EE.UU. y Colombia reanudan negociación sobre bases militares

Estados Unidos y Colombia están finalizando un acuerdo por medio del cual ampliarán la presencia militar estadounidense en el país latinoamericano, incluyendo misiones de interceptación de drogas de las fuerzas aéreas con sede en el centro del país

Ambos bandos dicen que esperan que una quinta ronda de negociaciones previstas para este mes en Bogotá cierren un contrato de arrendamiento de 10 años.

Opositores al acuerdo, sin embargo, temen que un mayor papel estadounidense en el mayor país productor de cocaína del mundo implique a Washington de forma más intensa en un complicado conflicto y provoque problemas con los vecinos izquierdistas de Colombia.

En una audiencia pública, surgida ante las críticas por el secreto que ha rodeado las discusiones, los ministros del Interior, Fabio Valencia Cossio, el canciller Jaime Bermúdez y el ministro encargado de Defensa, general Freddy Padilla, defendieron la negociación como parte clave de la lucha contra el narcotráfico y el "terrorismo" como denomina Bogotá, Washington y Europa a grupos de las guerrillas.

A los Estados Unidos "sencillamente no les estamos cediendo, ni en propiedad transitoria siquiera, un pedazo de nuestro territorio", dijo Padilla en la audiencia. Aseguró que bajo el acuerdo que se negocia Estados Unidos no podrá usar la fuerza dentro de territorio colombiano y que todas las actividades deberán ser autorizadas por el gobierno de Bogotá.

El canciller, a su turno, añadió que el acuerdo contempla que los vuelos estadounidenses no cruzarán las fronteras de esta nación andina.

Entre los críticos "algunos en estas discusiones han querido, si se quiere, despertar la sensibilidad eventual de terceros países frente a la presencia o cooperación de Estados Unidos en Colombia y yo quisiera ser muy claro en esta materia, ya lo dije, pero lo repito: esto es un acuerdo que tiene alcance exclusivo en territorio colombiano", dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez.

La mayor parte de los detalles de las negociaciones son secretos y funcionarios estadounidenses no ofrecieron comentarios y sólo confirmaron la próxima tanda de negociaciones.

Otros funcionarios militares colombianos y civiles familiares con las negociaciones dijeron a la AP que el actual borrador del acuerdo especifica "visitas" más frecuentes de aviones y barcos estadounidenses, que serán recibidos en tres bases aéreas y dos bases navales, en la Bahía de Málaga, en el Pacífico; y en Cartagena, en el Caribe.

Los funcionarios, que hablaron en condición de anonimato debido a las negociaciones abiertas, dijeron que el centro del acuerdo es la base aérea de Palanquero, en Puerto Salgar, en el río Magdalena, a unos 100 kilómetros (60 millas) al noroeste de Bogotá, dijo Padilla.

Palanquero estuvo fuera del límite de las operaciones militares estadounidenses hasta abril del 2008, después de una sanción por infringir los derechos humanos: un helicóptero colombiano militar que usaba la base mató a 17 civiles en el bombardeo, en 1998, de un pueblo del norte del país. La operación se mantuvo en secreto al principio.

Un proyecto de ley aprobado por la cámara baja estadounidense y pendiente de aprobación en el Senado destinaría 46 millones de dólares para obras de construcción en Palanquero, que ya cuenta con una pista de aterrizaje de 3.500 metros, dos enormes hangares y es la base del principal de los aviones de combate de Colombia. El dinero sería ofrecido 15 días después de que se firme un acuerdo, de acuerdo con un funcionario legislativo estadounidense que habló a condición de anonimato porque carece de autorización para comentar públicamente tales asuntos.

Las misiones de interceptación que ahora asumiría Palanquero se centraban en Manta, Ecuador, en el Pacífico, donde cerca de unos 220 estadounidenses comparten el espacio en ese aeropuerto internacional y sólo podían tener ocho aviones. A las naves de monitoreo E-3 AWAC y P-3 Orión que volaban desde Manta --que cierra sus operaciones esta semana-- se les atribuye 60% de las interdicciones de drogas en esa zona del Pacífico.

La embajada de Estados Unidos y Robert Appin, vocero del Comando Sur de Estados Unidos, en Miami, declinaron comentar las negociaciones con Colombia.

Pero consultado recientemente sobre el tema, el embajador William Brownfield destacó que Washington más que adquirir bases estaría en cambio mayor acceso a instalaciones colombianas.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa se negó a renovar un contrato de arrendamiento de 10 años que expira en noviembre.

La decisión de Correa tiene que ver con temas de soberanía nacional. Desde enero, Correa ha expulsado a dos diplomáticos estadounidenses por supuesta intromisión.

Aproximadamente 600 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y contratistas civiles trabajan en Colombia, según las cifras más recientes disponibles. Asesoran a las divisiones del ejército colombiano, tienen sus propias oficinas en el comando castrense y entrenan a cientos de tropas locales desde el año 2000.

Bajo leyes estadounidenses, el número de empleados del departamento de Defensa en Colombia no puede exceder los 800, mientras la cifra de contratistas militares sólo puede alcanzar los 600.

Tal cifra no cambiaría en el nuevo convenio, según funcionarios colombianos.

Rafael Pardo, ex ministro de Defensa y candidato a la presidencia para las elecciones de mayo del 2010, está entre quienes se quejan por la poca transparencia alrededor del probable acuerdo.

"Si es para lanzar operaciones de vigilancia de sobrevuelos sobre otros países me parece que es una hostilidad inútil de Colombia contra sus vecinos", opinó Pardo.
 
-AP