Según la providencia condenatoria del juez 12 penal del circuito de conocimiento de Bogotá, Martín Leonardo Suárez, los tenientes de la Fuerza Aérea Colombia (FAC) César Romero y Johan Jiménez son probados responsables de los delitos de homicidio y lesiones personales. Aparte de los 17 civiles muertos, también hubo 18 lesionados.

También fue condenado a 72 meses de prisión el técnico Héctor Mario Hernández, cuya responsabilidad en los hechos --según el juzgado-- fue culposa o accidental.

En la mañana del 13 de diciembre de 1998, Romero, Jiménez y Hernández abordaron un helicóptero de la FAC para tratar de abatir a guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y, "omitiendo distinguir entre civiles y combatientes, lanzó un dispositivo cluster compuesto por seis bombas de fragmentación, cuando circundaba la zona urbana de Santo Domingo", un caserío del departamento de Arauca y ubicado a 390 kilómetros al este de Bogotá.

En la sentencia condenatoria, de 82 páginas y conocida por la AP, al juez Suárez le llamaron la atención dos frases pronunciadas por un militar estadounidense que apoyaba la operación y que fueron expuestas en la audiencia pública que se celebró hace poco más de un mes: "¡Jesucristo! Está disparando sobre civiles" y "¡no dispare!".

En varias oportunidades el juez Suárez les pidió a las autoridades de Estados Unidos que permitieran que dos oficiales de ese país que estaban apoyando la operación militar declararan en el proceso en calidad de testigos. La respuesta, sin embargo, siempre fue negativa.

"Es inocultable que toda la operación fue realizada con tal ímpetu que, por momentos, se perdió el control de la misma", dice la sentencia condenatoria, que tiene fecha del jueves 24 de septiembre pero que sólo se conoció hasta el sábado".

El juzgador, igualmente, dio la orden de enviar a prisión a los tenientes Romero y Jiménez, quienes en la actualidad gozaban del beneficio de la libertad provisional. El técnico Hernández, mientras tanto, cumplirá la condena en su casa.

Si la sentencia condenatoria de juez Suárez es apelada, el caso en segunda instancia lo conocerá la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá.