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| 12/11/2009 12:00:00 AM

Pasar la Policía al Ministerio del Interior es inconveniente

El riesgo de politización de la policía si se pasara nuevamente al Ministerio del Interior como lo estuvo hasta mediados del siglo pasado, no es un mero fantasma del pasado. Análisis de María Victoria Llorente de la Fundación Ideas para la Paz.

Dentro del caldeado debate que se ha dado en los últimos meses sobre la seguridad en las ciudades, ha salido a relucir nuevamente la idea de pasar a la Policía Nacional al Ministerio del Interior. Así lo propuso hace unos días el ministro Fabio Valencia Cossio en el acto inaugural de un simposio sobre policía comunitaria. En mi concepto esta propuesta es innecesaria y hasta inconveniente.

La motivación para hacer esta reforma no es muy clara en el momento. Supongamos que por el ambiente en el que surge esta iniciativa, se esperaría responder mejor a los crecientes desafíos de la seguridad urbana. Si este fuera el caso, no veo cómo se lograría dicho resultado cuando es obvio que la cuestión de fondo es de estrategia más que de reforma institucional; aún cuando, por supuesto, tal estrategia puede requerir reformas institucionales.

Mucho antes de pensar en pasar a la policía al Ministerio del Interior, lo cual por lo demás generaría desacomodos institucionales considerables, hace falta diseñar y avanzar en una estrategia nacional de Seguridad Ciudadana. Tal estrategia desarrollaría y ampliaría las pocas líneas que sobre el particular se incluyeron en la Política de Defensa y Seguridad Democrática y en la de Consolidación de la Seguridad Democrática.

Hay que decir que dadas las prioridades en materia de seguridad que había en los años 2002-2003 en Colombia, era entendible que la política de Seguridad Democrática le hubiera puesto tan poca atención a este enfoque, que en ese momento estaba en boga por la experiencia de años previos en Bogotá. Sin embargo, esto es menos entendible en el 2006 cuando se emitió la política de consolidación y ya se habían hecho avances importantes frente a los grupos armados irregulares, particularmente la guerrilla.
 
No cabe duda de que tales avances necesitaban de una estrategia definida para consolidarlos, pero también, desde entonces, era previsible que los asuntos de seguridad ciudadana, sobretodo en las zonas urbanas, requerirían progresivamente de mayor atención.

Pero bueno, poco sirve hacer recriminaciones con el retrovisor. El punto es que en el momento actual y hacia adelante es indispensable complementar la Seguridad Democrática con una estrategia comprehensiva de seguridad ciudadana. Una estrategia de esta índole pone el énfasis en una combinación de acciones disuasivas y de control en las que la policía y la justicia penal juegan un rol central, con intervenciones de prevención social del delito preferiblemente enfocadas en la población menor de edad y en los jóvenes.
 
El otro acento que tiene este tipo de estrategias está en el liderazgo que se requiere por parte de los alcaldes y en la necesaria coordinación de acciones entre la Nación y las autoridades locales. Así mismo, resulta clave la participación de la población en la definición de prioridades y en la fiscalización de las acciones que se emprendan.

He escuchado al Ministro de Defensa insistir últimamente que esta estrategia o la “hoja de ruta” como la llama él, se estableció en el “Cónclave de Seguridad Ciudadana” llevado a cabo a finales de septiembre con los alcaldes de las ciudades capitales.
 
Este encuentro fue importante porque tendió puentes entre la Nación y los alcaldes en la materia. Algo necesario dada la creciente crispación entre estos dos niveles de la administración que se venía dando de tiempo atrás en ciudades como Bogotá y Medellín precisamente alrededor de los temas de seguridad.

Sin embargo, las conclusiones de este “cónclave” están lejos de ser una estrategia de seguridad ciudadana o siquiera una “hoja de ruta”. Allí se discutieron temas sin duda importantes para la seguridad ciudadana pero no todos, y salieron en total 80 recomendaciones la mayoría de las cuales son resultados esperados más que acciones concretas. Falta pues la sustancia: cómo se alcanzarán los resultados esperados, quiénes son los responsables de qué, cuál es el cronograma, cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación, cuánto cuesta y cómo se financiará, etc.

Una cuestión particularmente sensible y que no se resuelve con este cónclave y mucho menos pasando a la policía al Ministerio del Interior, es quién podría liderar la estrategia de seguridad ciudadana. Mientras que en la política de Seguridad Democrática el liderazgo del Ministerio de Defensa era evidente, en el campo de una política de seguridad ciudadana como la descrita no es tan claro.

El Ministerio del Interior podría asumir dicho liderazgo dado que tiene funciones en la materia. Pero no solamente nunca ha sido clara su vocación para ejercerlas en propiedad, sino que además es evidente que su foco está en la labor que le compete en el campo político. Así, por ejemplo, ciertos recursos que administra el Ministerio del Interior a través del Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsecon) según una investigación realizada por la Silla Vacía terminaron cofinanciando más de un centenar de palacios municipales entre 2007 y 2009, cuando técnicamente tales recursos deberían haberse orientado estrictamente a apoyar proyectos locales de seguridad y convivencia.

En estas circunstancias el riesgo de politización de la policía si se pasara nuevamente al Ministerio del Interior como lo estuvo hasta mediados del siglo pasado, no es un mero fantasma del pasado. Además, esta iniciativa podría poner en riesgo avances importantes conseguidos en materia de cooperación armoniosa entre militares y policía. Y esta colaboración ya se sabe que es clave tanto en la reconquista del territorio por parte del Estado como en su consolidación,.

Así que antes de empeñarse en reacomodos institucionales de gran calado sin tener claro ni sus consecuencias ni el plan a seguir, valdría la pena avanzar con una opción intermedia como sería la de crear una Consejería Presidencial como una instancia técnica con peso en el Ejecutivo que asuma el diseño de la política seguridad ciudadana y coordine su ejecución, seguimiento y evaluación.
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