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| 3/24/2009 12:00:00 AM

El gobierno se defiende en varios frentes ante la CIDH

El gobierno del presidente Alvaro Uribe defendió el lunes la libertad de expresión en Colombia, que según algunos denunciantes está amenazada por afirmaciones "intimidatorias" del propio gobernante sobre el trabajo de ciertos periodistas en el país.

Los críticos indican que el mandatario colombiano es especialmente incisivo cuando se siente incomodado por la cobertura de la campaña contra grupos armados irregulares.

"Simplemente mañana, en toda la prensa colombiana se reportará de estas audiencias con absoluta libertad", declaró el embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Camilo Ospina, en una afirmación que trató de refrescar la existencia de una política de apego del gobierno de Uribe a la libertad de prensa.

"Muy bien... Esperemos", dijo riéndose el comisionado Víctor Abramovich, presidente de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que celebraba en la jornada una de varias audiencias sobre diversas áreas en Colombia, incluidas las libertades de expresión y asociación sindical, y casos temáticos como de desplazamientos en comunidades afro-colombianas y la situación de los pueblos indígenas.

La CIDH, órgano autónomo de la OEA, no emite una opinión inmediata en este tipo de audiencias, que en algunos casos sirven para avanzar decisiones a otro nivel o solamente como acontecimientos informativos.

En la audiencia sobre libertad de expresión estuvo presente el periodista Hollman Morris, a quien según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, peticionarios de la vista, Uribe y otros funcionarios del gobierno colombiano habían ligado a la guerrilla de las FARC por haber ignorado reglas oficiales de cómo trabajar en zonas de combate.

Carlos Franco, director del programa presidencial para derechos humanos, dijo que en Colombia "no hay periódicos ni emisoras oficiales" y que "nosotros somos conscientes del papel que juega para el fortalecimiento de la democracia la existencia de una prensa libre".

Rafael Barrios Mendívil, del colectivo de abogados, dijo que "las graves afirmaciones" no sólo de Uribe sino del vicepresidente Francisco Santos y miembros del gabinete ministerial habían motivado "preocupaciones" de dirigentes y periodistas en el país.

Paolo Sergio Pinheiro, miembro de la CIDH, dijo que después de haber oído a peticionarios y miembros del gobierno en diversas audiencias durante el día le parecía que "todo se trataba de un sólo país", pero descubrió que "parecía haber dos países" cuando se abordó las relaciones laborales en Colombia con posiciones de las partes totalmente opuestas.

"Comisionado Pinheiro: Yo creo que leemos distinto, pero leemos lo mismo", dijo Ospina en evidente desacuerdo con la observación del jurista brasileño.

Las controversias sobre seguridad de los sindicalistas ha demorado la aprobación por el Congreso de Estados Unidos del tratado de libre comercio con Colombia.

Gloria Beatriz Gaviria, del ministerio de Protección Social, dijo que de los casos que denunció como "admisibles" la Escuela Nacional Sindical, la Unidad Nacional de Derechos Humanos había identificado "con todos los datos" 494 casos, de los cuales 478 son de homicidios.

"Por consiguiente, todo lo que está reportando la ENS no son necesariamente homicidios sino que también hay otros delitos", dijo.

Luego de la búsqueda de datos, a septiembre deL 2007 se habían abierto formalmente 64 casos y en la actualidad hay 221. En septiembre de ese mismo año había solamente 15 acusaciones de los fiscales y "hoy tenemos 95 acusaciones", agregó.
 
Por NESTOR IKEDA
WASHINGTON (AP)

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