Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 8/2/2010 12:00:00 AM

Balance en protección social: una deuda para el futuro

Salud, trabajo y pensiones siguen arrojando un parte preocupante, a pesar de las cifras que el Gobierno presenta, dicen académicos. Las precarias condiciones laborales tienen en dificultades económicas al sistema de seguridad social, insisten.

Recién comenzó la era Uribe, entró en vigencia la Ley 790 del 27 de diciembre del 2002. Esta norma dispuso cambios en la administración pública propuestos por el Presidente. En el artículo quinto se encontraba la fusión de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y el de Salud en una nueva cartera llamada Ministerio de la Protección Social.

“Era la oportunidad para solucionar los problemas de salud y empleo desde un solo ministerio”, comenta Félix Martínez, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional.

Después de ocho años del gobierno de Álvaro Uribe, el país tiene el 12,2 por ciento de desempleo y 50 de cada 100 trabajadores están en la informalidad. La salud padece dificultades económicas que se venían gestando de tiempo atrás, para las que el Gobierno buscó una solución mediante la declaratoria de la Emergencia Social. La Corte Constitucional encontró que esa decisión del Ejecutivo no se acomodaba a la Ley y la echó para atrás. Pero el problema de la falta de dinero sigue.

Según el profesor Martínez, los líos financieros del sistema de seguridad social, que ahora tienen en apuros la salud y las pensiones, parten de las condiciones laborales del país.

El trabajo

En su rendición de cuentas, el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, recordó que a principios de esta década, la tasa de desempleo en algunos meses ascendía al 20 por ciento.

Con la Ley 789 de 2002, el Gobierno recortó los gastos laborales para los empleadores con la idea de que generaran más puestos de trabajo. Pero “la evidencia es que se rebajaron sus costos, aumentaron sus utilidades, pero no la contratación”, comenta Ricardo Bonilla, profesor de la Universidad Nacional. Según explica, lo que sucedió fue que las empresas empezaron a contratar trabajadores “por fuera del Código laboral”. Es decir, informalmente, sin reconocerles salud, pensiones, cesantías, ni aportes parafiscales.

Palacio, en cambio, celebra que la tasa de desempleo hoy se sitúa en el 12 por ciento. Y reconoce que es una cifra “alta, muy alta, a pesar de que es casi la mitad de lo que se tenía en algunos meses del 2002”. Según el Ministro, Colombia no tiene en sus cifras consolidadas de estos ocho años la destrucción del empleo y registra, más bien, crecimiento en el número de personas ocupadas.

Pero Bonilla tiene una visión diferente. Dice que además de que la informalidad está en el 50 por ciento, ha crecido el número de personas que están buscando trabajo, “lo que muestra que los jóvenes desertaron de sus estudios, y las amas de casa salieron a buscar empleo por las difíciles condiciones laborales de la cabeza del hogar”. Esa gente, de acuerdo con su análisis, no ha regresado a las aulas ni a sus casas. Y fuera de eso, en Colombia cada año salen a buscar trabajo 300.000 personas nuevas porque ya tienen edad para hacerlo. Como las cifras sobre empleo y desempleo son constantes en los últimos años, es posible que muchas personas que salen a buscar trabajo estén en la informalidad.

La salud

El trabajo por cuenta propia trae consecuencias para todo el sistema de seguridad social. La Ley 100 estableció que el 70 por ciento de los afiliados iban a ser empleados formales. Es decir, iban a hacer aportes a salud, pensiones, atención de riesgos profesionales, en fin. Esto es lo que se denomina régimen contributivo, en el que los trabajadores aportan una parte y los empleadores otra. De acuerdo con aquella norma, el 30 por ciento de los afiliados al sistema de seguridad social estarían en el régimen subsidiado. O sea que su aseguramiento se haría con recursos públicos.

Pero las cifras hoy no obedecen a esa intención. El 40 por ciento de los afiliados están haciendo aportes al sistema y el 60 por ciento están subsidiados con dineros públicos. El porcentaje de personas afiliadas al régimen contributivo por actividad económica se ha mantenido o reducido incluso durante los últimos años. En esta gráfica consta que las cifras en el 2008 son muy parecidas a las de 1997.

El ministro Palacio resaltó en sus cuentas que “en este gobierno se alcanzó la universalización. Hoy no hay razones para que ningún colombiano sin recursos no esté asegurado”, dijo. Su balance dice que mientras en el 2002 había 25 millones de personas aseguradas, actualmente hay 41 millones, y tres millones de cupos disponibles.

En el 2002, el régimen contributivo tenía 13 millones de afiliados y el subsidiado 10,7 millones. En el 2009, el contributivo terminó con 18 millones de afiliados y el subsidiado con 24 millones. El crecimiento del número de personas aseguradas con recursos públicos creció mucho más que los que hicieron aportes al sistema.

Para lograr esa cobertura, según el Ministro, se hicieron ajustes. De 240 EPS del régimen subsidiado que había en el 2000, ahora son 48. Los gastos de administración se disminuyeron del 15 por ciento al 8 por ciento. Y se estipuló que las nuevas EPS del régimen subsidiado deben ser sin ánimo de lucro.

“Primero, dejemos algo claro –dice el profesor Félix Martínez–. El Gobierno pretendió alcanzar la universalidad de la seguridad social con la Ley 1122 de 2007, extendiendo el régimen subsidiado. Pero alcanzar la universalidad en la seguridad social en otros países significa que los afiliados tienen no sólo seguro de salud, sino que están cubiertos por las pérdidas de ingresos por enfermedad (incapacidades , además de licencias de maternidad); seguros de invalidez, vejez y muerte (pensiones); riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), y desempleo (seguro de desempleo). Esa cobertura en nuestro país la da en buena parte el régimen contributivo, mas no el subsidiado”.

Lo que el Gobierno estaba ofreciendo con los recursos públicos a la mayoría de la población es tan sólo uno de los seguros de la seguridad social, el de salud, con un plan de beneficios inferior al del régimen contributivo. Pero la Corte Constitucional encontró que no es justo que quienes aportan al sistema reciban más garantías que quienes no lo hacen y ordenó en la sentencia T-760 crear un solo plan de beneficios para quienes aportan al sistema y para los que reciben el subsidio.

La lectura que hacen los expertos es que el Gobierno decidió financiar con dineros públicos gastos que debían estar cubiertos en buena parte por empresarios y trabajadores, mediante la contratación formal de los empleados. “Esta política debilitó el régimen contributivo y extendió los subsidios a muchos trabajadores y sus familias, que de esta forma quedaron por fuera de un verdadero derecho a la seguridad social ligado al contrato laboral”, explica Martínez, con base en los datos presentados por el ministro Palacio.

En esta presentación, el profesor explica que la grave consecuencia en un futuro de esta actitud del Gobierno es que va a generar gastos muy difíciles de pagar. “Como consecuencia de la des-salarización, la protección social se dirige hacia una crisis financiera en la medida en que la relación salarial formal se flexibiliza e incluso disminuye, pues se presenta una disminución en la base de la cotización”, se lee en el documento.

El resultado, como se está viendo, es que “el Estado entra a cubrir a través de formas asistenciales el vacío que se presenta en la seguridad social, las cuales debe financiar con fuentes distintas a las cotizaciones, lo que crea una fuerte tensión fiscal”, dice en aquella presentación.

En el documento Social Security Reforms in Colombia: Striking Demographic and Fiscal Balances (Reformas a la Seguridad Social, en Colombia: Equilibrio demográfico y Fiscal), Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), presenta esta gráfica.

En ella se ve que, efectivamente, entre el 2006 y el 2010 se amplió la cobertura en salud, que representa un déficit del 2,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Pero que si las cosas siguen como van, para el 2035 ese déficit será del 5,4 por ciento, y para el 2050, del 6,8 por ciento del PIB.

En el mismo documento, Clavijo señala que si se hace una mejora en la formalidad de la contratación laboral, para dentro de 25 años el déficit será del 3,8 por ciento. Y que si hay una mejora extraordinaria, el déficit llegará al 2,6 por ciento en el mismo lapso.

“Es decir, la debilidad del régimen contributivo está dejando como herencia un grave problema fiscal para el Estado y un tremendo problema económico para la mayoría de las familias de los trabajadores que llegarán a la vejez sin pensión, es decir, un futuro difícil para el país”, interpreta el profesor Martínez.

Para este académico, el favor que hoy se está haciendo a quienes reciben subsidio de salud se va a convertir en un daño para el futuro “porque esas personas se van a quedar sin pensión para la vejez. Tampoco van a tener los otros seguros del régimen contributivo. Hoy se les hace un favor dándoles régimen subsidiado, pero a la larga esas personas no van a alcanzar una pensión, un seguro de salud en la vejez, ni riesgos profesionales si trabajan”, dice.

El Gobierno, por otra parte, no hizo un gran esfuerzo fiscal para incrementar la cobertura del régimen subsidiado, sobre la base de que, según la Ley 1122 de 2007, pagaría únicamente un plan que costaba la mitad que el del contributivo. Cuando la Corte Constitucional, mediante la sentencia T- 760 exigió que el Plan de Salud debería ser igual para todos los ciudadanos, puso en evidencia el déficit real del sector, que no había sido considerado por el Ejecutivo, y el problema fiscal se agravó.

El Gobierno intentó entonces conseguir dineros para la salud subsidiada mediante la declaración de una Emergencia Social. Durante el pasado enero, emitió decretos con fuerza de ley que apuntaban a optimizar los recursos del sistema, pero la Corte Constitucional encontró que aquel estado de excepción no se ajustó a las normas. El argumento central de esta decisión fue que no hubo un hecho extraordinario que ameritara declarar una emergencia, sino que la crisis obedeció a situaciones que se venían gestando de tiempo atrás.

Las pensiones

En su rendición de cuentas, el ministro Palacio resaltó que “cuando el gobierno de Uribe empezó, el país tenía conciencia sobre el crecimiento desproporcionado de la deuda pensional y sobre la necesidad de introducir cambios”. En el 2004 acabaron las reservas que se tenían para pagarles a los pensionados sus mesadas.

Como solución, dijo Palacio, el gobierno saliente eliminó regímenes especiales de pensiones, puso límites a las pensiones que se consideraban muy costosas, amplió el número de semanas y las edades de jubilación e incrementó el porcentaje de la cotización.

“A pesar de que se terminaron las reservas, se ha cumplido religiosamente con el pago a los pensionados. Anualmente se destinan cerca de siete billones de pesos para que cada uno de los pensionados del Seguro pueda recibir oportunamente su pago. A los pensionados no les hemos quedado mal”, comentó el Ministro.

En pensiones, la cobertura creció, según el balance del Ministerio. Los datos oficiales dicen que en el 2002 había 4,5 millones de afiliados a los fondos de pensiones, y en el 2010 hay siete millones, “lo que significa un crecimiento del 55 por ciento, equivalente a 2.493.409 nuevos afiliados activos”.

El profesor Óscar Rodríguez, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, tiene otra lectura. Según le dijo a UN Periódico, sólo el 32 por ciento de quienes tienen trabajo está cotizando actualmente a pensión. Esto quiere decir que “en un futuro habrá un gran porcentaje de población vieja y pobre”, se lee en el artículo ‘Sistema de pensiones, peor que el de salud’, publicado por ese medio universitario.

Aquel texto cita también al profesor Gilberto Barón, de la Universidad Javeriana, que ha analizado los aportes de los afiliados a los fondos de pensiones. Los datos dicen que en 1999, éstos fueron del 1,4 por ciento del PIB. En el 2005, el porcentaje cayó al 0,96, y en el 2007 bajó al 0,89 por ciento.

Y mientras bajan los aportes de los empleados al sistema de pensiones, en Colombia hay cada vez menos jóvenes y más viejos. “Eso es un problema demográfico que tiene el país en este momento. Se convertirá en un lío económico si se sigue fortaleciendo el régimen subsidiado y se debilita el contributivo”, dice el profesor Martínez.

O sea que la falta de dineros para las pensiones también tiene que ver con las condiciones laborales que tiene el país en este momento. De hecho, según le dijo Rodríguez a UN Periódico, en el 2010 Colombia tendrá que dedicar el 4,5 por ciento de su PIB al pago de pensiones. Esto es igual a decir que de cada 100 pesos del presupuesto nacional, 17 tendrán ese destino.

Por todo eso, los académicos y los expertos estudiosos de la seguridad social insisten en que el único remedio definitivo para inyectarle recursos al sistema es que los trabajadores tengan contratos formales en los que asuman, junto con los empleadores, los pagos de salud y pensiones. Pero, sin duda, si estos gastos recaen completamente sobre los empleados o sobre el Estado, será más precaria la situación económica de éstos, a la inversa de los efectos para los empresarios.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1855

PORTADA

Exclusivo: la verdadera historia de la colombiana capturada en Suiza por ser de Isis

La joven de 23 años es hoy acusada de ser parte de una célula que del Estado Islámico, la organización terrorista que ha perpetrado los peores y más sangrientos ataques en territorio europeo. Su novio la habría metido en ese mundo.