Conscientes de que sus actuaciones en el proceso de la adjudicación del tercer canal les ocasionará un sinnúmero de demandas civiles y penales, los miembros de la Comisión Nacional de Televisión han adoptado dos medidas que buscan protegerlos. La primera será no volver a grabar las sesiones de la junta directiva y reducir sus actas a las decisiones tomadas sin registrar las discusiones. La segunda, contrataron una póliza de responsabilidad que cubre a los comisionados en caso de ser obligados a pagar perjuicios por sus actuaciones.
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