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| 3/18/2010 12:00:00 AM

¿Qué pasa si se cae la emergencia social?

La Corte Constitucional está analizando la necesasidad de que el Gobierno decretara el estado de excepción. Si deja sin piso la decisión del Presidente, habrá que hacer una reforma sustancial al sistema de salud para solucionar los problemas que presenta.

La Corte Constitucional empezó a analizar el miércoles si la emergencia social que declaró el Gobierno cumple los requisitos que dicta la Constitución o no. Según ha trascendido a los medios de comunicación, el magistrado Jorge Iván Palacio, que hizo la ponencia, pidió que se declarara inexequible la decisión.

La Corte tiene 20 días para emitir una decisión definitiva, según los reglamentos que rigen este Tribunal.

La discusión jurídica es si había motivos para decretar el estado de excepción. El presidente Álvaro Uribe declaró la emergencia social después de que Acemi, la organización que agremia a las 15 EPS más grandes del país, dijera que por riesgo económico, este año podrían quebrarse al menos nueve empresas de éstas.

El argumento del Gobierno para declarar la emergencia social fue que “el crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud compromete de manera significativa los recursos destinados al aseguramiento, generando un grave deterioro de la liquidez de numerosas Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

Pero el concepto del Procurador al respecto fue que estos argumentos no se refieren a hechos coyunturales que pusieron en riesgo el sistema, sino que obedecen a fallas estructurales.

“No se trató de fenómenos fácticos que se hubieran dado de manera repentina e imprevista para el momento de tal declaratoria”, conceptuó el Procurador. Eso quiere decir que las razones que esgrimió el Gobierno para decretar la emergencia social no obedecieron a situaciones que se dieron de repente, sino a fallas que se venían presentando de tiempo atrás.

Según han publicado algunos medios, el magistrado Palacio tiene un argumento parecido para decir que el estado de excepción fue decretado por fuera de lo que establece la Constitución. Además, Palacio considera, se ha dicho, que las medidas tomadas por el Gobierno pudieron haber sido asumidas por el Congreso por la vía ordinaria y que con los dineros que se van a recaudar con las decisiones tomadas no se soluciona completamente el problema de la salud.

La pregunta que surge ahora es: ¿Qué pasa si se cae la emergencia?

Si eso ocurre, el Gobierno estaría en bastantes apuros. Así lo reconoció el propio presidente Álvaro Uribe al enterarse del concepto del magistrado Palacio. “Me preocupa mucho la noticia sobre la ponencia. El Gobierno, con toda diligencia, hará la exposición de todos los argumentos porque es una situación que se nos complica bastante”, dijo.

Buena parte de las decisiones que se tomaron durante ese período de 30 días que duró el estado excepcional apuntaba a conseguir plata para cumplir la Sentencia 760 emitida por la Corte Constitucional.

En aquella providencia, el Tribunal ordenó ajustes severos al sistema de salud. Pedía, entre muchas otras cosas, que el Estado se pusiera al día con lo que le adeuda a las EPS, las clínicas y los hospitales, y unificar los planes de beneficios de los más pobres con los de los asalariados.

“Al caerse la emergencia social, el Gobierno tiene que entrar a solucionar la crisis coyuntural de la salud”, advierte Óscar Rodríguez, director del Grupo de Investigación de Protección Social de la Universidad Nacional. Eso implicaría hacer un esfuerzo presupuestal para cumplir las órdenes de la Corte y seguir garantizando la atención en salud.

Sí hay una plata que es del sistema y que se podría obtener sin decreto alguno. De acuerdo con Rodríguez, “el mismo Gobierno calcula que controlando los recobros al Fosyga, el sistema de salud puede ahorrar cerca de 400.000 millones de pesos anuales”.

Otra plata que se puede obtener haciendo buenos controles son unos 700.000 millones de pesos que se les han girado a clínicas y hospitales públicos para cubrir la seguridad social de personas que ya no trabajan en ellas.

Según explicó el ministro de la Protección Social, Diego Palacio, en su momento, “desde el año 94 se viene haciendo ese pago. Hay unos recursos que se han venido acumulando en las entidades. Por ejemplo, en los fondos de pensiones hay recursos que a pesar de que los han recibido, no tienen un destinatario específico porque, por decir algo, a lo largo del año, se retiró el trabajador del hospital, pero al mismo tiempo la plata se le seguía girando al fondo, porque desde el principio del año se hacía todo lo que era la nómina del sistema general”.

Entonces la solución propuesta durante la emergencia social fue depurar las listas de personas que siguen vinculadas a las clínicas y los hospitales y “encontramos que allí puede haber entre 500.000 y 700.000 millones de pesos. Estamos recogiendo ese dinero para ayudar al saneamiento de las deudas que tiene el sector de la salud”.

De suerte que hay plata que se puede inyectar al sistema con “un trabajo conjunto entre la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía”, según el profesor Rodríguez.

Pero, de cualquier forma, la plata no alcanza para solucionar todos los problemas, como lo argumenta la ponencia del magistrado Palacio. Entonces el sistema requeriría una reforma general que debe tramitar el Congreso, de acuerdo con las explicaciones del investigador del CID.
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