Cuando una persona compra un tiquete de bus en una taquilla de una terminal o cuando paga un pasaje al subirse al vehículo, ya de por sí hay un contrato. Dura hasta cuando el pasajero timbra para bajarse o cuando el bus llega a su destino, en el caso del transporte intermunicipal.
Ese contrato incluye trasladar a la persona de un lugar a otro y llevarla ilesa. O sea que si hay un accidente, se entiende que hubo incumplimiento del contrato, porque el pasajero no llegó a su destino. Y si queda herido, no sólo se incumple el contrato, “sino que también se da una violación a su derecho humano a la integridad física”, según le explicaron a Semana.com en la Defensoría del Pueblo.
Insistir en esto no es cosa menor. El Fondo de Prevención Vial dice que en 2006 se presentaron 1.318 accidentes de buses y busetas en carreteras intermunicipales que dejaron 998 heridos. El año pasado, los accidentes subieron 1.452 y los lesionados, 1.671. Y en el primer semestre de este año, se han presentado 428 accidentes con un saldo de 658 heridos.
Después de que ocurre cada accidente, los pasajeros deben ser atendidos de emergencia y para eso el vehículo tiene un Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat). Por lo general las empresas transportadoras lo poseen y suele funcionar bien.
Pero no todas las lesiones se curan en esa atención urgente. Algunas duran para siempre y hasta crean discapacidades irreparables. “En estos casos –explicaron en la Defensoría- el afectado debe comunicarse con la empresa transportadora y solicitar una indemnización”. Pero no es tan fácil. El trámite generalmente desemboca en una extensa batalla jurídica.
Para quienes defienden el respeto por los derechos humanos, el pasajero afectado, que después del accidente y de quedar lesionado se convierte en víctima, debería ganar siempre el litigio.
Sin embargo, a veces no ocurre así. Tal es el caso de Diana Saavedra, una mujer de Barrancabermeja que se accidentó el 21 de enero de 1995 en un microbús de Coopetrán que de su ciudad viajaba a Cartagena. De 14 pasajeros, sólo dos quedaron vivos después de que el vehículo en que iban invadiera el carril contrario y se estrellara contra un camión, como consta en el croquis del accidente.
El dictamen de Medicina Legal cuenta que la cadera y las piernas de Diana se fracturaron. Para corregir las lesiones, los médicos le implantaron tornillos y tubos, como los que se ven en estas radiografías.
Lo más grave de todo es que quedó incapacitada para hacer su trabajo. Ella es estilista y su oficio le exige estar mucho rato de pie, cosa que ahora se le dificulta. Le duelen las piernas. Sus huesos tienden a desgastarse en poco tiempo porque, según le ha dicho el médico, quedó sin los cartílagos que los protegen. No puede caminar mucho. “No soy la misma”, dijo sollozando a este reportero.
“Cuando a una persona le pasa eso, puede pedir una indemnización porque la vida le cambió por completo después de subirse al bus”, explican en la Defensoría.
Por eso, dio la pelea jurídica. Pero su abogado no tuvo en cuenta que el sólo hecho de ella haber pagado el pasaje, ya implicaba un contrato. En la demanda que puso contra Coopetrán, reclamó de la empresa responsabilidad extracontractual. Y se clavó el puñal.
Para quienes no entienden los intríngulis del derecho, suena confuso. Pero, en breve, la responsabilidad extracontractual es la que tiene una persona que causa daño a otra sin que haya un contrato de por medio. Por ejemplo, si un bus atropella a un peatón, hay una responsabilidad extracontractual, porque esa persona que iba a pie no tenía en ese momento un contrato con el bus.
Entonces la defensa de Coopetrán alegó que no tenía por qué pagar, porque entre la empresa y Diana sí había un vínculo, un contrato. Por eso, dijeron, la responsabilidad que debió alegar la víctima era la contractual, según consta en el expediente del caso.
El juez, aferrado estrictamente a las normas, le dio razón a la empresa y condenó a Diana a pagar los costos suyos y los de su demandado en el proceso. La defensa de Diana apeló, argumentando que primaba el reclamo por sus derechos humanos, pero la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le rechazó su apelación.
Según la Sala de Casación, respecto del caso de Diana, el juez no podía fallar sobre lo que no decía en la demanda “ni siquiera por motivos que estime “justos” o valederos”. Como quien dice, debe fallar sobre el reclamo que se hizo y no ir más allá. Y en este caso, el reclamo que hizo el abogado de la víctima no aplicaba, por mucho que fuera evidente la violación a su derecho a la integridad física.
En últimas, Diana no ha recibido un peso, aunque hace 13 años ocurrió el accidente que le cambió la vida. Ahora está contra el reloj, pues teme que pase mucho tiempo después del choque y no la indemnicen.
Lo cierto es que en su caso, podría haber más culpables que inocentes. No todo está perdido. “Primero, puede demandar al abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura. Puede hacer que se abra de nuevo el proceso penal que se inició después del accidente (porque hubo muertos), y alegar que aún no la han reparado los daños que sufrió”.
Y hasta puede demandar al Estado. ¿Por qué? Según explican en la Defensoría, porque el transporte es un servicio público que el Estado confía a un tercero y si éste no responde, el Estado es el responsable.
De manera que algo tan cotidiano, como viajar en bus, tiene muchos responsables y los pasajeros que a diario usan el servicio deben tener claro cómo reclamar cuando un bus se accidenta.
Si usted tiene caso que quiera hacer público, escriba a lineaciudadana@semana.com. Recuerde incluir un número de teléfono para que un periodista pueda contactarlo.