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Las declaraciones se conocieron durante la reanudación de las audiencias de juzgamiento de los diez militares acusados de participar en la masacre. Y se realizaran hasta mañana en el Juzgado Segundo Especializado de Antioquia.
El abogado de las víctimas, Jorge Molano, interrogó al capitán Guillermo Gordillo sobre la posibilidad de que el general Mario Montoya, para ese momento comandante de la Primera División del Ejército, fuera uno de los diseñadores de la Operación Fenix, y quién ordenó utilizar guías para ingresar a la Comunidad de Paz. Todo con base en las declaraciones dadas a la Fiscalía en el 2009 por los coroneles Nestor Iván Duque, Orlando Espinosa, y Castro, todos miembros de la Brigada XVII. El general Guillermo Gordillo respondió que sí conocían de la ingerencia que los comandantes de División tenían sobre las operaciones.
El capitán Gordillo, quien confesó su participación en el crimen y se acogió a sentencia anticipada, aceptando que la Brigada XVII y el bloque Héroes de Tolová patrullaban de manera conjunta para ejecutar crímenes de lesa humanidad, se reafirmó en las declaraciones dadas a la fiscalía en el 2008.
José Joel Vargas, alias “pirulo” y Adriano de José Cano Arteaga alias “Melaza”, ex paramilitares también declararon en el proceso y confirmaron en la audiencia que trabajaron de la mano del Ejército Nacional y que, junto con las tropas estatales, cometieron la masacre.
Estas declaraciones ratifican las pruebas que ya tiene el juzgado para condenar a los militares.
La operación Fénix fue diseñada en febrero de 2005 después de que un oficial y 18 soldados murieran en un cerco tendido por las Farc, en la vereda El Porroso, de Mutatá. Se trató de una emboscada de la guerrilla y todos los altos oficiales de la Brigada estaban adoloridos y humillados por este golpe. La operación consistía en una acción envolvente de varios batallones sobre el cañón del río Mulatos, donde se sabía tenían su guarida guerrilleros de los frentes 5 y 58 de las Farc.
Entre el 21 y el 22 de febrero de 2005, un comando de por lo menos 60 paramilitares pertenecientes al bloque Héroes de Tolová, que comandó Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ’Don Berna’, protegidos por miembros adscritos a la Brigada XVII del Ejército, asesinaron a Luis Eduardo Guerra, Sandra Milena Muñoz, Alejandro Pérez, Bellanira Areiza, Alfonso Bolívar Tuberquia, Deiner Andrés Guerra (11 años); Natalia Tuberquia (5 años), y Santiago Tuberquia, (21 meses). La masacre que conmovió al país ocurrió en las veredas La Resbalosa y Mulatos Medio, en el Urabá antioqueño.
Los militares vinculados penalmente por estos crímenes fueron el coronel Orlando Espinoza Beltrán, el mayor José Fernando Castaño López, el teniente Alejandro Jaramillo Giraldo, el sargento Ángel María Padilla Petro, el cabo primero Sabaraín Cruz Reina, el subteniente Jorge Humberto Milanes Vega, el sargento Henry Agudelo Guasmayan Ortega, el cabo tercero Ricardo Bastidas Candia, el subteniente Edgar García Estupiñan y el sargento Darío Brango Agamez.
La probabilidad de que este proceso termine en impunidad por vencimiento de términos fue denunciada el 21 de enero por Jorge Molano y Gloria Cuartas, actores populares en este proceso y defensores de las víctimas de la masacre. Por esos días empezaba el escándalo de los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, que quedaron libres por vencimiento de términos.
La audiencia tuvo casi dos meses de retraso debido al extravío de 9 cuadernos del expediente de la oficina de apoyo de Medellín que servirían de pruebas para las audiencias previstas para los días 14, 15 y 16 de diciembre de 2009. Este hecho fue denunciado como una estrategia de la defensa de los militares para dilatar el proceso.
El expediente contenía la declaración de José Vaca Florez, Robert Darío Gómez alias "JL", Francisco Javier Galindo Martínez y Edinson Camilo Martinez; las indagatorias del teniente coronel Néstor Iván Duque, del coronel Acosta Celi y del coronel Fernando Carrazco. Además, el testimonio de Hevert Veloza, conocido como ‘H.H’, quien denunció el pago de testigos que se hicieran pasar como miembros de las Farc para que desviaran el curso de las investigaciones.
Los cuadernos aparecieron un día después, pero no hacían parte de las pruebas del caso. Esta fue la principal razón para posponer la audiencia para el 4 y 5 de febrero del presente año.
A pesar del poco tiempo que queda, Molano está seguro de que las pruebas que tiene en poder el juzgado son contundentes para condenar a los militares por los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida y actos de barbarie.
La solicitud dirigida al Consejo Superior de la Judicatura pedía, entre otras cosas, que se designara a un juez de decongestión de despacho para que durante estos 13 días que restan, la juez encargada pueda concentrarse exclusivamente en este caso. Hasta hoy no han recibido respuesta.