En el Palacio de Justicia, la semana pasada, sonaron las alarmas. Se había colado un elemento extraño que contaminaba una de sus salas. De inmediato los magistrados decidieron aplicar medidas extremas para controlar impactos no deseados, y para evitar mayores daños decidieron sacrificar lo que por muchos años se convirtió en un asunto de honor para cada una de las Cortes: el choque de trenes.
Así se podría caricaturizar un significativo cambio que se está dando, de manera muy silenciosa, en las Altas Cortes. En vista de que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura empezó a mostrar síntomas de favorecer al gobierno y a los congresistas (acaban de cambiar a sus siete magistrados y todos fueron nombrados por la bancada uribista), las otras Cortes -la Suprema, la Constitucional y el Consejo de Estado- decidieron ponerse de acuerdo para evitar que por sus peleas de egos terminen llegando a esa cuestionada sala todos los casos.
La Corte Suprema de Justicia el lunes pasado dio el primer paso a un lado, por demás histórico. Al contrario de lo que había hecho en los últimos 17 años, cuando rechazaba toda tutela que le llegara contra sus sentencias, esta vez hizo lo mismo, pero le agregó una instrucción clave: la remitió a la Corte Constitucional para que ella se encargara de fallarla.
La tradición en Colombia ha sido que la Corte Suprema y la Corte Constitucional sean rivales. Desde 1991, cuando la nueva Carta Política desmembró a la Corte Suprema y sacó de su costilla a la Constitucional, sus relaciones no han brillado propiamente por la amistad. Y en algunos casos, incluso, el orgullo de algunos magistrados ha provocado encontrones monumentales. De ahí la trascendencia del paso dado por la Corte Suprema.
Ahora, en principio, lo que quieren es ponerle freno de manera informal al llamado choque de trenes: es decir, a que una Corte tumbe vía tutela un fallo de la otra. Lo diferente ahora es que la Corte Constitucional estudia y puede incluso tumbar un fallo de la Corte Suprema, vía tutela, pero con la venia de esta última.
Pero la gran aspiración es que las tres Cortes logren llegar a un acuerdo que se traduzca en un texto de reforma para ser llevada al Congreso para su aprobación. Así se convertiría en una fuerte competencia para la reforma a la justicia -la que defiende con ahínco el gobierno y que no es del agrado de las Cortes- que hoy está estancada en la comisión primera del Senado.
¿Cómo se logró el acuerdo? Si bien los tres presidentes de las Cortes venían cocinando la idea desde hace varios meses, la primera muestra de que estaban hablando en serio se dio apenas la semana pasada, pocos días después de que se oyeron los primeros dos campanazos de alerta en la que algunos ya empiezan a llamar, entre en serio y en broma, la 'Corte de Uribe'.
La primera alarma se disparó con el caso del ministro Diego Palacio. Él interpuso una tutela contra el fallo de la Corte Suprema sobre la yidis-política. La radicó ante la misma Corte, como obligan las normas, ésta la rechazó y él quedó en libertad de presentarla ante otra autoridad judicial: lo hizo ante el Consejo Seccional de la Judicatura, que es la ruta para llegar a la cuestionada sala disciplinaria de la Judicatura. Como el Consejo Seccional le negó la tutela al Ministro, la Judicatura la seleccionó para revisión y se la concedió.
Y en esa semana, otra tutela, la del ex senador uribista Mauricio Pimiento, ya hacía trámite por ese camino hacia la misma sala de la Judicatura. Pimiento, condenado en el escándalo de la para-política a siete años de prisión, pide que la Corte Suprema reabra su caso y practique unas pruebas que a su juicio demostrarían su inocencia. Otra vez ocurrió lo mismo: la Corte Suprema, como es su tradición -por lo menos hasta el acuerdo informal de la semana pasada- se negó a estudiarla. Pimiento presentó la tutela al Consejo Seccional de la Judicatura, este la negó la semana pasada, y ya está en la Sala disciplinaria.
Curiosamente, tanto el caso del ministro Palacio como el de Pimiento quedaron en manos de Henry Villarraga, quien fue nombrado magistrado titular del Consejo de la Judicatura hace menos de un mes.
En palabras más sencillas, la Corte Suprema y la Corte Constitucional decidieron no seguir dando papaya para que, debido a que rechazan las tutelas contra sentencias, éstas terminen en manos del Consejo de la Judicatura.
Además de la coyuntura, otro factor importante para llegar a un acuerdo han sido los magistrados que hoy se desempeñan como presidentes de las Cortes. No sólo han demostrado tener el mejor ánimo de defender la justicia de los embates del momento, sino que Francisco Ricaurte, de la Corte Suprema, y Humberto Sierra, de la Constitucional, son ambos cartageneros y elegidos en sus cargos luego de una trayectoria profesional reconocida por su independencia. Ese también es el caso del presidente del Consejo de Estado, el antioqueño Enrique Gil Botero.
Ellos están trabajando contra el cronómetro, pues en los primeros meses de 2009 entregan sus respectivas presidencias y si no logran concretar el acuerdo, se podría perder el camino ya recorrido.
En el Palacio de Justicia temen que la contaminación de la Sala de la Judicatura se propague. No hay que perder de vista que es el Consejo de la Judicatura -hoy de mayoría uribista- el encargado de proponer los candidatos para integrar la Corte Suprema y el Consejo de Estado.
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