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La Procuraduría General de la Nación abrió pliego de cargos contra el ministro de la Protección Social, Diego Palacio.
El organismo de control basa su decisión en posibles irregularidades en el contrato 462 de 2008, mediante el cual el Ministerio de la Protección Social accedió a los servicios de la asociación Centro de Gestión Hospitalaria.
Las averiguaciones hechas por la Procuraduría, hasta ahora, dan cuenta de que “tanto el representante legal y otros miembros del equipo de trabajo se encontraban, al parecer, inmersos en conflicto de intereses, por cuanto de manera simultánea representaban intereses particulares al hacer parte de las juntas directivas de Salud Colpatria S.A. y la Nueva EPS S.A.”, según dice en documentos del organismo de control.
El Centro de Gestión Hospitalaria fue contratado para asesorar a la cartera en el cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008, emitida por la Corte Suprema de Justicia y la elaboración de los decretos emitidos durante la Emergencia Social declarada por el Gobierno a finales de 2009 para buscar salidas al problema financiero del sistema de salud.
En aquel fallo, el tribunal le ordenó al gobierno, entre muchas cosas, igualar los planes de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, asegurar la cobertura de toda la población en salud y dejar muy claro qué debe estar cubierto por el Plan Obligatorio de Salud y así evitar que los usuarios tengan que acudir a la acción de tutela para lograr la atención médica a la que tienen derecho.
Las decisiones que se tomaran para cumplir la sentencia posiblemente iban a afectar las finanzas y el funcionamiento de las EPS. Por eso, “para el Ministerio Público, se vulneró el principio de moralidad al haberse autorizado y permitido la suscripción y ejecución del referido contrato, cuando los miembros del equipo de trabajo de esta Asociación, incluido su representante legal, tenían interés en las decisiones que debía adoptar el Ministerio de la Protección Social frente al cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008”, según dice en un comunicado emitido por la Procuraduría.
La Procuraduría también decidió investigar a la directora general de Financiamiento del Ministerio de la Protección Social, Luisa Fernanda Bellini Pérez, y al director general de Gestión de la Demanda en Salud, Leonardo Cubillos Turriago.
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