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Se nos ha acusado de faltas éticas y legales por tener una participación en unas tierras en Mosquera, las acusaciones cada día se modifican y se amplían al antojo de nuestros detractores para intentar dejar la sensación de que de tanta acusación, algo incorrecto hemos hecho.
Entendemos que estas acusaciones entrañan un debate de fondo, que se puede resumir en dos preguntas:
1. ¿Podemos o no, como hijos del Presidente, adelantar negocios y desarrollar empresa?
2. ¿Adelantamos nuestra actividad empresarial con ética y apego a la ley?
Es nuestra responsabilidad pública aclarar las denuncias que se han hecho sobre nosotros.
Los terrenos eran de Bavaria
Omitió el periodista informar que los terrenos en cuestión pertenecían a la empresa Bavaria, que llevaba cinco años vendiéndolos sin éxito. Bavaria, quien adelantó allí actividades de fomento agro industrial. Su precio fue de 8.600 millones de pesos, tal como lo constata la escritura de compra-venta. Resulta incontrovertible que Bavaria es una empresa internacionalmente inscrita en Bolsa, lo que demuestra que no puede ni subvalorar sus bienes en detrimento de los accionistas, ni subdeclararlos al momento de venderlos. Se concluye que esos predios se adquirieron por su valor comercial. Como lo puede constatar la empresa Bavaria, el valor de estos predios fue negociado y determinado con base en un precio por metro cuadrado.
Quiénes los compramos y por qué
Los terrenos fueron comprados por un grupo de inversionistas, del cual formamos parte con el respaldo de nuestra familia materna. Vale la pena resaltar que nuestro abuelo materno, Darío Moreno, es un reconocido empresario antioqueño que ha trabajado en propiedad raíz por más de 50 años. Los compramos porque en ese momento económico (2006), la propiedad raíz era una opción muy atractiva de inversión, ya que iba en proceso de muy alta valorización, lo que a fecha de hoy se presenta en efecto contrario. La participación de Jerónimo y mía, que surge de haberles vendido a los demás inversionistas a un mayor precio, es del 7,9 por ciento cada uno, y no del 60 por ciento, como se dio a entender.
La fiducia es una garantía de transparencia y cumplimiento
Se manipula la información y los términos, pues por acudir a una fiducia se nos endilga de utilizar marañas legales con el fin de esconder nuestra participación. Acudimos a la figura jurídica de la fiducia como garantía de transparencia en la inversión para compradores y vendedores. Las fiduciarias tienen vigilancia jurídica y financiera por órganos de control especializados. Resulta injusto y ofensivo a la ley comercial deducir un ánimo por utilizar una figura que nació desde el derecho romano.
Sociedad panameña
La sociedad panameña la habíamos comprado para posibilitar el desarrollo de actividades internacionales relacionadas con nuestra empresa y fue debidamente registrada ante el Banco de la República.
No se cambió el uso del suelo; se siguió al pie de la letra lo dispuesto por el POT
Sólo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio puede cambiar el uso del suelo. Este plan es sancionado por el concejo municipal mediante acuerdo. Para el caso de estos predios, el uso del suelo está definido como industrial desde el año 2000, lo que implica que mínimo desde el 99 se debió haber establecido técnicamente este uso, ya que la formulación y la aprobación del POT es un proceso complejo. Un alcalde no puede cambiar el uso del suelo mediante decreto.
Todos los trámites adelantados ante la administración municipal son los trámites que tendría que haber hecho cualquier ciudadano con el interés de desarrollar estos predios (además, no fueron adelantados por nosotros, sino por el arquitecto Camilo Santamaría, mediante mandato otorgado por la fiduciaria). La definición de estos trámites está claramente regulada por la ley. Es decir, no se trató de favores hechos a la medida, simplemente se dio cumplimiento a lo que la legislación exige, con pleno apego a la misma. Era obligación del alcalde aprobar estos trámites si los mismos llenaban todos los requisitos legales. De lo contrario, estaría prevaricando. La pregunta que surge es: ¿Es un delito, o una falta a la ética, que sigamos lo que la ley dispone?
Se le vendió a una empresa constructora reconocida
Resulta que la empresa propiedad del hermano del ex alcalde es tal vez la principal constructora del municipio de Mosquera, responsable por los parques industriales más importantes del mismo. No se trata de una empresa de papel. Se trata de una empresa con experiencia acreditada y un objeto social claramente definido, a la cual se le vendió por encima del precio de compra. Ahora, respondo a las suspicacias con un interrogante: si se tratara de un hecho corrupto o soterrado, ¿la fiduciaria hubiera hecho la venta sobre la mesa, sin intermediarios o testaferros? No se puede condenar a la familia del ex alcalde simplemente por su parentesco con el mismo. Además, una fiducia no puede hacer una venta subdeclarada, ni sin haber sometido a los clientes a un proceso de investigación de lavado de activos.
Los requisitos de una zona franca están en Internet
Algunos detractores han querido dar a entender que "conocíamos de antemano que en estos predios se adelantaría una zona franca". ¡Cómo si la ubicación de una zona franca fuera señalada por el gobierno, o se necesitare información privilegiada! No es el gobierno el que programa las zonas francas, simplemente es quien aprueba las solicitudes de los privados. Resulta que los requisitos para obtener la calificación como zona franca están disponibles en Internet y son de libre acceso para cualquier ciudadano.
Una zona franca es un derecho, no un privilegio
En primer lugar, como el periodista denunciante lo reconoció públicamente en La W radio, nosotros no participamos en el trámite de calificación como zona franca, y el mismo se dio de conformidad a la ley. Esto lo ratifica el acuerdo de intención suscrito con la Zona Franca de Bogotá. La ley establece unos requisitos (que no son pocos ni sencillos) para otorgar la calificación como zona franca. Quien reúna estos requisitos tiene el derecho a obtener la calificación como zona franca. Es importante anotar que en Colombia van 47 zonas francas aprobadas, 17 de las cuales en Bogotá y Cundinamarca.
La declaratoria de zona franca no entraña un enriquecimiento automático
El columnista denunciante da a entender que la declaratoria de zona franca conlleva a un enriquecimiento inmediato. Lo que no cuenta son los costos e inversiones que implica una zona franca. La rentabilidad está finalmente determinada por las ventas del proyecto y la velocidad en que se produzcan, así como por sus costos, no por la declaratoria de zona franca per se.
Doble calzada se decidió en 1995
Era de esperar que un ataque por parte de un periodista que se ha ensañado contra mi familia fuera recogido por la oposición política. Ahora el senador Petro quiere sembrar la idea de que existen otras irregularidades. Menciona dos. La primera afirma que la doble calzada fue decidida después de que nosotros compráramos el lote y en una reunión pública en la que estuve presente. Eso es absolutamente falso. La doble calzada fue decidida en 1995 y los predios para la misma fueron adquiridos en su totalidad por el entonces Invías en 2001. Lo segundo no merece ningún debate. Dice el senador Petro, reconocido enemigo político de mi padre, que el tren de cercanías pasará por el predio de la Zona Franca de Occidente. Pues bien, la carrilera del tren está allí desde 1917. Y aun hoy, cuando escribo esto, nadie ha tomado la decisión de llevar a cabo el proyecto del tren de cercanías. Afirmar que el tren tiene algo que ver con nuestro predio es aberrante.
Para finalizar respondiendo a las dos preguntas planteadas al inicio, me gustaría citar la siguiente frase del doctor Eduardo Santos, proferida el 8 de agosto de 1950:
"No se entiende la diferencia… entre la ley moral y la ley positiva. Parece extravagante ese divorcio imposible. Porque hay que aceptar que la ley positiva tiene un fundamento moral, o de lo contrario carecería de sentido la noción del orden jurídico y del Estado de Derecho".
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