Para resolver el impasse creado por la terna para elegir Fiscal, en la Casa de Nariño se está contemplando la posibilidad de recurrir a una norma de hace casi un siglo. Se trata de la Ley 4 de 1913, que faculta al Presidente de la República para llenar las vacantes en otros poderes en caso de que estos no cumplan con sus obligaciones. El artículo fue concebido para funcionarios designados por el Congreso, pero los juristas de Palacio creen que es aplicable en este caso a la Corte Suprema. De aplicarse esta fórmula, Uribe podría nombrar directamente al Fiscal General y saltarse a la Corte. Es muy poco probable que ésta acepte tal interpretación.
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