboradores de sus ejércitos ilegales en Antioquia y la Costa Caribe.

Como se ve, el abogado Molano está enfrentándose contra pesos pesados a nombre de las víctimas que defiende. Eso ha despertado muchos odios en su contra. Por eso, tiene que andar con un esquema de seguridad conformado por escoltas, carro blindado y, muchas veces, chaleco antibalas.

Las personas que están a cargo de su seguridad detectaron en las últimas semanas riesgos más extraños que los habituales. El primero de diciembre, sus escoltas se enteraron de que varias personas vestidas de civil habían ido a la portería del edificio donde vive Molano a preguntar por él en tres ocasiones. Según se conoció, estas personas salen rápido cuando el portero les pide que se identifiquen y llama por el citófono para saber si hay alguien en la casa del abogado.

Molano sabe que su celular está interceptado. En el expediente de los espionajes del DAS que está investigando la Fiscalía, consta que las comunicaciones del abogado están intervenidas desde 2004. Pero “durante el último mes, se escuchan más interferencias y más ruidos cuando hablo por teléfono. La llamadas duran máximo un minuto y después se caen”, le dijo Molano a Semana.com.

Su esposa, que es investigadora de asuntos relacionados con los derechos humanos, también se ha sentido perseguida. Según sus versiones, el 7 de septiembre, más o menos a las 11 de la mañana, salió de una reunión en las oficinas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Cuando iba caminando por la carrera séptima hacia el norte, se dio cuenta de que la seguía “un hombre alto, acuerpado, de cabello corto, trigueño, cara afilada, vestido con camiseta blanca con rayas azules y pantalón de jean”, tal y como lo describe.

Asustada, ingresó a una cafetería, donde, por fortuna, había mucha gente y pudo escabullirse. Sin que él se diera cuenta, ella vio que el hombre entró, como buscando al alguien entre la gente y luego salió.

Una semana más tarde, el 14 de septiembre a eso de las 7 de la noche, se sintió perseguida otra vez por “un hombre corpulento, que tenía un pantalón negro, una chaqueta muy clarita, zapatos negros, era moreno, cabello negro, su corte tenía entradas en la frente, cara redonda y nariz grande”, según la descripción que hizo la esposa de Molano. El hombre caminó tras ella durante varias cuadras, pero no la agredió.

El esquema de seguridad de Molano ha notado la presencia de personajes similares cuando lo llevan en el carro blindado a la oficina. Según el abogado, “son hombres corpulentos, con corte de pelo militar y hacen movimientos cuando llego a la oficina. Tienen una actitud como de vigilancia. Mis escoltas ya le informaron al DAS desde julio”.

La seguridad de Molano en un asunto que preocupa mucho a las víctimas que defiende. Por eso, decidieron hacer la denuncia pública ante los medios de comunicación y han llevado las quejas al Ministerio del Interior, para que mejore la seguridad del abogado, y ante la Fiscalía, para que investigue qué pasa. No ha habido respuesta todavía.

Entre las quejas, hay comentarios que aparecen en artículos de los medios de comunicación sobre el proceso del Palacio de Justicia. En algunos, dicen que Molano “da asco”, “huele a terrorista, a apartida, a dinero de los infelices secuestrados que le abonan seguramente cada quincena sus patroncitos del monte”.

Y alguien que se ha identificado como Alberto Acosta ha escrito en sitios de Internet que “queremos dejar constancia de que si algo nos sucede a nosotros o a algunos de nuestros familiares, responsabilizamos a la juez y a su asesor, el abogado Jorge Molano, que nuestra sangre caiga sobre estos personajes”.

Estas situaciones vienen denunciándose desde julio. El gobierno está en mora de ordenar la investigación de los posibles autores del amedrentamiento para que las autoridades pertinentes encuentren a los responsables de amenazarlo y espiarlo a él y a su esposa.
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