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| 6/29/2010 12:00:00 AM

La vena rota de Cartagena

La muerte de una mujer a la que no quisieron atender en un puesto de salud sacó a flote la mala administración y la pésima calidad de la red pública de hospitales, intervenida desde enero por la Superintedencia de Salud. En menos de seis meses, el déficit se incrementó en 8.000 millones de pesos.

En los 30 meses de gobierno de la alcaldesa Judith Pinedo, los cartageneros nunca la habían visto tan enfadada como la semana pasada, cuando una mujer murió en la puerta de una policlínica por falta de atención médica. La alcaldesa expresó su malestar contra la entidad que maneja la red pública de hospitales sin tapujos, al decir ante los habitantes del populoso barrio Olaya Herrera que estaba "mamada con la ESE".

Su frustración en relación con la gestión de la entidad administradora de la red pública de hospitales no es nueva. En enero pasado, cuando la Superintendencia de Salud intervino la ESE por un déficit de 20.000 millones de pesos, la alcaldesa dijo que se trataba de una decisión politiquera. El superintendente y el interventor dijeron que no se pronunciarían sobre la calificación dada por la alcaldesa a la decisión de la entidad que controla la prestación del servicio de salud pública.

Nueve meses antes de la intervención, el 15 de mayo del 2009, la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) tenía claro que la ESE Hospital Local de Cartagena no era viable financieramente y había llegado a esa conclusión con base en un informe elaborado por dos visitadores de la SNS en el que describen la existencia de un déficit acumulado de 20.000 millones de pesos al finalizar 2008, aproximadamente el 35% del presupuesto total de la entidad.

La situación no era desconocida por la alcaldesa Judith Pinedo, pues el 31 de junio del 2009 envió una comunicación a la SNS pidiendo la intervención de la entidad, manifestando que compartía y respaldaba los hallazgos, pues algunas irregularidades ya habían sido detectadas y denunciadas por la Secretaría de Salud.

En los primeros meses del 2008, la alcaldesa tuvo la primera diferencia con la junta al oponerse a la ratificación del gerente que venía en el cargo y proponer como alternativa un concurso de méritos al que se presentaron 44 aspirantes. El funcionario, al no ser ratificado, dejó comprometido el 99% del presupuesto antes de dejar el cargo el 31 de marzo de ese mismo año.

A finales de diciembre del 2009, la Contraloría Distrital de Cartagena, en un completo informe, llamó la atención sobre la pérdida de 23 contratos, cuestionó la calidad de las interventorías, reprochó el hecho de que los procesos contractuales no fueran transparentes en la selección de los contratistas, que los contratos se suscribieran e iniciaran sin el lleno de los requisitos y que algunos contratos, como el de suministro de personal misional (médicos, enfermeras, bacteriólogos), por 12.000 millones de pesos, se reconociera un valor superior a la oferta presentada por el proponente y además se hicieran pagos sin justificación.

La ESE Hospital Local de Cartagena administra 44 centros de salud de la red pública hospitalaria encargada de atender a la población del régimen subsidiado y a la población sisbenizada no cubierta con los subsidios a la demanda, en total más de 600.000 cartageneros de los estratos bajos. La ESE era administrada por un gerente que tenía capacidad ilimitada para contratar. La junta, integrada por representantes de los usuarios, de los trabajadores, de las sociedades científicas y de los empresarios, venía del gobierno anterior y se oponía a la propuesta de la alcaldesa de imponer correctivos. El Gobierno Nacional, incluida la SNS, lo sabía.

Sin embargo, la SNS, conociendo la catástrofe que vivía la ESE y con el apoyo de la alcaldesa, no tomó ninguna decisión para imponer los correctivos. Por su parte, la alcaldesa hacía todo lo posible para trabajar con una nueva junta que se comprometiera a rescatar la ESE de la inviabilidad y a finales del 2009 lo había logrado parcialmente, pues se vencieron los períodos de los anteriores miembros y se modificó el manual interno que le permitía al gerente contratar ilimitadamente.

Cuando ya todo parecía haber tomado un nuevo rumbo, el Superintendente Nacional de Salud, el pasado 28 de enero, ocho meses y medio después de conocer la calamitosa situación de la institución, ordenó intervenir la ESE. La alcaldesa Pinedo descalificó públicamente la decisión de la SNS de intervenir la red pública de hospitales de la ciudad en medio de un debate electoral, diciendo que le parecía "sospechosa y politiquera" porque esta medida había sido solicitada por su administración desde el mes de junio del 2009 y, como no le prestaron atención, ya su administración había logrado cambios en la junta y estaba trabajando en imponer los correctivos, aprobando una disminución en los costos de funcionamiento y un nuevo esquema de contratación. Al modificar la junta y cambiar al gerente, se les cortaba el oxígeno a los políticos que se alimentaban de la contratación y la burocracia.
 
SEMANA intentó conocer la posición del Superintendente Nacional de Salud sobre el tema, pero un vocero de esa entidad dijo que el funcionario no se iba a pronunciar sobre las manifestaciones de la alcaldesa, pero que un mes después darían a conocer la evaluación financiera de la institución, lo cual no se produjo.

Por su parte, el interventor de la ESE enviado por la Superintendencia, Juan Carlos Lizarazo, dijo que la situación observada por él sobre lo que estaba pasando con la ESE era “mucho más grave” de lo que se había presupuestado. Sin embargo, no hubo ningún tipo de correctivos.

Los contratos

¿Por qué la molestia de la alcaldesa ante la intervención, si ella misma la había solicitado? La declaración de la alcaldesa no tomó por sorpresa, pues desde hace años se sabe que la crisis de la salud tiene que ver con manejos de grupos políticos. A finales del 2009 habían sido reemplazados los miembros de la junta que eran incondicionales de la anterior administración, se había modificado el reglamento al establecer topes en la contratación y se estaban aplicando correctivos en los gastos. En opinión de la alcaldesa, la SNS tomó una decisión con base en un informe que no reflejaba la nueva realidad, y no había tenido en cuenta los correctivos que estaban aplicando.

Ante las denuncias de la alcaldesa, SEMANA buscó información que permitiera verificar si efectivamente a través de los contratos existía una relación con los diferentes grupos políticos de la ciudad.

Varios contratos fueron criticados por la alcaldesa, en especial el contrato de suministro de personal misional, que tiene un costo de 12.000 millones de pesos y cobra una administración del 13%, cerca de 2.000 millones, gestión que para la administración distrital resulta muy alta. Este contrato se firmó con la firma KSC S. A., y tiene como objeto el suministro de personal misional, médicos y enfermeras para los centros de salud. La alcaldesa y el secretario de salud afirman que mientras la ESE tiene un presupuesto de salarios de cuatro millones por médico contratado, la firma contratada les paga 2.200.000 pesos.

Aunque los representantes legales de la firma, matrimonio conformado por Santiago Díaz Escalante y Karina Sulbarán Cantillo, no tienen connotación política en la ciudad, en diálogo con SEMANA, Díaz Escalante dijo ser amigo de todos los políticos de Cartagena y afirmó que el cobro de administración o de intermediación que ellos realizan es porque el 8% lo pagan en impuestos y les queda efectivamente eln 5%.

El matrimonio Díaz Sulbarán tenía otro contrato con la ESE a través de una sociedad de suministro de personal para servicios generales de nombre Aseamos Ltda, actualmente Diservi S. A., por valor de 2.507 millones de pesos, el cual no fue renovado para el 2010. Dos sociedades de una misma familia tuvieron en la vigencia del 2009 contratos por valor de 14.000 millones de pesos, más del 30% del total de lo contratado por la ESE.

Lo primero que hizo el agente especial de la SNS, Juan Pablo Contreras Lizarazo, dos días después de haber intervenido la ESE, fue prorrogarles el contrato, pero en marzo pasado las cuentas de la sociedad KSC y Diservi fueron embargadas por la administración distrital, pues debían más de 900 millones de pesos en impuestos.

Un contrato que tendría un carácter político fue el celebrado con CIMDISA S. A., para realizar imágenes diagnósticas por valor de 873 millones. La representante legal de esta firma es Nayade Cohén Díaz, esposa del ex alcalde Gabriel Antonio García Romero, primo hermano del ex senador Juan José García Romero, esposo de la senadora Piedad Zuccardi. Este contrato no fue renovado.

Otro contrato cuestionado por la alcaldesa fue el celebrado por valor de 150 millones de pesos con el médico Rafael Mestre Yúnez, socio del médico Guillermo Rovira Rosales, quien se desempeñó como miembro de la junta de la ESE entre diciembre del 2006 y noviembre del 2009. Mestre reportó como domicilio del contrato el mismo en el que funciona la sociedad Instituto de Patología de la Costa, de la cual son socios Mestre y Rovira. Para el Distrito, existe una incompatibilidad, pues sería una contratación por interpuesta persona.

La sistematización

El negocio más cuestionado, tanto por la Contraloría Distrital como por el informe de la SNS, es el contrato para la sistematización de puestos de salud en Cartagena, pues durante tres años se comprometieron más de 5.000 millones de pesos y la información en la mayoría de los puestos de salud se sigue recaudando de manera manual. Lo curioso de este contrato es que el domicilio reportado por la Unión Temporal contratista es el mismo en el que durante años tuvo su oficina de abogada la senadora Dayra Galvis Méndez, quien ingresó al Senado por el movimiento Convergencia Ciudadana cuando fue detenido el senador Luis Eduardo Vives Lacouture.

La relación de la senadora Galvis con este contrato no sólo tiene que ver con el domicilio de la sociedad, sino también con el hecho de que la firma Consultar Ltda, una de las sociedades en unión temporal beneficiaria de uno de los contratos por valor de 2.850 millones de pesos, fue fundada por ella en 1994. La sociedad estuvo inactiva entre esa fecha y el 2008, cuando se firmaron los contratos con la ESE.

En diálogo con SEMANA, la senadora Galvis dijo que este señalamiento obedecía a una persecución de parte de Carlos Duque Esparragoza, un ciudadano que había acompañado a ella y a María del Socorro Bustamente en las elecciones del 2006. La senadora también alega que las personas a las que cedió la sociedad omitieron incluir su nueva dirección. Pero no es así. Lo cierto es que en el formato de renovación de matricula mercantil ante la Cámara de Comercio, el representante legal de Consultar Ltda, Aníbal Rodríguez Castillo, en las casillas correspondientes a domicilio y dirección de notificación judicial escribió de su puño y letra “Oficina 402, edificio Ganem”. La senadora dice que ese hecho no permite especular hasta donde las personas quieran, pero es sabido por todos en Cartagena que en esa oficina estuvo su bufete de abogada penalista.

Pero un hecho adicional podría agregar más controversia alrededor de éste contrato y una de las sociedades, pues Cristian Roa Valdelamar, el otro socio de Consultar, es representante legal de Fundesalud. En el estrecho círculo político de Cartagena se sabe que Cristian Roa Valdelamar es conocido como asistente de la concejal María del Socorro Bustamante y esta concejal también registra como dirección de su oficina la 402 en el edificio Ganem. Ambas políticas eran militantes de Convergencia Ciudadana, pero en la actualidad militan en Cambio Radical.

La senadora reclama imparcialidad y objetividad, pues dice que detrás de esto hay una campaña para desprestigiarla de parte de Carlos Duque Esparragoza, un ciudadano que presentó una acción popular ante los juzgados administrativos solicitando dar por terminado el contrato entre la ESE y la UT Ingecon. También afirma que Duque Esparragoza fue acusado de intentar extorsionar al anterior gerente de la ESE Cartagena, Luis Fanor Verbel. A través de un escolta, “Duque intentó que lo transaran con un dinero”, aparentemente para no revelar información que poseía, dijo la senadora.

Carlos Duque, a quien la senadora acusa como el autor de los rumores malintencionados en su contra, estuvo muy cerca de su campaña al Senado en el año 2006 y afirma que él manejaba el comando en el primer piso del Hotel El Lago, pero que la senadora también atendía en la oficina 402 en el Ganem. La relación entre Duque, la abogada Dayra Galvis y la concejal María del Socorro Bustamente comenzó a raíz de la elección de Duque como edil de la JAL de la comuna dos de Cartagena en el 2003. Desde entonces se conocen.

En los tres últimos años la ESE Cartagena contrató por valor de 5.119 millones de pesos la sistematización de los puestos de salud, y aunque en los primeros días del 2009 habían entregado 80 computadores, el sistema nunca funcionó. El representante legal de la UT Ingecon, Eder Palomino Pacheco, dice que la responsabilidad es de la ESE, que no entregó el software. El ex gerente de la ESE dijo a SEMANA que tanto la UT como la ESE son responsables de los yerros cometidos en la ejecución de este polémico y costoso contrato que pocos beneficios ha reportado a la ESE Hospital Local de Cartagena.

Cuatro años después de haberse contratado la sistematización de la ESE, como dijo la SNS, "no es clara la responsabilidad de la facturación, pues existe un contrato con Consultar Ltda cuyo objeto es facturación, recaudo de cuotas de recuperación, prestación de servicio a particulares, digitalización de la información relativa a las actividades y procedimientos de salud realizados por el personal asistencial de la ESE en los diferentes centros de atención de salud, y sin embargo la facturación la hace directamente la ESE".

Actualmente, los computadores que se encuentran en los puestos de salud pertenecen a Compartel, un programa del Ministerio de Comunicaciones. Es inexplicable que la ESE haya contratado la sistematización de la entidad por 5.800 millones de pesos y en diciembre pasado la junta directiva acordó la compra de 250 computadores para dotar los puestos de salud por valor de 300 millones de pesos.

Lo que más tiene molesta a la alcaldesa es que cinco meses después de la intervención por parte de la SNS, la situación financiera de la ESE empeoró, en vez de mejorar, pues en enero el déficit era de 19.000 millones de pesos y al finalizar junio del 2010 está en 28.000 millones. Mientras la Secretaría de Salud Distrital (DADIS) se encuentra al día en los pagos, la ESE está debiendo cinco meses de salarios a los médicos, enfermeras y personal contratado. Este martes, en Bogotá, continuó la reunión que empezó el viernes en Cartagena, en la cual se busca que el Distrito de Cartagena reasuma el control de la salud de la ciudad para espantar la politiquería y evitar que los pobres sigan muriendo en las puertas de los hospitales.
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