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Poner cara a cara al testigo Édver Fajardo con el juez que lleva el caso Jamundí ha sido toda una odisea para la Fiscalía, comparable con clásicos del celuloide como Los Intocables o Testigo Oculto; películas en que se debe proteger la vida de un testigo estrella. Igual pasa con Fajardo, un reinsertado de las Farc cuyo testimonio es clave dentro del juicio que se adelanta contra 15 militares del Batallón de Alta Montaña acusados de homicidio agravado, por la muerte de 10 agentes de la Dijín y un civil, en mayo de 2006, al sur del Valle del Cauca.
Fajardo primero acusó a los militares de estar metidos en el narcotráfico. Luego se retractó y dijo que había sido presionado por la Policía y los fiscales del caso. Pasó de testigo de la Fiscalía a ficha de la defensa. Y ahora, SEMANA conoció una conversación entre aquel y un oficial de la Policía en la que Fajardo cuenta que fue golpeado por miembros del Ejército, que su familia fue retenida y que lo obligaron a firmar la declaración donde inculpa a la Fiscalía y a la Dijín. (Ver recuadro).
Esta historia de versiones encontradas comenzó un mes y medio después de ocurrido el crimen de Jamundí. Después de escuchar su testimonio, la Fiscalía incluyó a Fajardo en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos. Durante cuatro meses vivió con su familia en un edificio que la Fiscalía dispone para estos casos, bajo los beneficios de la protección. Hasta que el 16 de diciembre de 2006 dejó el Programa, según dijo, porque estaba aburrido de estar encerrado, y la Fiscalía perdió su rastro.
Fajardo iba a relatar hechos concretos que vincularían al teniente coronel Bayron Carvajal, comandante del Batallón de Alta Montaña, con la mafia. De ahí la importancia de escucharlo en el juicio. Pero esto no ha sido posible en las siete semanas que ya cumple el proceso de Jamundí, pues antes de que la Fiscalía lo llamara a declarar ante el juez Edmundo López, su situación dio un giro inesperado.
El 10 de enero de 2007, un asesor de la Defensoría Militar presentó ante el juez un documento en el que Fajardo se retracta de su versión inicial y acusa a la Fiscalía y a la Dijín de haberlo presionado, con amenazas de muerte, para que declarara en contra del Ejército. También señala en el escrito que Luis Élmer Arenas, senador de la República, y Terry Cole, un agente de la DEA, le habrían ofrecido 50 millones de pesos cada uno, para que sostuviera esta versión contra los militares.
Con el testigo a su favor, los seis abogados que defienden a los militares presionaron al juez López para que adelantara su aparición en el juicio. El magistrado se negó a leer el documento de Fajardo, que fue autenticado el 26 de diciembre en la Notaría Segunda de la Sultana del Valle, y exigió que éste se presentara en su despacho con el fin de valorar la situación.
Sólo el 30 de enero pasado, Fajardo apareció en la audiencia y solicitó al juez que escuchara de inmediato su testimonio, pues, según dijo, su vida estaba en inminente peligro. Mientras se llegaba a un acuerdo entre Fiscalía y Defensa, la protección de Fajardo se volvió una papa caliente.
De acuerdo con el sistema penal acusatorio, la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo deben encargarse de la seguridad de los testigos. Sin embargo, no está claro qué hacer cuando un testigo se voltea.
Como no se podía obligar a que Fajardo regresara al Programa de Protección, se exploró la posibilidad de que la Defensoría Regional del Pueblo lo custodiara, pero esa entidad no cuenta con la logística necesaria para ello y, según su titular, Andrés Santamaría, "ayudamos a coordinar entre los organismos de seguridad del Estado que alguien se hiciera cargo, pero por las particularidades de este caso, todos se negaron".
Finalmente, el juez interrumpió el curso del juicio para escuchar a Fajardo. El viernes 3 de febrero, cuando se esperaba la aparición del testigo clave en el estrado, la Fiscalía sorprendió al llamar primero al jefe de inteligencia de la Policía del Valle, mayor Julián Caballero. El detective hablaría sobre "el riesgo que Fajardo corría en manos de quienes lo protegen" .
No obstante, la petición de la Fiscalía fue rechazada por el juez. La controversia no paró allí. Al terminar la audiencia, el ex guerrillero pidió a la Procuraduría que lo ayudara a retornar al Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. "Le tomamos declaración e hicimos acompañamiento, para que la Fiscalía pudiera retomar su custodia, fue una diligencia preventiva", explicó la Procuradora regional, Gloria Ramírez.
En hechos que son materia de investigación por la misma Procuradora regional, ese viernes en la noche, cuando el representante del Programa de Protección de la Fiscalía acudió a la Tercera División del Ejército, donde era custodiado Fajardo, no le permitieron llevárselo. Por esta razón, el testigo pasó el fin de semana en las instalaciones del Ejército en Cali, a pesar de manifestarle a la Procuraduría que estaba en peligro. Sólo el lunes pasado fue entregado a la Fiscalía.
Los fiscales ya pidieron una investigación por secuestro extorsivo, amenaza contra testigo y falsedad documentaria. Por su lado, la defensa ha pedido que se investigue el procedimiento, para ellos irregular, en el que la Fiscalía recuperó la custodia sobre el testigo estrella.
Se espera que esta semana se despejen las dudas cuando Fajardo suba al estrado y por fin diga qué es lo que sabe... o no sabe.
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