Ecuador: fiscalía defiende indagación a funcionarios colombianos

"Los actos jurídicos del Fiscal General del Estado (Washington Pesántez) y la Fiscalía no validan criterios políticos y no contemplan agresiones o persecución contra las personalidades colombianas que han sido aludidas en la causa penal que se investiga y, por lo tanto, no les causa ofensa", señaló la fiscalía de Ecuador en un comunicado.

Esa entidad indaga el caso de la incursión colombiana a territorio ecuatoriano del 1 de marzo de 2008 para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una operación en la que murieron 25 personas, incluido el jefe rebelde Raúl Reyes y un ecuatoriano.

La nota de prensa indicó que la fiscalía investiga "la presunta culpabilidad de quienes ordenaron un ataque al territorio nacional" y que esa causa "se ajusta clara y terminantemente a las normas legales vigentes en el Ecuador donde no existe la pena de muerte y se sanciona a quienes comenten homicidio".

La declaración se realizó como respuesta a un pronunciamiento del ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, que el jueves dijo que "no ahorrará esfuerzos" en la defensa de funcionarios públicos y miembros de las fuerzas armadas ante "inaceptables e injustificadas agresiones" de la Fiscalía de Ecuador.

Esas afirmaciones de Silva salieron al paso de recientes declaraciones del fiscal general ecuatoriano Pesántez, quien había dicho que su despacho no descartaba eventuales apertura de procesos o la inclusión de generales colombianos o del propio presidente Alvaro Uribe en la investigación, que ya indaga al ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos.

En Bogotá, Silva ratificó que su despacho, junto con la cancillería y la presidencia trabajan "afinando esa estrategia de defensa jurídica internacional. Tenemos una estrategia de Estado para enfrentar agresiones jurídicas del fiscal del Ecuador".
Dijo a reporteros que una de las líneas de trabajo es "enfrentar la justicia 'espectáculo'...no queremos que se haga política con la justicia, no queremos que se haga política en el exterior para agredir a Colombia mediante actos aparentemente judiciales".

Dijo que se emplearán los recursos legales y económicos necesarios para defender a todos los funcionarios y militares "que cumplieron con su deber y ahora estarán protegidos por el Estado".

A fines de junio, un juez ecuatoriano ordenó la aprehensión del ex ministro colombiano Santos, a quien la fiscalía ecuatoriana acusa por "presunto delito contra la vida" al considerar que "planificó, dirigió y ordenó" el operativo militar del marzo de 2008.

Interpol declinó emitir la orden de localización asegurando que sus estatutos internos le prohiben expresamente "participar en cualquier asunto que tenga carácter predominantemente político, militar, racial o religioso".