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Cuando se habla de hacer una reforma política, la gente piensa que se trata de transformar la ley para mejorar la estructura de la democracia en el largo plazo. Pero al revisar el articulado de la reforma que fue aprobada en sexto debate esta semana en la Cámara, la conclusión es demoledora: se trata de cambiar la Constitución para satisfacer necesidades coyunturales de las mayorías uribistas en el Congreso y del gobierno mismo. "Esta reforma es un retroceso, permite el transfuguismo, no depura el poder y atenta contra el fortalecimiento de los partidos. Es vergonzosa", dice la politóloga Elizabeth Ungar, directora de Congreso Visible.
Hace dos años, la crisis de la para-política obligó al gobierno a presentar una reforma para sancionar a los partidos cuyos miembros tuvieran relación con grupos ilegales. Se establecían duros castigos para los partidos, como aplicar la 'silla vacía', consistente en la pérdida de las curules de los investigados; reintegrar los recursos que hubieran recibido por reposición de votos y quedarse sin personería jurídica en caso de que más del 50 por ciento de sus curules resultaran condenadas. Pero, en 2008, un año después de presentarla, el gobierno se encargó de hundirla: quería evitar que congresistas uribistas presos perdieran su derecho al voto y que dos de los partidos de su coalición, Colombia Viva y Colombia Democrática, se quedaran sin personería.
En la reforma actual, y a la que sólo le quedan dos debates, el castigo a los partidos es prácticamente inocuo. Penalidades como la devolución de dineros y la pérdida de la personería se dejan en el aire para ser reglamentados después. Y la 'silla vacía' no se aplica a los congresistas que tengan investigaciones vigentes antes de que entre en vigencia la reforma. ¿Por qué si la reforma busca ser ejemplarizante, las sanciones no se le impondrían a los investigados que continúan en el Congreso? En el hecho de que la mayoría de ellos sean uribistas y en el afán de sacar adelante la reelección, está la respuesta.
Hay otro elemento que evidencia el interés del gobierno en utilizar la reforma para sumar mayorías a su favor. En el primer parágrafo del articulado, se les da la posibilidad a los congresistas de que, en los dos meses después de que este entre en vigencia, cambien de partido político. Eso es elevar a categoría constitucional el 'voltiarepismo político' gracias al cual el gobierno garantizaría que congresistas y políticos regionales puedan cobijarse bajo la sombrilla uribista sin caer en la figura de la doble militancia. La decisión es una suerte de puñalada a la Ley de Bancadas que con bombos y platillos se aprobó en 2003 como la redención de los partidos. En la vida real, al uribismo, como gran potentado burocrático, se le da vía libre para que conquiste los afectos de parlamentarios de Cambio Radical y del Partido Liberal.
Por si fuera poco, en otro punto de la reforma, y sin argumentos, se prohíben las coaliciones entre movimientos ciudadanos y partidos políticos. En la práctica esto implicaría que candidatos como Sergio Fajardo o Marta Lucía Ramírez, que se inscribirán por movimientos avalados por firmas, no podrían aliarse con los partidos existentes para competir por la Presidencia. "Es una reforma hecha sobre la marcha para favorecer a quienes están en el poder", insiste Ungar.
Pero abrirle espacios a la reelección presidencial no ha sido la única motivación de la aplanadora uribista para jalonar la reforma. La otra es la de limitar la competencia a nuevos candidatos que quieran llegar al Capitolio. El aumento del umbral electoral del 2 al 3 por ciento hace más difícil que movimientos independientes como Mira y Por el País que Soñamos puedan convertirse en partidos. En ese mismo sentido, la reforma les cierra el paso a concejales y diputados que quieran aspirar al Parlamento y los obliga a renunciar un año antes a sus cargos, es decir, todos los que están hoy en ejercicio, a 10 meses de las elecciones, ya están inhabilitados.
Tres cosas son rescatables de la reforma: una, que cuando el voto en blanco sea la mitad más uno, se deberá repetir cualquier elección popular; dos, que el voto de los congresistas a los proyectos será nominal y público, y tres, que acaba con las suplencias temporales de congresistas. Pero esto no es suficiente para generar un cambio estructural en la democracia colombiana. Al proyecto aún le quedan dos debates, y la mayoría de los artículos aprobados deja ver que detrás del ímpetu con que sus escuderos lo han defendido hay objetivos de corto plazo. Y no se necesita ser un experto para saber que uno de ellos es fortalecer las mayorías uribistas en el Congreso y, de paso, sacar adelante la reelección.
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