Esta semana quedó casada una dura pelea que tendrá que definirse antes de un mes y que determinará cómo será la televisión de Colombia en la próxima década.
La razón del agarrón es que la Comisión Nacional de Televisión (Cntv) reveló dos importantes decisiones. Primero, que sacará a licitación un tercer canal privado y, segundo, que las cadenas que hoy tienen licencia, Caracol y RCN, deberán pagar una millonada para poder seguir en el negocio.
La polémica se desató inmediatamente. Los canales reaccionaron airados, el procurador Edgardo Maya reviró, el Presidente de la República mandó un mensaje de conciliación, mientras la presidenta de la Comisión, Carolina Hoyos, defendió las medidas. Los anuncios dejaron más dudas que respuestas. Por eso es necesario ir por partes para entender el debate.
En esta pelea hay dos temas independientes, aunque estrechamente ligados. Primero, la Cntv tiene que definir la llegada de un tercer canal privado; esto se debe hacer a través de una licitación, pues la televisión transmite su señal utilizando el espectro electromagnético que es propiedad del Estado. Ese nuevo canal quedará asignado en mayo del próximo año. Al mismo tiempo, debe decidir si permitirá la prórroga de los dos canales existentes y a qué precio.
El martes pasado la Comisión señaló que el nuevo canal se asignará por medio de una subasta y el precio base desde el cual parte la puja se mantendrá reservado hasta el día del cierre del negocio. Así, los tres competidores interesados por esa licitación pueden apostar más fuerte y se logra un mejor resultado para el Estado. Sin embargo, el procurador, Edgardo Maya, aseguró que este mecanismo no está establecido en la ley y por eso pidió revisar el tema.
Ese debate tiene dimensiones jurídicas y el plazo para definirlo es un poco más largo, pues la Comisión cuenta con casi dos meses para hacer los ajustes necesarios. Sin embargo, varios hechos entre el miércoles y el viernes de la semana pasada podrían llevar a barajar todo, incluso que no sea uno, sino dos los nuevos canales licitados. Esta es la historia.
El segundo tema clave que anunció la Comisión el martes pasado es cuánto se les va a cobrar a Caracol y RCN para que puedan explotar durante 10 años más, la parte del espectro electromagnético que hoy usan para su negocio. Este tema fue el que más escándalo armó la semana pasada.
A los canales privados no les gustó el precio que les asignaron a sus concesiones: 82 millones de dólares cada una y el 7,58 por ciento de los ingresos brutos que tengan durante la duración de la concesión.
Gabriel Reyes, presidente de RCN Televisión, aseguró a SEMANA que la cifra que deberán pagar es "absurda" y Paulo Laserna, presidente de Caracol Televisión, manifestó en distintos medios su insatisfacción por la medida. Ambos directivos consideran que la Comisión se equivocó al cobrar, según ellos, tan caro por el uso del espectro.
La Comisión tuvo como sustento técnico un estudio elaborado por dos consorcios, encabezados por Esfinanzas y Correval. Según Julio Roberto Vaca, representante de Esfinanzas, el estudio tuvo en cuenta tanto criterios macroeconómicos, así como un análisis acerca del mercado de la pauta y de la rentabilidad del negocio. El viernes pasado, la Cntv les entregó el estudio a Caracol y RCN para que conocieran de primera mano la información en la que se fundamentó el precio y plantearan sus reparos más tranquilamente.
Pero la ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, a nombre del presidente Uribe, intercedió y abogó porque se buscara una salida concertada al tema; para ello sugirió que un 'actor' independiente fuera el que diera un diagnóstico final. Así que por ahora, se podría estar cocinando un eventual reversazo de la Cntv.
Sin embargo, la salida no es tan sencilla y la Comisión tiene muy poco espacio para ceder o negociar, por razones políticas y económicas. Primero, no caería bien entre la opinión pública que se le bajara la tarifa a los canales privados, porque daría la impresión de que la Cntv tomó una decisión sin sustento e improvisada o, en el peor de los casos, que la Comisión cambia sus decisiones cuando éstas no les gustan a los canales, que son empresas de dos de los grupos económicos del país. Segundo, la Cntv tiene la obligación constitucional de financiar la televisión pública y garantizar un servicio de calidad, y los recursos que paguen Caracol y RCN son fundamentales para cumplir ese mandato. Evidentemente, la posición de la Comisión no es fácil.
¿Tres o cuatro canales?
Al finalizar la semana, un nuevo ingrediente se incorporó a esta película. SEMANA conoció que en la Comisión se está abriendo paso una salida intermedia. Tres comisionados, Juan Andrés Carreño, Alberto Guzmán y Fernando Álvarez, han venido considerando la posibilidad de bajar el precio para RCN y Caracol, pero siempre que se dé en concesión un cuarto canal.
Si prospera esa solución sería como comenzar de cero: se les rebajaría el precio a Caracol y RCN, se abriría licitación para dos nuevos canales privados y, finalmente, no sería mediante subasta con precio reservado, sino subasta con precio público, por petición del Procurador.
La posibilidad de un cuarto canal no le debe gustar tampoco mucho a Caracol y RCN -que han criticado en el pasado la opción de tercero-, pues cambiarían un pago millonario por un nuevo competidor que les quitaría más tajada de la torta publicitaria, que hoy está cercana a los 900.000 millones de pesos al año.
Si la Cntv no resuelve bien esta situación y termina por rediseñarlo todo, enviaría un pésimo mensaje y les daría la razón a quienes dicen que ha improvisado.
Por eso hay quienes creen que lo más sensato sería ratificar su decisión. Para eso tiene argumentos de sobra. Caracol y RCN van a tener la ventaja frente a su competidor nuevo, pues podrán ofrecer sus redes para cargar la señal del nuevo concesionario, lo que les generaría ahorros importantes y además la propia Comisión les acaba de entregar la posibilidad de que exploten el gran negocio que es la televisión digital; ésta les permitirá ofrecer un contenido mucho más variado y acceso a una mayor pauta publicitaria.
No parece ser la hora para los bandazos. La prioridad es cumplir el mandato constitucional, aceptando que los canales deben ser rentables: las decisiones son las que son, aunque no le gusten a todo el mundo.
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