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| 1/20/2010 12:00:00 AM

¿Para qué ha servido la emergencia social?

El gobierno ha emitido tres decretos que permitirán inyectarle recursos al sistema de salud. El sindicato de los empleados de clínicas y hospitales rechaza las medidas.

Tres decretos ha emitido hasta ahora el gobierno como parte de la emergencia social declarada para salvar el sistema de salud colombiano.

A finales del año pasado, Juan Manuel Díaz-Granados, presidente de Acemi, la organización que agrupa a las 15 EPS más grandes del país, dijo que nueve de estas empresas estaban en riesgo de quiebra. La razón, según explicó, era que el Fosyga no les había pagado 500 mil millones de pesos por servicios que prestaron sin estar incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

El presidente Álvaro Uribe entendió el llamado y declaró la emergencia social, que le permite al gobierno emitir, durante un mes, decretos con fuerza de ley para solucionar el problema. Así es como en lo que va de este año, han sido emitidos tres decretos que permitirán inyectarle 1,5 millones de pesos a las EPS, según el ministro de la Protección Social, Diego Palacio.

El primer decreto emitido en este tiempo es el 073 de 2010, que busca que las clínicas y hospitales públicos devuelvan cerca de 700 mil millones de pesos que el gobierno les ha girado para pagar cesantías, pensiones y salud de personas que ya no trabajan en ellas.

Palacio explica que “desde el año 94 se viene haciendo ese pago. Hay unos recursos que se han venido acumulando en las entidades. Por ejemplo, en los fondos de pensiones hay recursos que a pesar de que los han recibido, no tienen un destinatario específico, porque por decir algo, a lo largo del año, se retiró el trabajador del hospital, pero al mismo tiempo la plata se le seguía girando al fondo, porque desde el principio del año se hacía todo lo que era la nómina del sistema general”.

Entonces la solución ha sido depurar las listas de personas que siguen vinculadas a las clínicas y los hospitales y “encontramos que allí pueden haber entre 500 y 700 mil millones de pesos. Estamos recogiendo ese dinero para ayudar al saneamiento de las deudas que tiene el sector de la salud”.

El segundo decreto es el 074, que busca incrementar la cobertura del Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat) y simplificar los trámites que tienen que hacer las EPS para cobrar dineros cuanto prestan atención en estos casos.

Ocurre que actualmente, cuando hay un accidente de tránsito, llevan al herido a una clínica u hospital. Allí lo atienden y tienen la posibilidad de cobrarle a la aseguradora hasta 500 salarios mínimos diarios. Cuando la atención vale entre 500 y 800 salarios, se le cobra al Fosyga. Y cuando vale más de 800, se lo cobran a las EPS.

“Con este decreto se logra incrementar la cobertura de las aseguradoras. Ya no solo se van a cubrir hasta 800 salarios, sino hasta 1100 salarios”, explicó el Ministro. Pese a que las aseguradoras deben pagar más, ningún gasto se les trasladará a los usuarios. “Con la misma tarifa que está establecida se hace un incremento a la cobertura a través de una racionalización en los trámites y de una optimización de los recursos” explicó Palacio.

El tercer decreto es el 075, que disminuye los tiempos en la conciliación de pleitos entre los el Fosyga, las EPS, los hospitales y clínicas y la nación.

“De común acuerdo con la Procuraduría, se logró, para esta emergencia, poder disminuir y dictar unas medidas transitorias para que en el transcurso de los próximos meses, aquellas controversias que haya entre cualquiera de los actores, se puedan utilizar unos procesos acelerados de conciliación” dijo el Ministro.

“No nos gusta”

La emergencia social, las decisiones que se han tomado y las que se han anunciado que se tomarán no han sido bien recibidas por la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios (Anthoc).

Yesid Camacho, presidente de este sindicato, explica que estas decisiones “no tienen en cuenta los problemas que cotidianamente viven los usuarios de los hospitales públicos del país”.

Para él, los recursos que se están consiguiendo durante esta emergencia social provienen de los consumidores y los usuarios, mas no de la Nación, como debería ser, según su criterio.

Camacho se refiere, básicamente, a los planes que se han anunciado sobre el incremento a los impuestos de los juegos de suerte y azar, los licores y las cervezas. “Será la población de más bajos recursos la que asuma la salvación del sistema de salud, ya que son los pobres los que más toman cerveza y compran lotería”, comenta.

Además, como se ha anunciado sin que haya aún un decreto que lo reglamente, la gente tendrá que pagar hasta la mitad de los procesos que ordenen los jueces en los fallos de tutela.

Como solución, el vocero de Anthoc plantea que, primero, se salden las deudas con las clínicas y los hospitales y después con el resto de las empresas privadas que intervienen en el sistema de salud, como las EPS.


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