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Las autoridades de Norte de Santander hacen todo tipo de esfuerzos para recuperar a cuatro jóvenes profesionales que fueron secuestradas el viernes pasado por el ELN en la zona de Teorama, en la provincia de Ocaña, donde cumplían una labor de acompañamiento y capacitación a población desplazada.
Se trata de una funcionaria de la Vicepresidencia de la República, María Angélica González, adscrita al programa de Atención a Comunidades en Riesgo, y tres investigadoras de la Fundación Progresar: Lisbeth Jaimes Jaimes, abogada, y las sicólogas Mónica Duarte Rodríguez y Nora Guerrero. La Fundación Progresar es la más prestigiosa institución de investigación social en el oriente del país y presta acompañamiento a la Gobernación en varios programas de derechos humanos en zonas críticas.
El viernes pasado las cuatro mujeres estaban en terreno brindando atención a un grupo de familias campesinas que trataban de retornar a sus tierras, en la zona rural de Teorama, cuando fueron abordadas por sujetos armados que se identificaron como miembros de la guerrilla del ELN que se las llevaron sin que hasta ahora se sepan más detalles.
Desde entonces se iniciaron discretas gestiones con la mediación de la Cruz Roja Internacional para lograr su libertad, sin embargo, hasta ahora no se ha obtenido ningún resultado. “Se trata de un grupo de defensoras de derechos humanos que desde el año pasado realizan actividades de acompañamiento y fortalecimiento comunitario en las zonas rurales de Teorama, Convención y El Carmen. De manera expresa exigimos su inmediata liberación, respetando su derecho a la vida, la libertad y la integridad”, le dijo a Semana.com Wilfredo Cañizales, presidente de la ONG Progresar.
El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, dijo a los medios regionales que tenía información en el sentido de que ayer martes tres de las cuatro retenidas habrían podido recobrar la libertad pero ante la posición de estas de que salían todas o ninguna la liberación parcial no se dio.
Una comisión destacada del CICR se encuentra en Ocaña adelantando contactos con el ELN para lograr la libertad de las cuatro profesionales.
Entre tanto, el Defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, rechazó el secuestro e hizo un llamado público a los captores para que respeten la vida de las retenidas, además recordó a los secuestradores que el secuestro de civiles constituye “un crimen de guerra que viola gravemente el derecho internacional humanitario” que tiene por propósito sustraer a los civiles del conflicto.
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