En 2007 varios municipios de la costa caribe sufrieron inundaciones por culpa de las torrenciales lluvias | Foto: Juan Carlos Sierra

damnificados

Con el agua al cuello

En diciembre de 2007 el departamento de Bolívar contrató la compra de medicinas, alimentos y elementos de aseo para los damnificados del invierno. La mayoría de las ayudas se pudren en unas bodegas en Cartagena. Los contratistas demandan por cuatro mil millones y el invierno 2008 ya llega.

Tadeo Martínez, corresponsal de Semana en la Costa Caribe
23 de septiembre de 2008

El gobernador de Bolívar, Joaco Berrío Villarreal, tiene -literalmente- el agua al cuello por cuenta de las deudas que contrajo la anterior administración para ayudar a las víctimas del invierno de 2007 en el departamento. Una Ong y una Fundación, reclaman el pago de más de cuatro mil millones de pesos por concepto de medicinas, alimentos e implementos de aseo comprados en diciembre para mitigar el impacto de las inundaciones.

Después de declarar la calamidad pública y la urgencia manifiesta, el Comité para la atención de Emergencias y Desastres de la administración de Libardo Simancas Torres, aprobó un plan de contingencia para enfrentar la emergencia originada por la ola invernal. Se surtieron los trámites legales para la compra de las ayudas a los damnificados y, presuntamente, entre los días 27 y 30 de diciembre las funcionarias encargadas del almacén en la secretaría de salud departamental, firmaron actas en las que informaban haber recibido e ingresado al almacén en su totalidad los bienes contratados.

La gobernación suscribió siete contratos por diferentes valores con la fundación Trabajar por Colombia y con Gestocoop, los demandantes. La oficina jurídica del departamento, le ha sugerido al gobernador Berrío que no los pague porque existen dudas sobre su legalidad. En marzo, después de terminar de hacer inventarios y cuando los contratistas presentaron las cuentas, el gobierno departamental solicitó la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.

La Procuraduría en visita realizada el 28 de marzo de 2008 solicitó los inventarios y las actas de entrada y salida de las medicinas y mercados adquiridos. Existe contradicción entre el secretario de salud de la época, Walter Jiménez, y las funcionarias Betty Mercado, coordinadora del Programa de Emergencias y Desastres, y la jefa de almacén, Lunela Palis. Mientras Jiménez dijo que los contratistas entregaron las ayudas el 24 de diciembre, Mercado dice que se recibieron el 27 y Palis el 30, con salida el mismo día. Las funcionarias, al ver la comisión de la procuraduría elaboraron unas actas con fecha de 27 y 30 de diciembre, pero no se percataron que el sistema arrojó como fecha de elaboración de las actas el 28 de febrero de 2008, día de la visita de los funcionarios del ministerio público.

Lo grave es que los treinta mil afectados por el invierno, habitantes de Calamar, Soplaviento, Arjona, San Cristóbal, Margarita, Cicuco, San Jacinto del Cauca, Talaigua Nuevo, Peñón, Soplaviento y Margarita, no recibieron ni los mercados, ni las medicinas. Hoy, los mercados, unas panelas, fríjoles, lentejas, arroz, café, atún, sal, harina de trigo y útiles de aseo, se pudren en unas bodegas de los contratistas. Las medicinas están en las neveras de otro contratista.

Un hecho preocupante para la administración lo constituye el que la ONG y la cooperativa tengan ante la Cámara de Comercio como capital suscrito, cero peso. ¿Con qué responden? Y tampoco tienen dirección de notificación judicial.

La Contraloría, en un control de advertencia, dijo que para evitar un detrimento patrimonial no se debían pagar los contratos, porque la no entrega de los medicamentos adquiridos a las personas censadas como damnificadas por la emergencia invernal, deslegitima la declaratoria de emergencia manifiesta.

La administración departamental considera que no puede hacer uso de bienes e insumos adquiridos de manera ilegal, y lo es -según el jefe de la oficina jurídica- Johan Toncel, cuando se contrata con empresas no autorizadas para distribuir y comercializar medicamentos. Una mala señal para los funcionarios de la administración lo constituyó el hecho de que en el empalme no se hubieran mencionado los contratos, la deuda y la existencia de los mercados y contratos en las bodegas de los contratistas. Se supo que existía la obligación cuando presentaron la cuenta, en febrero.

El exgobernador Libardo Simancas, en diálogo con Semana.com, sostiene que las razones de la actual administración son sólo excusas, pues para contratar una urgencia manifiesta no se necesitan requisitos adicionales, sólo que alguien pueda suministrar los elementos incluidos en la emergencia. Y la gran dificultad, según Simancas, es que a un departamento como Bolívar nadie le fía. Dice que también es falso lo afirmado por la administración actual cuando señala que en el empalme no se había incluido este contrato, pues el gobierno departamental en febrero de 2008 hizo las reservas presupuestales y dijo que los siete contratos cumplían los requisitos.

Mientras la actual administración utiliza lo expresado por la Contraloría en un sentido, Simancas también lo usa en defensa de su administración señalando que no se está cumpliendo con el principio de oportunidad contractual. El exgobernador Simancas sostiene que lo que el gobernador Berrío no ha tomado medidas al respecto, a la espera de un pronuciamiento de los entes de control, lo cuál en últimas perjudica las arcas de la ciudad y a los damnificados. “Solicite que abran investigación, pero no espere que organismos de control coadministren”, dijo Simancas. “Yo no me he inventado unos damnificados, ni el invierno. Allí están las medicinas, los alimentos y los elementos de aseo, úselos para los damnificados”, concluyó Simancas.

Finalmente el exgobernador, ante la pregunta de si tiene conocimiento de que los insumos tienen sobreprecios, dice que esa es otra excusa porque el secretario de salud de la época certificó que esos eran los precios del mercado. Simancas le dice a Berrío: “Diga la verdad, ¿Por qué no quiere pagar si se hicieron las reservas y se cumplen los requisitos?”

Los dilemas de Berrío son varios. Si liquida y paga el contrato, incurriría, según la oficina jurídica, en celebración de contratos sin el lleno de los requisitos; si no se hace uso de los elementos, los cuales nunca han estado bajo custodia del departamento sino del contratista, podría configurarse un detrimento fiscal. Y si se hace uso de los elementos y no se paga hasta tanto no exista pronunciamiento de autoridad judicial, correspondería al departamento pagar los perjuicios en caso de triunfar las pretensiones de los demandantes.

Año tras año, los habitantes de los pueblo ribereños del Cauca, Magdalena, San Jorge y Canal del Dique en Bolívar, son golpeados por las inundaciones y todos los años se declaran urgencias manifiestas para ayudar a las víctimas del invierno. Los inviernos se repiten y las ayudas no sólo no llegan, sino que se pagan con sobreprecios y se quedan atascadas en los remolinos de una burocracia inescrupulosa.

En los últimos años lo único previsible han sido los inviernos (dos al año) y las administraciones, una tras otra, han sido incapaces de hacer las obras que eviten los inundaciones y las pérdidas de vidas, cultivos y bienes. Y lo que es peor, con la excusa del invierno contratan con sociedades que sí le fían al departamento, pero que no reúnen los requisitos. ¿Por que será que Bolívar se ha desacreditado tanto?