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Hace una semana el senador Alfonso Valdivieso hizo una denuncia que escandalizó a periodistas, académicos y líderes de opinión. Palabras más, palabras menos, insistió en que el gobierno estaría buscando reducir el censo electoral para facilitar el paso por las urnas del referendo reeleccionista. "Todo parece indicar que incluirán esta propuesta en la ley estatutaria que reglamenta la reforma política", dijo.
En el Congreso y fuera de él, todo el mundo tomó en serio la denuncia de Valdivieso. Al fin y al cabo, la cuestionada votación de la conciliación del referendo, que permitió que este saliera invicto del Congreso, ratificó que en política todo es posible. Por si fuera poco, dejó ver que algunos sectores del uribismo están dispuestos a cualquier cosa con tal de que la segunda reelección se convierta en realidad.
¿Qué significa reducir el censo electoral y qué tan posible es? En plata blanca, este censo corresponde a la gente que puede votar, que en Colombia asciende a 29.457.190 personas. Según la ley, para que los votos de un referendo se puedan contar, este tiene que pasar un umbral que es la cuarta parte del potencial electoral. Eso se traduce en que, para que el referendo reeleccionista pase, se necesita que al menos 7.364.297 ciudadanos voten y que la mitad más uno de ellos lo haga a favor.
Es innegable la necesidad de depurar el censo electoral, tarea que no se hace en el país hace casi 20 años. El propio registrador nacional Carlos Ariel Sánchez ha insistido en ello y ha dicho que en la actualidad hay cerca de un millón de muertos que aún hacen parte del potencial electoral. A ellos se suman las cédulas de varios miles de miembros de la fuerza pública y de presos sindicados que, constitucionalmente, no pueden votar.
Pero una cosa es depurar el censo y otra es reducirlo a las patadas con fines electorales de coyuntura. No en vano sectores del gobierno y del uribismo estarían promoviendo que el año entrante sólo voten quienes lo hicieron en la elección presidencial de 2006 (12.041.737), más aquellos que se han cedulado desde entonces (cerca de cuatro millones). Eso supondría que el nuevo censo electoral sería cercano a 16 millones de votos de habitantes y que el umbral para pasar el referendo rondaría los cuatro millones de votos. De ellos, y para que la reelección se dé, la mitad más uno tendría que ser por el sí. Esto significa que, con esta fórmula, el referendo necesitaría la mitad de votos que se exige hoy día para que sea aprobado.
La senadora Elsa Gladys Cifuentes hizo esta propuesta hace 15 días. Así mismo, el ministro Valencia Cossio la mencionó en una reunión con la bancada uribista y se la sugirió, sin éxito, a Samuel Arrieta, presidente de la comisión primera del Senado. Lo que no consideraron, ni la parlamentaria ni el Ministro, es el carácter antidemocrático de la iniciativa: si esta se llevara a cabo, se quedarían por fuera del censo electoral alrededor de 14 millones de ciudadanos que -por alguna razón- no votaron en las elecciones de 2006.
El desespero de algunos uribistas por reducir el censo electoral se debe en parte a que el gobierno tuvo una mala experiencia con el referendo que promovió en 2003. En ese entonces, sólo una de 15 preguntas, la que declaraba la muerte política a los corruptos, tuvo los votos suficientes para pasar el umbral y ser aprobada. Inmediatamente el gobierno salió a culpar al censo electoral.
Así como es oportunista querer reducir el censo antes de que se vote el referendo reeleccionista, también lo es querer hacerlo en la ley estatutaria que reglamenta la reforma política y que se debate actualmente. No en vano esta lleva un mensaje de urgencia al Congreso y puede ser tramitada en la mitad del tiempo.
Los problemas para la ley podrían venir en le Corte Constitucional. Expertos como Juan Fernando Londoño, del Pnud, insisten en que no es legal modificar el censo en la ley estatutaria. En últimas, la reforma política se hizo sobre tres temas: financiación de los partidos, democracia interna de los mismos y sanciones a los que tengan miembros que hagan parte de la ilegalidad o estén relacionados con ella. "El censo electoral no cabría en esta ley", dice.
Políticos de diferentes orillas se han unido a las voces de académicos y líderes de opinión para rechazar la idea de reducir el censo en este momento. La semana pasada, las bancadas parlamentarias, el Polo Democrático y el Partido Liberal dejaron constancias en este sentido. Lo mismo hicieron uribistas como Samuel Arrieta y Armando Benedetti, quienes calificaron la propuesta de burda e indecorosa.
La ley que reglamenta la reforma política se comenzará a discutir en las próximas semanas. Depurar el censo electoral es necesario, pero tratar de reducirlo con maniobras seudojurídicas con fines claramente políticos es quitarle aún más legitimidad al referendo.
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