Gobierno también echa pie atrás en multas a médicos

Tras la dura polémica desatada por la reforma a la salud planteada por el Gobierno, el presidente Álvaro Uribe echó, por tercera vez, reversa. Primero con la autonomía médica, luego con el uso de las cesantías para el pago de tratamientos y hoy se declaró de acuerdo con que el legislativo derogue el artículo que contempla multas para los médicos que formulen o diagnostiquen por fuera de los protocolos establecidos por asociaciones científicas.

Este martes, el mandatario dijo que el tema de las multas “no es un punto esencial” y que si el Congreso decide quitarlas, “el Gobierno lo comparte”.

En el artículo 31 del Decreto 131, emitido dentro de la emergencia social, quedó establecido que “cuando el profesional (de la salud) se aparte sin justificación aceptable de una recomendación incluida en un estándar adoptado por su respectiva profesión y con ello ocasione un daño económico al Sistema General de Seguridad Social en Salud, incurrirá en una falta que será sancionada con una multa entre 10 y 50 salarios mínimos mensuales”.

En ese mismo decreto, en el artículo 23, dice que los estándares serían definidos por la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, para el caso de los médicos, y por la Federación Odontológica Colombiana, para los odontólogos. Pero aquellos estándares serían “de obligatorio cumplimiento para todos los médicos y odontólogos que ejerzan su profesión en el país”.

Esta determinación generó gran malestar en los médicos y odontólogos. Rechazaron la medida por considerar que la norma estaba entrometiéndose en sus decisiones profesionales y que, por temor a un castigo, muchos podrían dejar de ejercer su trabajo según su criterio.

“El médico va a dejar de ser un profesional para convertirse en un técnico que obedece a una receta y nada más. ¿Para qué va a servir la formación que se nos da?”, era la queja que casi al unísono gritaban desde diferentes asociaciones médicas, académicas y científicas.

Respecto a la autonomía de los médicos, el gobierno ya había cedido, pero no lo suficiente. El pasado 4 de febrero, emitió el decreto 358 para reglamentar los artículos 23 y 25 del decreto legislativo 131.

En el nuevo documento, quedó definido que los protocolos “serán referentes indicativos para el ejercicio de las profesiones médica y odontológica. Estos referentes sólo serán obligatorios cuando, en ejercicio de su autonomía, así lo definan” las asociaciones médicas y odontológicas.

En consecuencia, los profesionales de la salud “se podrán apartar de los mismos con base en su conocimiento, experiencia y criterio”, de acuerdo con lo reglamentado en el Decreto 358.

Es decir, ya el médico no tenía que seguir obligatoriamente el recetario, sino que podría apartarse, pero seguía vigente la posibilidad de multarlo si no justificaba su decisión y si causaba un daño al sistema de salud. “Tienen que darse las dos causales juntas para poder sancionarlo”, según lo ha explicado reiteradamente el presidente Uribe en los últimos días.

Pero después de tanta defensa, parece que la decisión definitiva es eliminar por completo la posibilidad de sancionar económicamente a los médicos y odontólogos.

Valga decir que esta no es la única crítica que ha recibido el Decreto 131. En su artículo 3, se crea el Organismo Técnico Científico para la Salud, “encargado de la regulación científica, inspección y vigilancia de la aplicación del método científico en el ejercicio de las profesiones de la salud que participan en la prestación del servicio público de salud, particularmente, a través del desarrollo de referentes basados en evidencia científica, en el Plan Obligatorio de Salud y en las prestaciones excepcionales de salud”.

Pero la sorpresa es que este organismo se encuentra ligado estrechamente a la Casa de Nariño. La razón es que lo conforman los titulares o delegados de los ministerios de la Protección Social y de Hacienda, el director o un delegado de Colciencias y tres profesionales de la salud.

Aparentemente, habría equilibrio con los tres profesionales independientes al gobierno. Pero la otra sorpresa es que, cuando se cree este grupo, los primeros tres serán nombrados por el Presidente. Sólo por esta ocasión, uno durará en este cargo dos años; otro, tres; y otro, cuatro. De ahí en adelante, serán los mismos expertos los que propongan a otros candidatos para elegir a los que harán parte de este organismo.

A no pocos sectores les preocupa que a lo largo de los cuatro años siguientes, resulten nombrados los integrantes de ese grupo por razones más políticas que técnicas, por encima de las necesidades que competen a ese importante sector del bienestar de los colombianos.