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| 4/16/2010 12:00:00 AM

Se cae la Emergencia Social, pero siguen impuestos a licores, juego y tabaco

La Corte Constitucional definió que no hubo un motivo coyuntural para declarar el estado de excepción, pero consideró que el dinero de aquellos tributos hacen falta para el sistema de salud.

La declaratoria de Emergencia Social por la falta de dinero para la salud no fue acorde con las normas colombianas, según la Corte Constitucional.

Cuando el Gobierno emitió el Decreto 4975 de 2009, por medio del cual dictaminó el estado de excepción, no había una situación coyuntural que amenazara la estabilidad financiera del sistema. La falta de recursos obedecía a situaciones que venían de tiempo atrás, de acuerdo con la decisión del tribunal.

“Tampoco se trató de una perturbación que no fuera posible conjurar a través de poderes ordinarios dispuestos por el ordenamiento jurídico para estas crisis. Había medidas diferentes a las que tomó el Gobierno para solucionar los problemas de la financiación de la salud”, dijo el magistrado Mauricio González.

Con la declaración de inexequibilidad de este decreto que fundamentó la Emergencia Social, se caen todas las normas que dictó el Gobierno durante el estado de excepción.

En el mismo sentido que la Corte, la Procuraduría había encontrado que “no se trató de fenómenos fácticos que se hubieran dado de manera repentina e imprevista para el momento de tal declaratoria”, conceptuó el Procurador.
 
Para declarar un estado de excepción, como lo es la Emergencia Social, tiene que presentarse lo que jurídicamente se llama un "hecho sobreviniente". Es decir, tiene que ocurrir una situación esporádica o coyuntural que implique un riesgo inminente para los ciudadanos.
 
Es grave la situación de la salud

Sin embargo, para la Corte sí es grave la falta de dinero para el sistema de salud. Y más todavía porque son las personas de pocos recursos las que ven afectado el acceso a estos servicios. Por eso, pospuso la eliminación del Decreto 127 de 2010 para el 16 de diciembre de 2010.

Esta norma es la que crea impuestos a los licores, los juegos de azar y al tabaco para conseguir plata para la salud.

“La corte estableció que todos los recursos recaudados en virtud de este decreto, deben ser dirigidos a la red hospitalaria pública y a garantizar el derecho de acceder a los derechos de salud de las personas que están en el régimen subsidiado o están vinculadas al sistema sin figurar en ninguna de las bases de datos ni del régimen contributivo ni del subsidiado. Esto es, dirigidos a los más necesitados”, explicó González.

El argumento del Gobierno para declarar la Emergencia Social en diciembre de 2009 fue que “el crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud compromete de manera significativa los recursos destinados al aseguramiento, generando un grave deterioro de la liquidez de numerosas Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud y de la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud”.

“Desde el 2000, comenzaron a gestarse el incumplimiento de las metas de universalidad del servicio con el agravante de los problemas financieros de mora y flujo de recursos que afecta especialmente a las clínicas y los hospitales”, explicó Libardo Espitia, de la Red de Veedurías de Colombia.

Durante la Emergencia Social, el Gobierno emitió decretos que controlaban las decisiones de los médicos y los recursos de las Instituciones Prestadoras de Salud, pero “no tocó para nada a los administradores de los recursos, que son las EPS, en cuyas arcas se queda más o menos el 30 por ciento de la plata”, según Espitia.
 
Para la Corte, es necesario que se establezcan controles a los dineros de este sistema. “Existen órganos de control gubernamental y autónomos. Todos deben vigilar la destinación de los recursos. Estamos seguros de que con buena vigilancia de las autoridades y los ciudadanos, esto se puede alcanzar”, dijo González.

¿Qué sigue?

“Lo que tiene que hacer ahora el Ejecutivo es regular los precios de los medicamentos, calcular cuánto cuesta igualar los regímenes subsidiado y contributivo y hacer una completa reforma al sistema de seguridad social”, opina Óscar Rodríguez, del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional.



Sin embargo, no habrá reforma que valga si no se crea empleo decente. “Hay que acabar la flexibilización laboral y hacer que todos los trabajadores tengan seguridad social, seguro para la salud y pensión para la vejez”, según explica Félix León Martínez, del Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad Nacional.




En efecto, el Gobierno tiene preparado un proyecto de Ley que aspira radicar en el Congreso el lunes 19 de abril.

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