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M.I.R.: ¿Qué es lo que hace un superintendente de Salud?
J.R.T.: Inspección, vigilancia y control de todo lo relacionado con la salud. Pero reconozco que esta es una entidad absolutamente relegada al rincón más profundo del ostracismo.
M.I.R.: Nunca he oído que esta entidad haya producido una decisión importante…
J.R.T.: Siempre se la ha considerado un apéndice del ministro de turno, primero del de Salud y ahora del de Protección, cuando la verdad es que un superintendente debería ser un delegado directo del Presidente de la República.
M.I.R.: ¿Qué entidades tiene a su cargo?
J.R.T.: Hospitales, clínicas; EPS, IPS, ARS públicas y privadas; y ejercemos la vigilancia y la inspección de loterías y chance y de las empresas de licores y cervezas.
M.I.R.: Entonces, usted es la persona indicada para confirmarme el rumor de que desde hace tiempo, en Colombia, no sólo la politiquería y las mafias locales sino ahora el paramilitarismo se han tomado el sistema de salud… ¿Eso es cierto?
J.R.T.: Vamos por escenarios. Uno, loterías. No puedo generalizarlo, pero sí puedo decir que entre varias le están adeudando al sector salud de los colombianos más de 71.000 millones de pesos. No les importa cumplir con las transferencias al sistema de salud en Colombia. Además, la ley establece que después de tres años seguidos de arrojar pérdidas hay que liquidarlas, y en esta situación tenemos tres casos de loterías detectados.
M.I.R.: ¿Me puede dar nombres?
J.R.T.: La primera será la lotería El Libertador, que opera en Magdalena, Bolívar y Chocó. O los gobernadores la liquidan, o procede la Superintendencia para liquidar estas tres loterías que manejan las beneficencias de esos departamentos.
M.I.R.: Vamos al tema del chance. ¿No está tomado por gatas y gaticos de todos los colores?
J.R.T.: Se está presentando ahí una situación muy complicada. Estas empresas están obligadas a hacer estudios de mercado que deben demostrar cuál es la situación de esas concesiones para los derechos de explotación. Pero esos estudios de mercado no están marcando las verdaderas exigencias de las regiones ni cuánto debe ser el valor de la concesión del chance, y por consiguiente los recursos no están llegando como deben llegar. Se está presentando además un mercado ilegal, clandestino, que está impactando los aportes de ley. El Estado ha abandonado a los concesionarios del chance en Colombia para evitar que ese mercado ilegal se siga presentando. Y en muchos lugares del país se está denunciando que los mismos empresarios del chance son los que estimulan la informalidad. Pero debo reconocer que la gran mayoría de ellos está ayudándole al Estado a aplicar la normatividad.
M.I.R.: Miau… Y en cuanto a los propietarios del chance legal… ¿Por qué tienen tan mala fama?
J.R.T.: Hay de todo. Gente muy decente y correcta, y otros que están burlando al Estado colombiano. Este es un negocio que mueve efectivo, y es muy difícil hacerle seguimiento a la forma como se mueven esos dineros. Los mismos empresarios nos dicen que no consignan en los bancos porque no tienen las garantías de seguridad necesarias para que se les proteja. Vamos a investigar cómo se están manejando esas concesiones, porque se puede estar presentando incluso lavado de activos. Esas investigaciones las tenemos ya muy adelantadas, especialmente en el negocio del chance en la Costa Atlántica, y en el momento en que comprobemos que hay manos ilegales, retiraremos inmediatamente las licencias.
M.I.R.: Con el destape de los vínculos de los políticos con el narcotráfico, se ha descubierto que hay varios hospitales a través de los cuales la política alimenta al paramilitarismo…
J.R.T.: El campo de la salud en Colombia se nos volvió un negocio en el que se están ganando inmensas cantidades de dinero con fachadas sociales y humanas, pero en el fondo están explotando al Estado a través del sistema subsidiado de salud y sin prestar el servicio con calidad y eficiencia. Eso lo vamos a acabar. Muchos de los casos que se están dando son prácticamente criminales. No es posible que los mismos médicos estén impulsando la presentación de tutelas para garantizar que los pacientes de alto costo excluidos del pos que por las vías normales no pueden ser atendidos lo sean por mandato judicial. Y hay empresas que ni siquiera le están aplicando al tratamiento del paciente todo el dinero que les transfiere el Estado a través de los recobros en la dimensión del porcentaje que deberían hacerlo. Hemos llegado hasta el punto, incluso, de que por medio de una tutela se obliga al Fosyga a que reconozca los costos inflados de un tratamiento en el que el Estado colombiano termina pagando triplemente el costo de una jeringa.
M.I.R.: ¿Pero no hay que revisar el cubrimiento de tratamientos de alto costo que son vitales para la supervivencia de un paciente?
J.R.T.: Indudablemente que hay que revisarla, porque a través de la tutela, el sistema de salud en Colombia se ha convertido en un problema judicial. Más grave aun, todo se está llevando al Seguro Social para que sea éste el que asuma todas las situaciones de alto costo, y las EPS privadas no asumen las obligaciones de salud que tienen que prestar. Pero además, el Fosyga tiene más de tres billones 700.000 millones de pesos represados y no les está cancelando a las EPS. Si no les cancela, las EPS no les pagan a los hospitales y las clínicas y al no pagarles, lo que se genera es una quiebra total y por consiguiente la falta de la prestación del servicio en todos los municipios de Colombia, y ahí es donde empieza a fallar todo el proceso. Le estoy solicitando al Congreso la asignación de funciones jurisdiccionales para poder actuar como un juez de manera inmediata y clara en la solución de estos problemas, y una función de conciliación para poder actuar de manera eficiente. Pero en el momento en que tengamos la función adicional de poder sancionar al Fosyga en el momento en que no le pague a las EPS y estas no puedan responderles a las IPS, creo que vamos a solucionar el problema de tutelas y garantizar que hospitales y clínicas respiren nuevamente.
M.I.R.: Esa es una parte del problema. Pero no me ha contestado lo de la influencia del paramilitarismo en nuestro sistema de salud…
J.R.T.: En diferentes departamentos y municipios de Colombia tenemos detectadas EPS, ARS, IPS que, según la opinión pública, están financiadas por los paramilitares. Por cuenta de múltiples denuncias puedo mencionarle el presunto caso de la EPS Barrios Unidos que opera en Chocó, que estamos investigando milimétricamente. También puedo mencionarle el caso del hospital de Magangué, que actualmente es objeto de muchos señalamientos. Para comprobar si es cierto o no que tales entidades están siendo utilizadas para lavado de activos o circulante de dinero del paramilitarismo, hemos abierto un concurso para que una universidad nos preste un sistema de auditorías integrales; para que ponga al día a la Superintendencia Nacional de Salud, que tiene un año de represamiento, y para garantizar la unificación de la normatividad: la Superintendencia tiene 164 circulares que discrepan unas de las otras.
M.I.R.: Supongo entonces que ya tiene confirmada la sospecha de que la infiltración ilegal en el sector salud en Colombia es supremamente grave…
J.R.T.: El sistema se presta para manejos irregulares, y mi sensación es que la salud en Colombia está absolutamente infiltrada por la corrupción. En dos semanas arranco con la campaña para sanearla, y no me temblará la mano para revocar las licencias que tenga que revocar y destituir a los que tenga que destituir.
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