Jueves, 19 de enero de 2017

| 2009/02/13 00:00

Violencia contra sindicalismo puso a debatir a la Cámara de E.U.

En la audiencia contrastaron los testimonios: unos dijeron que el gobierno de Uribe no ha avanzado en la protección de los sindicalistas y otros que sí se ha reducido esta violencia contra los trabajadores. Dijo el congresista convocante George Miller que el debate busca un TLC que haga valer los derechos sindicales en Colombia.

Luciano Sanín de la Escuela Nacional Sindical dijo que desde enero de 1986 y hasta el 31 de diciembre de 2008 han sido asesinados 2.694 sindicalistas en Colombia.

Un grave cuestionamiento a la protección de los sindicalistas en Colombia tuvo lugar ayer por mañana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. En una audiencia en el Comité de Educación y Trabajo presidido por el demócrata George Miller, se criticaron las políticas del gobierno colombiano para combatir la violencia contra los dirigentes sindicales y la impunidad en que han quedado muchos de los homicidios de trabajadores.

“En las últimas dos décadas, Colombia ha sido el país más peligroso del mundo si se quiere formar parte de un sindicato. En algunas ocasiones, ha habido más trabajadores asesinados anualmente en Colombia que en los demás países sumados”, dijo Miller al abrir la sesión. Y citó fuentes que sostienen que “la impunidad en torno a esos homicidios continúa en el 95 por ciento”.

Miller dejó claro que la audiencia no había sido convocada para oponerse al Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por Colombia y Estados Unidos en noviembre de 2006 y cuya aprobación o rechazo está aún pendiente en el Congreso estadounidense, sino para lograr una verdadera protección de los derechos laborales en el país y establecer quién ha matado a los sindicalistas.

Las amenazas y la violencia que sufren los sindicalistas colombianos han sido razones por las cuales el Congreso de Estados Unidos, de mayoría demócrata, ha expresado sus reservas frente al TLC. El presidente Barack Obama también comparte esas reservas, según dijo el miércoles en la Casa Blanca su secretario de prensa Robert Gibbs.

En la audiencia de ayer también intervino Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, una ONG con sede en Medellín. “En los últimos 23 años, un sindicalista ha sido asesinado en promedio cada tres días. Desde enero de 1986 y hasta el 31 de diciembre de 2008 han muerto 2.694”, dijo.

Sanín, que compareció como uno de los cuatro testigos citados por Miller, aseguró que la violencia contra los sindicalistas aumentó el año pasado un 25 por ciento con respecto a 2007, y añadió que durante la presidencia de Uribe han encontrado la muerte 482.

Otro de los testigos fue Yessika Hoyos, una mujer de 25 años que al contar la historia del asesinato de su padre les puso los pelos de punta a los presentes. “Mi papá. Jorge Darío Hoyos Franco, cayó víctima de dos sicarios el 31 de marzo de 2001”, le dijo a SEMANA.

“Los responsables fueron condenados, y los perdono porque eran jóvenes sin dinero. Mucho después el condenado fue el autor intelectual del homicidio, un ex miembro de la fuerza pública que para entonces ya había muerto. El gobierno presentó esta última sentencia como un triunfo de la justicia. Para mí no lo es. Quiero saber la verdad. En Colombia, la muerte a sindicalistas es una política de Estado”, afirmó.

El ex juez José Nirio Sánchez y María McFarland, investigadora de la ONG estadounidense Human Rights Watch, también acudieron a la cita. Sánchez se quejó de las dificultades que tuvo en su carrera judicial para sancionar a los responsables de este tipo de delitos, y María McFarland subrayó que en Colombia los fiscales especializados no investigan la mayoría de los casos reportados y sacó a colación los llamados ‘falsos positivos’ y las ejecuciones extrajudiciales. Para ella la aprobación del TLC no contribuiría a mejorar la situación de los trabajadores colombianos.

En defensa del gobierno fue convocado por Miller un solo testigo: James Roberts, del instituto de pensamiento conservador Heritage Foundation, que funciona en Washington. Roberts hizo una cerrada defensa de Uribe y recordó las cifras que reflejan la reducción de los homicidios y los secuestros en los últimos seis años. Según él, Colombia libra una lucha a favor de la prosperidad y el modernismo, y la aprobación inmediata del TLC por parte del Legislativo estadounidense traería ventajas para los dos países.

Roberts lo pasó mal en el turno de preguntas, cuando el representante demócrata Robert Andrews, de Nueva Jersey, reiteró las cifras de impunidad y cuestionó la eficiencia del gobierno colombiano. “Un gobierno así”, le dijo, “es cuando menos ineficiente, indiferente, e incluso cómplice”.

Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que estuvo presente como un ciudadano más, le indicó a SEMANA que las estadísticas esgrimidas son la prueba de que “no ha habido verdaderamente avances en la lucha contra la violencia que afecta a los sindicalistas en Colombia”.

A lo largo de la audiencia, la embajadora Carolina Barco se sentó en primera fila. No habló en ningún momento pues no se acostumbra que los embajadores lo hagan. No obstante, Miller, que anticipó nuevas audiencias sobre el tema, dijo que ella le entregó un informe que se anexará al acta.

Al terminar la sesión, la embajadora señaló que los datos expuestos por Sanín y McFarland no tienen en cuenta los progresos hechos por el gobierno desde el año 2002, como por ejemplo el cambio en el sistema judicial y la creación de unidades especializadas en la Fiscalía. Todo ello para agilizar la acción de los jueces y luchar contra la impunidad.

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