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La versión del gobierno sobre la situación de derechos humanos en el país reconoce que aún falta mejorar muchas cosas, pero resalta lo que considera grandes avances en la materia.
Sobre el derecho a la vida, el gobierno explica en su informe que a comienzos de este siglo, “se cometían cada año cerca de 30 mil homicidios, 200 masacres, 3.000 secuestros y se desplazaban forzosamente hasta 450 mil personas”.
En contraste, el gobierno reseña cómo ha disminuido en el país la criminalidad y la violencia han disminuido. Así, mientras en el año 2002 se perpetraron 28.837 homicidios, en 2007 fueron 17.198, lo que implica una reducción del 45,2 por ciento.
También el gobierno resalta la enorme mejoría que ha tenido el país en materia de libertades individuales y la caída vertical del secuestro. Mientras en 2002 se cometieron 1.708 secuestros, en 2007 ocurrieron 226, es decir, cayó en un 87 por ciento.
El gobierno expresa que ha tenido una “gran preocupación por las denuncias respecto a presuntos homicidios cometidos por la Fuerza Pública”. Y explica que para terminar con esa práctica y buscar justicia en las muertes provocadas por policías y soldados, se han tomado varias medidas.
Se ha lanzado una Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para la Fuerza Pública, elaborada con base en recomendaciones de organismos internacionales, que ha hecho de la defensa y el respeto por los derechos de la población civil una prioridad estratégica. Esta política ha incluido, por ejemplo, directivas que “premian e incentivan el respeto por la vida de la gente y desestimular las bajas”, el envío de muchos más casos a la justicia civil y nuevos recursos estatales destinados a fortalecer la unidad de investigación de derechos humanos de la Fiscalía.
Así mismo destaca el informe del gobierno, la mayor acción de la justicia para investigar y castigar abusos de derechos humanos de la Fuerza Pública. Al 30 de julio de 2008 “han sido vinculados 748 miembros de la Fuerza Pública, se han expedido órdenes de captura contra 242 de ellos y han sido acusados 110 ante los jueces. Actualmente, se han producido 14 sentencias condenatorias que han recaído sobre 42 miembros del Ejército”.
Sobre el desplazamiento, el gobierno reconoce que es la mayor violación a los derechos humanos en Colombia, y calcula que hay cerca de 2,6 millones de personas desplazadas.
El informe enumera varias medidas que se han tomado para hacerle frente a esta tragedia humanitaria. Entre ellas, el esfuerzo que ha hecho el gobierno por cumplir la orden de la Corte Constitucional para hacer mucho más eficaces la medidas de apoyo a la población desplazada para aliviar su sufrimiento y atender sus necesidades. Explica los aumentos presupuestales para ampliar las ayudas de emergencia a los desplazados y la innovación como incorporar a los desplazados al programa Familias en Acción.
Sobre los homicidios a sindicalistas, el gobierno de Colombia destaca que se iba avanzando en la materia, y éstos se redujeron en un 87 por ciento entre 2002 y 2007, pero que ante un cambio de tendencia en 2008, cuando las muertes violentas a sindicalistas subieron, suscribió en julio una Declaración conjunta con las Centrales de Trabajadores, la Fiscalía, el DAS y la Policía Nacional, con el propósito de rechazar los ataques de los que han sido víctimas los sindicalistas y se comprometió a hacer un mayor esfuerzo para prevenir y proteger a los sindicalistas y sancionar a los responsables.
Adicionalmente, se creó una unidad especial de la Fiscalía para que se encargue de investigar los actos violentos contra sindicalistas. Pero las instituciones no se han fortalecido sólo para confrontar la impunidad en los casos de muertes de sindicalistas, sino en cualquier violación de derechos humanos contra cualquier persona, dice el documento.
Para elaborar este informe, el gobierno hizo un proceso de consultas sobre la situación de derechos humanos en el país que incluyó entidades estatales, órganos de control, sociedad civil, otros Estados y representantes de oficinas del Sistema de Naciones Unidas establecidas en el país. Fue redactado por la oficina de derechos humanos de la Vicepresidencia de la República.
Vea el informe completo
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