La leyenda del Dorado está comenzando a repetirse. Así como hace casi 500 años aventureros del imperio español vinieron en busca de todo el oro posible, ahora Colombia se ha convertido, de nuevo, en un apetecido puerto de destino de inversionistas de todo el mundo en materia de minas y petróleo.
El gobierno está emocionado con la bonanza que se avecina. Según las cifras oficiales, en los siguientes seis años, habrá inversiones por 47.000 millones de dólares en proyectos de petróleo, carbón, níquel y oro.
Colombia se montó en un tren del que no se va a bajar, pues está haciendo lo que cualquier país haría: explotar sus recursos naturales. En ese esfuerzo, la apuesta es muy agresiva. Sólo en el primer semestre de este año, la inversión en minería (sin tener en cuenta petróleo) alcanzó 1.700 millones de dólares, el doble de lo registrado en el mismo período del año pasado. Si se suma la de hidrocarburos, la cifra asciende a 3.200 millones de dólares.
Tres de estos productos (carbón, petróleo y níquel) ya representan el 47 por ciento de las exportaciones totales del país. Y aunque se podría pensar que el petróleo distorsiona las cifras, en realidad las ventas de carbón tienen bastante peso: es el 17 por ciento del total. De aquí a 2019, el país tiene previsto duplicar la extracción de carbón (de 73 millones a 145 millones de toneladas al año) y multiplicar por cinco la del oro (de 20 toneladas el año pasado a 100 toneladas en 2019).
Los desafíos de esta ola minera y energética son grandísimos y aún no se han puesto en la agenda pública. La incógnita es si el país va a poder cumplir con el reto de explotar sus recursos naturales, sin acabar con el medio ambiente, mientras genera mejores niveles de vida a las poblaciones donde se desarrollan estos proyectos.
El primer gran desafío y el más obvio es el ambiental. El tema no se puede abordar desde el lugar común de desarrollo igual a tierra arrasada. El director de Programas de Conservación de The Nature Conservancy (TNC), una de las ONG ambientalistas más grandes del mundo, Aurelio Ramos, explicó que es razonable que el país quiera desarrollar su potencial minero. Sin embargo, advirtió que "es una amenaza si no se hace bien".
TNC actualmente trabaja de la mano con el Ministerio del Medio Ambiente para diseñar herramientas que permitan garantizar que se cumplan unos mínimos de conservación y mitigación ambiental. Además, explicó que el país debe identificar claramente sitios vetados para la minería, es decir, los que no se van a poder recuperar de ninguna forma si se afectan ambientalmente.
Pero la discusión sobre la minería y la explotación energética tiene que salir del terreno de la satanización. Muchos, como el mismo Ramos, reconocen que es posible hacer actividad minera sin que eso signifique acabar con el medio ambiente.
Ahora bien, hay un segundo tema que preocupa y es el relacionado con las reglas del juego para los empresarios del sector. Si el país está invitando a los inversionistas a que vengan a explotar estos recursos, debe garantizarles un marco legal claro. Zenaldo Oliveira, el presidente de Vale Do Rio, una de las mineras más importantes del mundo, que acaba de llegar al país con una inversión de 373 millones de dólares, explicó que esa empresa ha contado con el apoyo del gobierno nacional para el inicio de sus operaciones. "Colombia es un país de oportunidades y han recibido a la empresa de forma positiva dándonos el apoyo desde el inicio", explicó.
Pero mientras el Ministerio de Minas presenta un discurso de puertas abiertas para la inversión, estos mismos empresarios tienen que padecer las trabas que se imponen desde otras instituciones, como las corporaciones autónomas regionales y los Ministerios de Ambiente, Interior y hasta Defensa, por el tema de explosivos.
Es a lo que se le podría llamar el síndrome Anglo Gold: mientras el Ministerio de Minas promovió la llegada de la más importante productora de oro del mundo a un proyecto en Tolima, la compañía no ha podido avanzar, por los trabas administrativas en asuntos ambientales para la mina La Colosa.
Obviamente, no se trata de dejar que las compañías hagan lo que quieran, sin importar el impacto ambiental o social de un proyecto. Pero la regla en este sentido debe quedar clara desde el principio. Si no los van a dejar trabajar, entonces ¿para qué los invitan?
Lo que hace falta es mayor coordinación entre las instituciones que tienen que ver con la explotación minera. El ministro del Medio Ambiente, Carlos Costa, reconoció que hay descoordinación y el hecho queda demostrado, por ejemplo, en que Ingeominas expide títulos mineros en zonas de reserva y áreas protegidas. "Ahí el tema es de información y eso se puede superar mejorando las bases de datos", explicó.
A pesar de ese problema, Costa defiende su cartera. "Es mentira que nosotros estemos haciéndoles el juego a las grandes empresas mineras. De hecho, entre 2002 y la fecha, hemos recibido la solicitud de siete licencias ambientales para grandes proyectos y de esas hemos objetado cuatro porque no cumplen con los estándares ambientales necesarios".
Otro lío
Hay otro elemento clave en esta apuesta minera y se refiere a la infraestructura. Como se ha repetido hasta el cansancio, al país le cogió la noche en modernizar los sistemas de transporte como trenes y puertos. Hay mucha descoordinación y falta de visión.
Lo ocurrido con el tren de Fenoco, que saca la mayor parte del carbón de Cesar, es muy revelador. El gobierno negoció con la compañía la construcción de una segunda línea de tren paralela a la actual, y el Ministerio del Medio Ambiente, dos años después de firmado el contrato, le dijo que había sectores donde no se podía hacer esa línea paralela.
Hoy esos tramos están en el limbo y el tren cuenta con doble trazado en la mayor parte del trayecto, menos en los terrenos señalados por el Ministerio del Medio Ambiente.
Otro caso dramático es el de Puerto Nuevo, en Ciénaga, que reemplazará el puerto de Prodeco en Santa Marta. El Ministerio de Transporte se demoró con la licitación esa obra que no va a estar lista antes de tres años. Prodeco cuenta con licencia para cargar carbón en Santa Marta, hasta junio de 2010, así que si administrativamente no se hace algo, simplemente la compañía, perteneciente a Glencore, no va a continuar exportando carbón, porque no tendrá puerto por dónde hacerlo.
Las metas ambiciosas de explotación minera convierten los asuntos de infraestructura en un nervio sensible.Al país lo cogió la noche, para modernizar sus sistemas de puertos y ferrocarriles, para transportar toda la creciente producción de los proyectos.
¿'Boom' para quién?
El otro asunto es la eficiencia social del boom minero. Lo ocurrido con sectores clave como el carbón y el petróleo muestra que no es suficiente con millonadas en regalías para mejorar las condiciones de vida de la población. Obviamente aquí la responsabilidad es de autoridades locales.
Los escándalos de desperdicio de regalías son pan de cada año en el país. Y ya está probado que en las regiones donde se da la bonanza terminan reinando, antes que el desarrollo, la violencia y la corrupción.
De eso es consciente el gobierno y por eso a través de Planeación han puesto en cintura a muchos municipios y hasta han congelado regalías. Pero, el problema sigue presente entre los dirigentes regionales que por ineficiencia o corrupción malgastan mucho dinero.
Lo cierto es que Colombia va derecho a convertirse en potencia minera en la región. Los retos son muy claros y el tiempo dirá si valió la pena esta apuesta.
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