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Lo que varias familias vallecaucanas celebran le confirma al país una maldición que ha tenido que cargar durante casi tres décadas: el caso Foncolpuertos.
Mientras ellos festejan que de forma súbita un fallo judicial ordenó en algunos casos que sus ingresos pasaran de seis a 20 millones de pesos mensuales, los encargados de la defensa del Estado miran cómo contienen el boquete abierto con la decisión. "Es aberrante lo que está pasando por cuenta de interpretaciones amañadas de los jueces", dice Carlos Arturo Gómez, coordinador de un grupo especializado del Ministerio de la Protección Social que desde hace varios años atiende el caso.
El escándalo de Foncolpuertos se convirtió en una vena abierta para el Estado por la cual una telaraña de jueces, abogados y calanchines logró que se reconocieran pensiones millonarias e irregulares que le significaron al país un desfalco superior a dos billones de pesos.
Como respuesta, el gobierno creó ese grupo especial de abogados para defender al Estado y sus gestiones empezaron a dar resultados contra las pensiones ilegales. El equipo impidió que se siguieran haciendo pagos fraudulentos, logró que se descontaran los mayores valores pagados e inició acciones penales contra pensionados, abogados y jueces que actuaron de forma corrupta.Y en 2002 logró que fueran ajustadas a la ley las 192 pensiones más costosas.
Los abogados de este grupo argumentaban que la ley sólo permite para estos trabajadores en el caso más extremo, pensiones de hasta 17,5 salarios mínimos, que hoy no alcanzan a ser nueve millones de pesos. Pero dos recientes decisiones del juez sexto de descongestión laboral de Cali y de la jueza primera administrativa de Buenaventura echaron abajo lo conseguido, pues rechazaron la validez de esos topes.
Como consecuencia, a sus despachos llegaron cinco casos de los 192 rebajados, en busca de recobrar los niveles anteriores, y tuvieron éxito. Con esta nueva fórmula de pago esos jueces también ordenaron cancelar los 4.500 millones de pesos que dejaron de recibir los pensionados durante este período. Los costos de esta decisión con los años son imposibles de calcular. Estos cinco pensionados, que son personas mayores de 60 años, recibirían 18.500 millones de pesos si sólo vivieran hasta los 70. El monto aumenta no sólo por los años que vivan por encima de esa cifra, sino por las sustituciones de pensión que reciban sus cónyuges sobrevivientes o sus hijos dependientes. Además del impacto económico inmediato, es previsible que buena parte de los pensionados que habían sufrido rebajas acuda a la justicia con base en la nueva jurisprudencia establecida de forma sorprendente por los jueces vallecaucanos.
El único chance que hay para que los intereses del Estado vuelvan a quedar protegidos es la revisión que de estos casos puedan hacer los Tribunales Superiores del Valle, tanto laborales como administrativos, y más tarde una eventual casación ante la Corte Suprema de Justicia. El problema es que todo ello debe pasar tan pronto como sea posible, porque mientras tanto, no hay más opción que pagar.
Los administradores de justicia en ese departamento se juegan su buen nombre. Por casos como estos los jueces de algunas regiones hoy cargan estigmas que no logran quitarse de encima, a pesar de que hay buenos elementos. Además, tienen la responsabilidad de no resucitar un muerto que les ha traído fortuna a unos pocos por cuenta de recursos que son de todos los colombianos.
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DAGOBERTO MENDOZA CORTES