Los tesoros del narcotráfico y el paramilitarismo comenzaron a cambiar de manos. Desde hace un par de semanas la Dirección Nacional de Estupefacientes comenzó a trasladar los bienes incautados a las mafias o entregados por los paramilitares bajo la Ley de Justicia y Paz a una entidad nueva que heredó tamaña responsabilidad: la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Son más de 70.000 bienes que suman varios billones de pesos y que si correspondieran a una sola empresa, sería el conglomerado económico más grande del país. El proceso ha sido discreto y hay mucha expectativa sobre si por fin se encontró una fórmula para lidiar con la caótica administración de estos inmuebles, un tema que ha sido foco de corrupción y detonante de multimillonarias demandas contra el Estado.
La SAE es una filial de Central de Inversiones (Cisa), una entidad que ganó buen nombre por la forma adecuada como manejó los bienes de la banca pública. La confianza en su trabajo la llevó a ser la entidad a cargo de los inmuebles de la Nación, y hoy está adscrita al Ministerio de Hacienda. De ahí nació la SAE como una entidad mixta, ya que tiene una baja participación de capital privado. Desde hace 15 días participa de los operativos de los decomisos que hace la Fiscalía, y empezó a recibir un primer paquete de 20.000 inmuebles de Estupefacientes.
"Esto no es un experimento", dice enérgico el gerente general de la SAE, Édgar Pinto, quien viene de ser subdirector financiero de Fogafín. Explica que lo que buscan ser es una empresa eficiente que sea "administradora de administradores, donde se vinculen privados con experiencia", de ahí que van a fortalecer el manejo de los bienes con inmobiliarias, algo que ya funciona sin que se sepa de mayores contratiempos. Abrirán oficinas en cuatro ciudades, con un total de 21 empleados de planta, donde sólo el gerente y el auditor son funcionarios. Dice que los únicos bienes que recibirá son los que Estupefacientes entregue saneados, y que con la experiencia que adquieran empezarán en los próximos meses a administrar los bienes muebles, donde hay desde semovientes, obras de arte, dinero y joyas, hasta vehículos y barcos. Luego recibirán las sociedades.
Si bien se requiere un compás de espera para ver si la nueva fórmula funciona, conviene llamar la atención sobre cuáles han sido los puntos críticos con estos bienes, y los riesgos que enfrenta la naciente organización.
El problema de fondo es la demora de la justicia para resolver la situación de los bienes incautados. Son procesos que duran hasta una década y no hay un aparato estatal capaz de mantener la administración, por ejemplo de un hato ganadero, durante todo este tiempo. De ahí que varias veces se ha discutido la importancia de legislar para que tras cierto período estos bienes se puedan monetizar. Siempre será más fácil manejar dinero que objetos. Pero esto no se prevé con los cambios que el gobierno está haciendo.
En la administración el problema ha sido la falta de un inventario confiable. Estupefacientes celebró un millonario contrato para actualizar sus bases de datos, pero concluyó en un pleito y sin información. La SAE busca resolver esto al recibir solo bienes saneados. Los que tienen problemas, que son muchos, seguirán a cargo de Estupefacientes. Es decir que va a haber dos entidades haciendo algo similar.
El otro problema ha sido la selección de los administradores, que se ha prestado para amiguismo, politiquería y corrupción. El que la SAE tenga una parte privada no la hace inmune a las presiones que vendrán de los dueños de los bienes. La fórmula de las inmobiliarias ya demuestra buenos resultados, y sin duda la SAE, con el conocimiento que tiene del Cisa, no tendrá dificultades en instrumentar protocolos que ya han funcionado. Los problemas allí pueden venir por la cantidad de bienes, pues la SAE en poco tiempo manejará tres veces más activos de los que el Cisa ha administrado en toda su historia. Aún está por verse qué pasará con los bienes rurales, que tienen tantas particularidades que ni siquiera en su momento el Ministerio de Agricultura y el Incoder tuvieron cómo administrar este tema cuando buscó en esas tierras desarrollar programas para desplazados y campesinos.
"Si esto fuera fácil, ya alguien lo habría hecho hace 10 años", dice Pinto, confiado en que la SAE sabrá superar con éxito los problemas que más temprano que tarde aparecerán. Y por el bien del país, ojalá así sea.
2 de 9
