Emergencia social: el gobierno cede, pero no lo suficiente

Las reuniones de las últimas horas entre el Gobierno y las asociaciones médicas y científicas para debatir la reglamentación de los decretos emitidos durante la emergencia social, comienzan a dar algunos resultados.

Al menos, ya se avizoran cambios. Por ejemplo, en el artículo 31 del decreto 131 dice que “cuando el profesional (de la salud) se aparte sin justificación aceptable de una recomendación incluida en un estándar aprobado por su respectiva profesión y con ello ocasiones un daño económico al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incurrirá en una falta sancionada con una multa entre 10 y 50 salarios mensuales mínimos”.

Esta norma provocó una reacción de las asociaciones médicas, que vieron invadido su terreno y su criterio profesional y científico.

Entonces emitieron fuertes pronunciamientos. La Academia Nacional de Medicina de Colombia expresó su “profunda preocupación” las decisiones tomadas por el gobierno durante la emergencia social. En un comunicado, dijo que “tales decretos representan un grave atentado contra la medicina como ciencia y profesión, atentado que nunca se había registrado en esta ni en ninguna otra nación democrática”.

Esta asociación se quejó también por lo que consideró una “desprofesionalización de la medicina, que se encuentra atrapada en un sistema de aseguramiento que es de carácter eminentemente comercial” y por las decisiones que “cercenan la autonomía médica en la toma de decisiones clínicas”.

En ese mismo sentido, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas rechazó los decretos por considerar que “atentan contra el pleno ejercicio del derecho fundamental a la salud de todos los colombianos”.

Pues bien, después de la reunión del Gobierno con representantes de los gremios médicos y científicos, en la propuesta de esa parte del decreto reglamentario hay un giro.
En el Decreto 358 de 2010, que reglamenta parcialmente el decreto 131, dice ahora que los protocolos “serán referentes obligatorios únicamente cuando la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas en el caso de los médicos y la Federación Odontológica Colombiana en el caso de los odontólogos, en ejercicio de su autonomía, así lo definan”.

Es decir, les está dando a los médicos y los científicos la posibilidad de que ellos definan cuándo un médico debe seguir al pie de la letra un recetario. De resto, puede hacer su trabajo de acuerdo con su criterio profesional.

En cambio, no se eliminan las sanciones a los médicos, uno de los puntos más controvertidos. Las sanciones se darán cuando los profesionales de la medicina se aparten “sin justificación aceptable de una recomendación incluida en un estándar obligatorio” y si la decisión que tomen causan un daño económico al sistema de salud.

De todas maneras, en la propuesta del decreto reglamentario, se enfatiza ahora que “si no existe uno de los supuestos no habrá lugar a la responsabilidad ético-disciplinaria ni a la imposición de la multa”. En consecuencia, quienes definirán las sanciones son tribunales de ética médica y odontológica, según el documento.

Las decisiones tomadas hasta ahora deben ser reglamentadas por nuevos decretos. Ya hay dos borradores. Uno muestra un giro respecto a la autonomía que tienen los médicos para hacer los tratamientos a los pacientes. El otro, se refiere a la manera de definir lo que estará incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), pero no cambia mucho en relación con lo propuesto inicialmente por el gobierno.

En la propuesta del decreto reglamentario, se enfatiza que “si no existe uno de los supuestos no habrá lugar a la responsabilidad ético-disciplinaria ni a la imposición de la multa”. Quienes definen las sanciones son tribunales de ética médica y odontológica, según el documento, que puede ser modificado.

El POS
Respecto a la definición del POS, las decisiones no han cambiado mucho. El decreto 131, en su artículo 10, dice que “el Plan Obligatorio de Salud estará sujeto al establecimiento de límites claros, teniendo en cuenta la consulta ciudadana, la capacidad financiera del Estado, la condición socio-económica de las personas, con prevalencia de la atención a las necesidades colectivas en salud sobre las individuales”.

Y aclara que “para la actualización del POS se tendrán en cuenta criterios técnico-científicos y la consulta ciudadana”. La propuesta del decreto reglamentario no se aparta de esta participación de expertos y usuarios, pero va más allá al decir que toda decisión está sustentada en estudios sobre la pertinencia de los usos de ciertas tecnologías, viabilidad económica y de las enfermedades que más afectan a los colombianos.

Pero viene un problema y es que, sin tener claro qué va a quedar dentro del POS y qué no, el Gobierno, en declaraciones públicas, sigue defendiendo la posibilidad de que los usuarios paguen los tratamientos que no están incluidos en él según su capacidad económica.

“Aquellos copagos para la atención extra del Régimen Contributivo serán para las personas de mayor capacidad económica, nunca para los estratos bajos. Para estos copagos de prestaciones excepcionales en salud se podrán utilizar, entre otros, recursos de pensiones voluntarias y de auxilio de cesantías, teniendo en cuenta que éstas tienen como objeto primordial atender necesidades de vivienda y de educación”, dice una declaración emitida por el Ministerio el pasado domingo.

Si se aprueban las propuestas de los decretos reglamentarios que ya están redactadas, se les devuelve el criterio profesional a los médicos en las decisiones que tomen con los pacientes.

Pero sin saberse cómo va a quedar el POS definitivo y qué criterios se tendrán en cuenta para definir si una persona es adinerada o no, salta el temor sobre qué sectores en concreto van a sufrir las consecuencias, aunque muchos ya lo advierten, al clase media, un rango demasiado amplio como para poderse precisar.

Si usted quiere opinar, escriba a estos correos creados por el Ministerio de Protección Social.