La tensión entre el gobierno y las Altas Cortes se escaló esta semana tras las nuevas evidencias en el escándalo de las chuzadas a los teléfonos de los magistrados y el espionaje por parte de agentes del DAS. El Consejo de Estado y la Corte Suprema, simultáneamente expresaron su inconformismo ante la falta de respuestas claras por parte del gobierno ante las revelaciones hechas por la prensa en las que hay indicios de que funcionarios de la Casa de Nariño conocían de los espionajes del DAS a los magistrados.
La Corte Suprema le pidió al Presidente Álvaro Uribe que fije una fecha para que venga el Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia, Leandro Despouy.
¿Cuál es la intención de la Corte?, ¿Qué implicaciones tendría la visita de Despouy a Colombia?
En entrevista con Semana.com, la analista internacional, Laura Gil, explicó cuáles son las implicaciones de la petición que hizo la Corte Suprema al Presidente y qué papel podría jugar un enviado internacional en medio de la situación colombiana.
Semana.com: ¿Cuáles son las funciones del Relator de la ONU para la Independencia de la Justicia?
Laura Gil: Básicamente el Relator de la ONU para la Independencia de la Justicia tiene estas funciones: recibe denuncias sobre amenazas a la justicia en los países, identifica situaciones de riesgo, viaja a los países –invitado por los gobiernos- para observar el funcionamiento de la justicia y hace informes en los cuales sugiere recomendaciones para mejorar el sistema judicial. Todo con el fin de garantizar la independencia de los jueces.
Semana.com: ¿Qué consecuencias tendría la participación de Despouy en la tensión entre la Rama Judicial y el Ejecutivo?
L.G.: Esta figura del relator para la independencia de la justicia fue creada en 1994 con el propósito de informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre las posibles amenazas al sistema judicial en los países.
En algunos casos, estos expertos se convierten en facilitadores de la comunicación entre las instituciones para ayudar a disminuir la tensión en las relaciones de los poderes. En este caso esta sería su función. Para lograrlo tiene que ser muy discreto porque su trabajo consiste en mejorar la comunicación.
Semana.com: ¿Qué podría pasar después con la petición de la Corte Suprema al solicitar una visita de este funcionario al gobierno?
L.G.: Hay que tener en cuenta que el Relator no tiene ninguna facultad sancionatoria en términos jurídicos, por ejemplo, en caso de que se demuestre que el gobierno ordenó las interceptaciones ilegales. Pero lo que podría hacer un relator eventualmente es un informe con sanciones políticas a un gobierno.
Semana.com: ¿Ha habido casos en los que el Relator haya ayudado a dirimir una tensión como la que hay entre el Presidente y las cortes?
L.G.: En Ecuador en 2005, el Presidente Rafael Correa y el Congreso decidieron acabar con la Corte Suprema, lo que significó una crisis del poder judicial, con el argumento de que había sido cooptada por la oposición. Despouy ayudó a relajar esa crisis, que terminó con la reforma a los mecanismos de elección de los magistrados, que dejó a las partes satisfechas. Ese es uno de los casos que se cuenta como exitosos.
Semana.com: ¿Desde el punto de vista de los organismos internacionales, cómo cree que están percibiendo el escándalo de las interceptaciones del órgano de inteligencia del gobierno a los magistrados de la Corte Suprema?
L.G.: Tiene que estarse viendo muy mal. Aquí hay falta de claridad en el gobierno de cuál fue la participación en las llamadas chuzadas, de los funcionarios del círculo del Presidente.
Para las democracias maduras, una de las condiciones sine qua non, es la independencia de la justicia. Es parte del deber del Estado proteger esa independencia. El problema aquí es que no solo son las interceptaciones sino que desde tiempo atrás desde el gobierno ha habido presiones hacia la Corte y ataques al poner en duda su imparcialidad para juzgar.
Semana.com: ¿Cómo ha visto la reacción de la Corte?
L.G.: Sus reclamos me parecen válidos. Pero no entiendo que es lo que piden cuando solicitan un pronunciamiento del Presidente. El Presidente no va a decir que sus asesores actuaron mal. Lo que puede pedir es que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Pero no lo ha hecho.
Creo que debería aceptar la petición de la Corte, pues el que nada debe nada teme.
Semana.com: ¿Y la actuación del Presidente?
L.G.: El Presidente no ha actuado. Deberían rodar cabezas si es que hay responsabilidad de los funcionarios. Y si el Presidente cree que no la hay, debería defender a sus asesores, pero con pruebas.