La rebelión de las capitales

Hace 13 años la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) sobrevivía en un local prestado, andaba atrasada en sus salarios y dependía de las cuotas que de cuando en vez pagaban los municipios. En ese momento si una ciudad como Bogotá se hubiera desafiliado, como acaba de suceder, habría causado un gran impacto para la Federación. No sólo por los 50 millones de pesos que le gira al año por estar afiliado, sino también por su importancia y su peso político. Pero las cosas han cambiado.

Hoy trabajan allí más de 50 personas, tiene piso y medio en el centro financiero de Bogotá y un presupuesto anual de más de 6.000 millones de pesos. Además, en su misión de mejorar las condiciones de vida en los municipios, tiene una capacidad de cabildeo ante el gobierno y el Congreso envidiable. Es decir, hoy que tiene dinero y poder, se da el lujo de enfrentarse con la ciudad de Bogotá, y desestima su salida. "Los alcaldes no se la van a jugar a una división", dice confiado Gilberto Toro, director ejecutivo de la entidad y artífice de su transformación.

Pero Toro, que ha sido reelegido siete veces y es considerado el 'zar' de los municipios, puede haberse equivocado esta vez. Después de Bogotá, otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, anunciaron que estudian separarse de la Federación.

El florero de Llorente es uno de los controvertidos contratos de administración de recursos públicos que le dan a la Federación un flujo adicional de caja de 12.000 millones de pesos al año. Se trata del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Este sistema es una base de datos de deudores de multas con una ventanilla en las oficinas de tránsito del país, cuyo paz y salvo es necesario para cualquier diligencia, y si el interesado aparece registrado, puede pagar la deuda en ese lugar. Por administrar el Simit, Fedemunicipios cobra 10 por ciento de lo recaudado, así ese sistema no intervenga.

Las alcaldías han caído en la cuenta de que tales pagos en esas condiciones son ruinosos, y dudan de su legalidad. Las tres últimas administraciones de Bogotá se han negado a pagar y decidieron dejar el asunto en manos de la justicia. Lo nuevo es que ésta la condenó a pagar una cifra que indexada supera 80.000 millones de pesos. Además, la decisión despertó dudas de forma y llevó a que la Alcaldía denunciara a los magistrados ante el Consejo Superior de la Judicatura, y a Toro por peculado, por considerar que está cobrando dineros públicos que no le corresponden.

La controversia puso de nuevo a Toro en el foco, pues este es el segundo debate que enfrenta por las que la Federación llama "funciones públicas delegadas". El otro se suscitó por un servicio de ambulancias aéreas en todo el país, por cuatro billones de pesos. En ese caso las diferencias se presentaron con el gobierno nacional y aún no se resuelven.

En ambas ocasiones la Federación ha logrado administrar estos proyectos gracias a sutiles ajustes en la ley, por lo que algunos consideran a Toro el 'hombre de los micos'. Él asegura que no se puede llamar así a unos servicios que la Federación asume cuando el Estado no los atiende. "Somos audaces e innovadores", dice.

¿Para qué necesita tanto dinero esa Federación? Toro asegura que necesita crecer al menos cinco veces para cumplir sus metas. El temor es que la capacidad de cabildeo de la entidad se esté traduciendo en multimillonarios negocios para un puñado de contratistas seleccionados bajo sus criterios, algo que Toro niega.

Fedemunicipios ha hecho un gran trabajo y sin duda ha aportado a la descentralización del país. No hay duda de su prestigio y del de Toro como su director, a quien respaldan organismos de cooperación internacional. Pero las diferencias con sus asociados, en este caso Bogotá, y otras ciudades, pueden generar un daño irreparable. n

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