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El inclemente verano que azota el país no sólo está dejando descubiertas grandes extensiones de tierras inútiles por cuenta de la resequedad, sino que deja en evidencia un escándalo que involucraría a varios mandatarios locales y que hace recordar lo que fue el sonado caso del Guavio de hace un par de décadas, cuando se realizaron multimillonarios pagos por la compra de tierras para realizar una hidroeléctrica. Ahora se trata de la compra de varios predios a precios sorprendentemente altos, amparados bajo una ley que tiene como fin la protección de los cauces de los ríos.
Hay municipios como Puente Nacional, en Santander, que pagó a 130 millones de pesos la hectárea de tierra, cuando según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), el valor comercial promedio de una hectárea en ese lugar no supera 10 millones de pesos, o el de Buenavista, Boyacá, donde se compró a 100 millones de pesos cuando el promedio comercial es de sólo tres. O el caso del predio El Rubí, en Cali, por el que la ciudad pagó más de 2.400 millones de pesos, cuando su avalúo era de sólo 150 millones de pesos.
Cuando la Contraloría General comenzó a identificar un mismo patrón, pensó que se podía tratar de uno que otro caso aislado. Pero al ir consolidando la información suministrada por las Contralorías regionales, encontró situaciones llamativas en una veintena de municipios que involucran varios miles de millones de pesos. Esto sólo se empezó a hacer evidente a finales del año pasado, cuando el organismo de control preparó su informe anual para el Congreso y decidió mirar con más detalle un rubro de inversión al que poca atención se le prestó durante años.
Con el espíritu que trajo la nueva Constitución a comienzos de los años 90, se dio paso a la Ley 99 del 93, que contiene un artículo que en su momento fue considerado toda una revolución en materia de protección de los recursos hídricos. Allí se determinó que departamentos y municipios debían destinar durante 15 años al menos el 1 por ciento de sus ingresos para comprar predios en zonas estratégicas para la protección de las cuencas que surten los acueductos. Aunque hay un debate jurídico sobre qué montos se incluyen en los ingresos de los entes territoriales, un estudio próximo a publicar, realizado por Guillermo Rudas para las organizaciones Patrimonio Natural y The Nature Conservancy, muestra cómo tomando la cifra más conservadora, el mínimo destinado para invertir cada año era de unos 300.000 millones de pesos. Es decir que a 2008, cuando se cumplía el plazo previsto por ley, se debía haber comprado en todo el país predios por unos 4,5 billones de pesos.
Si esto se hubiera hecho, a pesar de un fenómeno climático como el que se vive actualmente, se habría mitigado su impacto en el suministro de agua que hoy tiene a un centenar de municipios con racionamientos. Pero la realidad es bien distinta y trae consigo varias preocupaciones.
La información consolidada hasta ahora por la Contraloría General muestra cómo las inversiones hechas en este tiempo escasamente llegarían a 200.000 millones de pesos, equivalentes a 90.000 hectáreas compradas. Algunos municipios alegaron que la ley no los obligaba a hacer dichas compras cada año, sino que se podía entender que se debían realizar durante ese período, lo que les daba plazo para que se hiciera al final. Aun si fuera así, ya el plazo se cumplió, lo que técnicamente deja en aprietos a miles de mandatarios que incumplieron la ley durante todo este tiempo.
Pero al mirar con lupa la información que los entes territoriales suministraron, empezaron a aparecer casos que tienen un fuerte aroma a corrupción. El procedimiento para hacer las adquisiciones prevé un avalúo del Igac, de una Lonja o de un avaluador registrado. Y debe ser clara la importancia del terreno para la protección del agua, para lo que cuentan con la asesoría ambiental de las Corporaciones Autónomas. De hecho, por la naturaleza de la ley, lo usual es que estos predios se ubiquen en zonas medias y altas de las montañas, que coinciden con terrenos muy inclinados y de difícil acceso, lo que los hace mucho más económicos en el mercado.
De ahí que hayan levantado dudas en el ente de control las compras de predios a precios tan altos. Antioquia es el departamento donde más se ha invertido en la compra de estas tierras. Allí han llamado la atención los precios pagados por los municipios de Rionegro y de Envigado, que han cancelado hasta 201 millones y 155 millones de pesos por hectárea, respectivamente, según lo reportaron a la Contraloría. Los funcionarios que siguen el caso saben que en estos municipios puede haber predios de valores altos, pero estos generalmente son en zonas de recreo, a los cascos urbanos o a vías, que no es la situación de lo que se debe comprar con estos recursos.
También les llama la atención la compra de costosos predios muy chicos, que difícilmente se entendería que sirvan para la protección de una cuenca, como algunos encontrados en La Estrella, Antioquia; Chiquiza, Boyacá, y Barbosa, Santander, donde hay casos de compras de tan sólo 50 metros cuadrados, un área insignificante en materia rural.
Es muy poco lo que se ha hecho para dilucidar cómo se explican semejantes gastos y quiénes durante estos 15 años han sido los responsables. En el caso de Cali, ya está en juicio la funcionaria encargada de la compra. Su versión es que además de la tierra, también compró los árboles que allí había, sin caer en la cuenta de que además el predio estaba dentro de un Parque Nacional, y que además es una zona declarada reserva forestal.
Por su parte, el auditor general de la República, Iván Darío Gómez, dice que sólo ahora su dependencia está instrumentando un modelo de control que le permite identificar si hubo omisión por los contralores regionales, y de acuerdo con eso se procederá con las sanciones.
Mientras tanto se abrió una nueva polémica porque en la ley de Desarrollo del año pasado se incluyó un artículo que algunos entienden como si se hubiera ampliado el plazo de compra de predios por un año, y otros como si fuera por 15 años más. Pero lo que hay hasta ahora es claro. Ha habido desidia en las inversiones por parte de municipios y departamentos; donde se han hecho no hay garantía de que sean negocios buenos para la Nación; una ley considerada de vanguardia tiene su saldo en rojo, y su falta de aplicación está ayudando a que cientos de municipios no tengan cómo soportar la sequía.
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